Martín Gerlo
Cada caso de abuso sexual difundido por los medios de comunicación logra despertar la inmediata reacción de la opinión pública. Tal vez el más resonante de los últimos tiempos en la provincia fue el de la niña de General Campos, a la cual posteriormente se le negó un aborto contemplado en el Código Penal. Sin embargo, la problemática es mucho más habitual de lo que se cree y atraviesa a todas las clases sociales. Hay quienes desde el Poder Judicial advierten que este tipo de situaciones suelen pasar inadvertidas en los sectores acomodados de la sociedad, por el trato benévolo que las fuerzas de seguridad tienen con ellos. Pero esto no quiere decir que no ocurran.
En Entre Ríos hay 109 internos que cumplen condena por este delito, distribuidos en las ocho unidades penales pobladas que tiene actualmente la provincia. El número total de reclusos oscila, generalmente, entre los 800 y 820, según se detalló desde la Dirección General del Servicio Penitenciario. Esto quiere decir que algo más del 13 por ciento de quienes se encuentran privados de su libertad en las cárceles entrerrianas lo hacen por un delito vinculado al abuso sexual en sus distintas categorías: con acceso carnal, reiterado, ultrajante, doblemente ultrajante o agravado por el vínculo. De este total, sólo tres individuos fueron considerados reincidentes por la Justicia.
La primera impresión que invade a quien analiza estos datos es que el número de condenas no se corresponde en absoluto con la cantidad de casos que efectivamente se presentan, aun siendo generosos en la contemplación de todas las variables que intervienen desde que se comete un delito hasta que la Justicia da el veredicto final. Múltiples factores configuran esta situación. “Hay un número alto de causas que no llegan a la Justicia, por muchísimas razones. Una de ellas es que los informes profesionales van orientando a la desinculpación. Hay una suerte de artilugio que va dirigido a que lleguen la menor cantidad de causas y que, aunque lleguen a un juicio, se termine en una desinculpación del victimario”, reflexiona Nora Das Biaggio, investigadora entrerriana que desde hace varios años sigue de cerca este problema.
Con el fin de estudiar la construcción de la figura materna en el caso de niñas y niños víctimas de incesto paterno-filial, se analizaron distintos casos tratados por el Juzgado de Menores Nº 1 de Paraná, entre 2004 y 2006. Posteriormente, en una segunda etapa del trabajo, rastrearon las historias clínicas en el Hospital de Niños San Roque, ya no sólo en incesto paterno-filial, sino también en otros. El porcentaje de casos de abuso donde existe un vínculo familiar entre víctima y victimario, según pudieron establecer, es alto.
Un fenómeno similar se repite en el ámbito de la salud: “Ahí también nos encontramos con que hay muchas historias que no tienen un correlato en la Justicia Penal. En el camino se van ‘limando asperezas’, tergiversando versiones, favorablemente a la condición del hombre incestuador”, señala Das Biaggio. Psicólogos del Poder Judicial, encargados de asistir a las víctimas y evaluar a los victimarios desde el momento de la denuncia, argumentan que esta situación se da por muchas razones. “Es difícil encontrar el vínculo entre las partes”, indican, explicando la imposibilidad de establecer pruebas empíricas que conduzcan a una inculpación firme. Esta situación se profundiza cuando las causas “llegan cuando pasaron muchos años”, lo cual vuelve casi imposible la demostración del vínculo. “Es muy difícil condenar a alguien por este tipo de delitos”, reflexionan.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS de esta quincena)
