Una situación desesperante dejó traslucir una modalidad de operar del Estado que también lo es. Es la historia de una mujer que tiene un hijo con Síndrome de Down y no tiene casa. El caso se conoció en un programa de televisión. ¿Es el único? Seguramente no. Nadie se alteró.
Viviana Kestens brega desde hace cinco años por un hogar para ella y su hijo. La petición la hizo ante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), donde su inscripción para el otorgamiento de una casa quedó registrada en la lista con el número 0301530 – b. Pasaron los años y no sólo no obtuvo respuesta, sino que tampoco fue notificada sobre sorteo alguno, como establece el procedimiento del organismo provincial.
Recién el 17 de febrero del año pasado la mujer presentó una nota formal de solicitud para residir junto a su hijo en una vivienda construida por el Estado. La respuesta del IAPV fue por nota (Nº 00472). Se le dijo a la mujer que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Comercial del organismo, no había participado en el sorteo de unidades en Colonia Avellaneda por no haber actualizado sus datos para esa operatoria. ¿Alguien le avisó a Viviana que debía hacer ese trámite? Ella no lo recuerda.
La mujer vive desde enero de este año en un local comercial en Avenida Don Bosco al 1.500, donde funciona un drugstore que alquila y que a la vez regentea. Es el único medio de ingreso que tiene para subsistir y palear los embates que debe sortear con su hijo. Su ex pareja y padre del menor desistió de hacerse cargo. Madre e hijo tienen que compartir las mismas instalaciones sanitarias que los clientes del negocio.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS de esta quincena)
