—Quiero el 1% de tu patrimonio.

El que pide no es cualquiera. Es Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente de la República Argentina. Corre 2014 y el ingeniero pasa la gorra.

—¿Cómo? ¿Perdón?

El que escucha tampoco es cualquiera. Es uno de los diez empresarios más ricos de la República Argentina. Y no fue el único que recibió́ ese pedido. Muchos miembros de ese «top ten» podrían confirmarlo... algo que nunca harán.

—Quiero el 1% de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano, normalizaremos el país y el 99% restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más.
Macri pasó la gorra y, al final del camino, mal no le fue. La campaña que lo depositó en la Casa Rosada costó más de 1.760 millones de pesos, aunque el número oficial que su equipo reportó a la Cámara Nacional Electoral fue once veces más bajo. Declaró 160 millones de pesos, de los que cerca de la mitad correspondió́ a aportes estatales.

Porque el financiamiento electoral es el «pecado original» de la política.

Porque por solo pretender competir con aspiraciones, es necesario pecar.

Porque solo se puede competir con chances si se peca. Porque competir así́ ya es pecar.

Porque la campaña electoral es al mismo tiempo lo más sano y democrático de la vida política, pero solo quien peca puede montar una maquinaria competitiva a nivel nacional que en 2015 peleara con chances por 32.077.576 votantes en 14.131 centros de votación desplegados por todo el país con 95.402 mesas de votación, contra otros 15 precandidatos a Presidente de la Nación Argentina.

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El empresario, referente clave de la obra pública en la Argentina de las últimas décadas, toma su pluma Montblanc de mil dólares y da una lección sobre cómo-funciona-el-mundo.

«A ver, pibe, esto es así́», dice, mientras toma una hoja en blanco, de alto gramaje, pesada, de calidad palpable. «Lo único que te pido es que no cites mi nombre o te voy a buscar, ¿ok?»

Habla del costo directo (materiales, obreros, uso de equipos, combustibles, fletes y otros rubros) y del indirecto (capataces, topógrafos, jefes de obra, seguros, personal administrativo, alquileres, entre otros).

Habla del costo imprevisto o adicional (riesgos y eventualidades).

Habla del costo industrial o, en la jerga, el «costo costo» (el costo total de la obra, sin beneficios, ni impuestos, ni gastos financieros).
Habla de costos financieros (por la mora en los pagos del Estado, que pueden retrasarse 300 días).
Habla de adicionarle el IVA, que no son de la empresa sino una compensación entre IVA Compras e IVA Ventas, Ganancias, Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque y mucho más.

Hasta que llega al punto clave.

«Y a eso tenés que sumarle los sobreprecios para repartir entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia», dice.

—¿Qué significa eso?

—Digamos que el funcionario pide el 10%, ¿ok? Bueno, a eso sumale otro 5% para el ganador (porque no voy a correr el riesgo de pagar una coima sin un «premio» para mí, ¿no?). Y a eso, añadile otros 2 puntos para las empresas que perdieron. ¿Se entiende?

La cuenta, sin embargo, no es tan sencilla como sumar los números. Porque para entregar una coima del 10% en mano, hay varios costos que el pagador debe afrontar para conseguir ese dinero, cash. A eso hay que adicionar la carga tributaria, que no baja del 60%, por lo que en este caso implica otros 6 puntos porcentuales. Y a eso incluirle el beneficio para el empresario (4 o 5 puntos porcentuales) y para sus competidores (2 porcentuales). Así́, por cada 10% que se va en coima, el sobrecosto para el Estado es de 23 puntos porcentuales (10 + 6 + 5 + 2 = 23).

A su vez, el 5% que el empresario ganador retiene como «premio»—sin considerar como premio suficiente el haberse quedado con la obra— encarna también una suerte de «seguro» por el «riesgo» que implica toda coima. ¿Qué significa eso? Que es el dinero de reserva para el caso que el soborno salga a la luz y.… haya que pagarle a abogados, fiscales y jueces.

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En cualquier caso, un problema recurrente con los aportes de empresarios y proveedores es la «mordida».

¿Qué es eso?

