Silvio Méndez

Es singularmente llamativo cómo cada vez son más los reclamos que llegan a la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Nación por multas de tránsito labradas en rutas nacionales en los tramos que surcan el territorio entrerriano. Según estimaciones, tomando los dos últimos meses –julio y agosto–, de 150 actuaciones que ha llevado adelante esta oficina, unas 40 son demandas por infracciones registradas en los enlaces de jurisdicción federal.

De acuerdo a lo informado, los planteos corresponden a situaciones bien distintas. Por un lado se presentan respecto a fallas procedimentales cuando las multas son labradas por la Policía. Por el otro, lo son por la ilegalidad de la operación cuando son ejecutadas por funcionarios municipales. De estos últimos, los casos concretos que pudo conocer ANALISIS, se dan singularmente en jurisdicción de las ciudades de San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores, ambos distritos del departamento Federación.

Los tramos en donde se levantan las supuestas infracciones se encuentran en el sector ubicado por el cruce de la ruta nacional 127 y la provincial 2, en centro-norte entrerriano. Asimismo, se ha trascendido que las denuncias se incrementan en época de fines de semana largos, cuando la circulación de vehículos crece por la afluencia turística. Así, no son pocos los incautos visitantes que caen en las redes donde estas comunas plantan un sistema de captación de imágenes con el objeto de constatar alguna supuesta infracción, por las cuales llegan a pedirse 625 pesos por el paso en rojo del semáforo que se encuentra sobre el enlace vial. De acuerdo a los testimonios, muchos conductores prefieren abonar la aparente sanción con la idea de que así pueden evitar un antecedente que pueda generar problemas en el sistema de puntos (scoring) del registro único de conducir que poco a poco se está implementado en todo el país. Algunos otros, que se niegan al pago compulsivo o que una vez en sus domicilios les llega una dudosa imagen donde se registra la infracción, recurren a la Defensoría del Pueblo de la Nación para elevar su protesta.

La representante de la delegación local, Nazarena Rauch, explicó que en Entre Ríos quien tiene facultades por ley para labrar actas por infracciones de tránsito sobre rutas nacionales es la Policía provincial. Los municipios, en tanto, sí pueden hacerlo dentro de su ejido, pero no sobre rutas nacionales. Es más, amplió la representante del ombudsman nacional, los municipios tienen expresamente vedado este tipo de acciones.

En este punto, Rauch refirió al dictamen Nº 439/01 de la Fiscalía de Estado de la provincia que dispone que “las corporaciones municipales no se hallan facultadas para cobrar mulas por las infracciones que se pudieran cometer” en ámbito nacional.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 13 de septiembre de 2012)