D. E.
La denuncia se denomina “Ciudadanos domiciliados en la Provincia de Entre Ríos s/presentación” y está dirigida al fiscal federal José Ignacio Candiotti, quien hace ya varios años viene trabajando las causas por violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos y tuvo también participación en causas de Santa Fe. El escrito, de 14 páginas, hace referencia a la decisión del Archivo Nacional de la Memoria, de publicar en su página web oficial – www.derhuman.jus.gov.ar/anm/ - “un listado, de aquellos funcionarios públicos que dependieron de la Jefatura de Inteligencia del Ejército Argentino y se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI), entre el período comprendido entre los años 1976 hasta 1983”.
El listado comprende a personajes conocidos de la ciudad. Entre ellos aparece el profesor Ricardo Andrili, quien fuera docente de la Facultad de Ciencias de la Educación en tiempos del último gobierno militar. O sea, el mismo período en que en esa facultad, dos jóvenes estudiantes fueron secuestradas, asesinadas o desaparecidas (como los casos de Ana María Carolna Araujo y Alicia Beatriz Ramírez) y otros tantos terminaron detenidos, torturados y ultrajados por personal militar. También comprende a Florencio Arteaga, cuñado del mayor de Ejército, Eduardo Stigliano, quien terminó de convencerlo que lo mejor era trabajar de agente encubierto del Batallón 601 y no estar solamente viviendo del dinero de su familia. Enrique Savat –otro de los agentes encubiertos- se ganó el corazón de varios militantes de derechos humanos, en 1981/82, cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comenzó a lograr algunos espacios, en plena dictadura. Y algo parecido sucedió con el militante del Partido Comunista de Paraná, Rafael Andrés Julián, en eso de infiltrarse. En un nuevo listado -que no es el que se publica como anexo en esta edición de la revista- también apareció la ex subsecretaria de Derechos Humanos y ex diputada provincial Mónica Torres, fallecida el año pasado.
En la presentación se recordó que diversas sentencias dictadas por los Tribunales Federales de la República Argentina como es en el caso de los fallos Nicolaides, Guerrieri o del Hospital Militar de Paraná, surge evidente “el rol protagónico de las áreas de Inteligencia del Estado en la represión ilegal durante la dictadura. Así, en los premencionados casos ha quedado plenamente demostrado que los operadores de inteligencia, sean estos orgánicos o inorgánicos, desarrollaron no sólo la tarea que históricamente ha sido natural y propia de las áreas de inteligencia Estatal, como lo es la recopilación de información, sino también la participación activa en los denominados grupos de tareas que asolaron las libertades y las vidas de los Argentinos durante la dictadura”. Se agregó que “dicha
Participación no se limitó a acumular información; muy por el contrario, la búsqueda de información integraba el primer engranaje de un Estado represivo cuyos funcionarios pertenecen a los que en las causas que transmitan por ante la Justicia Federal y se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, se ha denominado “Aparatos de Poder para cometer delitos”. A la búsqueda de información destinada a un fin intrínsecamente ilegal cual es la represión indiscriminada de ciudadanos se agrega la participación activa en integrativa del Personal Civil de Inteligencia del Ejército Argentino en los grupos de tareas, organizaciones integradas por personal del Ejército Argentino Federal, Policía Federal, Policía Local, Personal Civil de Inteligencia, que con un amplio domino del territorio y un poder ilimitado, detenían, torturaban, mataban y hacían desaparecer los cuerpos de numerosos argentinos. Todo ello bajo el amparo de un Estado Represivo fundado en la doctrina de la seguridad Nacional”.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS)