Si el aporte a una campaña es en negro, el empresario nunca puede recibir una constancia formal de entrega, ni mucho menos una factura. Ni tampoco sabrá́ jamás en qué se gastó su aporte o, incluso, si llegó a la campaña o se lo quedó un valijero o el recaudador... Y muchos recaudadores pasaron de clase media a clase alta en apenas una elección...

Algunos veteranos de las campañas arrojan porcentajes, basados en sus experiencias personales, las de colegas y las de sus amigos. Dicen, por ejemplo, que sobre el 100% de lo recaudado, solo el 60% termina en los gastos de una campaña, otro 20% se destina a sostener a la «maquinaria» que rodea al candidato —salarios y otros gastos— y el 20% restante suele guardarse como «reserva» para abogados, contadores y demás expertos para el caso que sea necesario convocarlos.

Porcentajes, claro, por demás flexibles...

Si lo sabrán, por ejemplo, los empresarios que aportaron a la campaña presidencial del entrerriano Urribarri y vieron cómo su cuñado, Juan Pablo Aguilera, comenzó́ a combinar inversiones llamativas con gastos insólitos.

Desde una heladera industrial de dos cuerpos —como las de las viejas carnicerías— a equipos de música y televisores Smart que adquirió́ a un joven comerciante de San Isidro. «Uno de los televisores más grandes», reveló el periodista Daniel Enz, «de 95 pulgadas, fue a parar al quincho de la residencia de Urribarri en Concordia».

Para ahuyentar esos fantasmas, los recaudadores de Macri recurrieron a las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Cuando recibían el aporte de un empresario, enviaban un mensaje de WhatsApp a la cúspide del equipo recaudador, con el monto recibido, y se lo mostraban al empresario, para que al menos se quedara tranquilo que el valijero no se comería un «tajo».

Pero eso no es todo. Otro problema recurrente del financiamiento negro de las campañas es que a menudo los aportantes donan en dólares. Ya sea por una cuestión de volumen físico —no es lo mismo trasladar un bolso con un millón de dólares que su equivalente en pesos— o porque los aportantes atesoran la suya en moneda «dura», que no se deprecia.

Ergo, ¿qué pasó durante la campaña de 2015 con esos dólares y, en muy contados casos, euros?

«Teníamos que preguntarles a los tipos a los que teníamos que pagarles si nos aceptaban dólares. Y si querían pesos, teníamos que ir a una “cueva” de confianza», rememora un pasa-la- gorra de Scioli.

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera que parte de las turbulencias del dólar «blue» a lo largo de todo 2015 provino de los candidatos a la Presidencia?

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera que, luego, con los bolsos repletos de pesos clandestinos, los equipos de campaña salían en autos y camionetas por las rutas del país a cubrir los gastos proselitistas?

¿Qué diría la sociedad argentina si supiera, por ejemplo, que la campaña bonaerense de Cambiemos destinó 26 millones de pesos al pago de los fiscales en ese distrito y que para distribuir esa fortuna utilizaron dos docenas de bolsos, todos idénticos, todos negros y todos comprados sobre la avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires?

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El hombre revolvió́ el café́ mientras esperaba que su esposa se alejara. No quería que lo escuchara. Miró a los ojos y sorprendió́: «¿Viste los bolsos de López? Bueno, uno es mío».

Pasaron tres semanas desde que la policía detuvo a José López, la madrugada del 14 de junio de 2016, mientras el ex secretario de Obras Públicas intentaba «depositar» 9 millones de dólares, cash, y un fusil, en un convento de General Rodríguez.

Pasaron tres semanas y el hombre no apareció́ en los radares de la Justicia por ese bolso, ni por ningún otro. jamás apareció́. «Ah, ¡no te imaginas qué tranquilidad me dio ver el bolso en la filmación!», sorprendió́ otra vez. «¡Ahora sé que los bolsos que yo le entregaba a Uberti en el café́ Volta le llegaban a José́!» El hombre, un alto ejecutivo de una de las grandes empresasargentinas, contó entonces su faceta de «valijero».
Contó que una vez por mes debía llevarle un bolso al ex funcionario Claudio Uberti, para que se lo diera a López, aunque el destinatario final era mucho, muchísimomás poderoso.

«Ese dinero no me pertenecía, ese dinero pertenecía a la política», es lo único que soltó́ López sobre esos 9 millones de dólares desde que lo detuvieron. ¿Mensaje cifrado para que no lo abandonaran? Si fue así, fracasó. O López captó la respuesta que le hicieron llegar desde los sótanos y cerró la boca para nunca más abrirla.

Uberti, vale recordar, fue protagonista de otro de los grandes escándalos del kirchnerismo que terminó en la nada. Es decir, en impunidad. El 4 de agosto de 2007, Guido Alejandro Antonini Wilson apareció́ con un maletín con 790.550 dólares en efectivo que siempre negó́ que fuera suyo. Acusó a Uberti, hasta entonces embajador «paralelo» ante Venezuela, de ser su verdadero dueño, al igual que el de otras valijas que sí sortearon los controles. Según reconstruyó el diario La Nación, con otros 4,2 millones de dólares. Todo cash.

«Uberti era desagradable. Un compadrito, soberbio, insoportable. Un matón y, encima, un cobrador empedernido», lo pintó el hombre mientras revolvía su café́. «Pero te tenías que sentar con él, dejar el bolso debajo de la mesa, tomarte un cafecito, hablar de generalidades unos minutos, escucharlo mientras te bajaba línea o te preguntaba algo, y luego te marchabas, dejando el bolso ahí́», resumió́ sus encuentros en el café́ Volta.

La clave, explicó, era siempre utilizar el bolso menos llamativo posible. «Uno de esos que nadie recuerde.» Pero hubo un día en que al ejecutivo/valijero se le complicó y no pudo comprar el bolso adecuado. Así́ que, apurado, agarró uno propio, de color, que usaba para jugar al tenis. Un error que pudo costarle demasiado caro.

A medida que pasaron los días tras el arresto de López, sin embargo, el ejecutivo/valijero corroboró que no lo afectaría la tormenta judicial. Así que comenzó́ a relajarse, satisfecho además de haber hallado la respuesta a una vieja duda: «¡Yo siempre temí́ que Uberti nos caminara!»
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Sentado frente a un ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal en un bar del centro platense, un conocido periodista de la televisión argentina fue directo al grano.

«Quiero una guita por mes», dijo.

El ministro intentó esquivar el toro. O más llano, «hacerse el boludo».

«No sé de qué me estás hablando. Yo no manejo esos temas.» Pero el periodista ya estaba lanzado.

—Raro. Porque el que antes ocupaba tu mismo cargo sí la ponía, todos los meses —le espetó en plena transición del sciolismo.

—Mirá, yo no sécómohabrás arreglado con el gobierno anterior, pero conmigo no.

—Creo que no entendiste. A mí me da igual si la ponés vos, si la ponen a través de un área de la gobernación o por medio de la SIDE, pero si no quieren quilombo, hay que ponerla —resumió.

¿Testigos? El vocero del ministro y el productor general del periodista, que por supuesto callarán en público.

En rigor, ese periodista no encarna la regla general, pero tampoco es la excepción. Y las tarifas clandestinas ya están tabuladas, aunque mucho dependerá́ también de las habilidades para negociar de cada uno.

¿Por qué?

Primero, porque aparecer en televisión no es lo mismo que en una entrevista radial o un espacio en la prensa gráfica.

Segundo, porque dependerá́ de la audiencia del programa, la circulación del medio gráfico o la cantidad de visitantes online. Tercero, porque dependerá́ de la necesidad/urgencia del político o del empresario por «subirse» a los medios. Porque no es lo mismo aparecer durante una semana tranquila que en mediode un escándalo o en pleno cierre de una campaña electoral. Cuarto, porque no es lo mismo que las preguntas sean sencillas o al hueso, así́ como tampoco que haya o no repreguntas o que se acuerde evitar ciertos temas urticantes durante la entrevista.

Quinto, porque una tarifa es para darle «aire» o «espacio» al que paga y otra muy distinta es «poner la jeta» para defender al protagonista de un caso de corrupción o, peor, de abuso infantil. Sexto, porque la tarifa dependerá́ en ocasiones de las habilidades y capacidad de fuego del productor comercial del periodista. Si ese productor trabaja con otros periodistas, en otros programas, puede ofrecerle un «combo» al interesado: paga una vez,pero cierra con todos.

Séptimo, porque una tarifa corre para cuando el pagador quiere que el periodista opine a su favor —o en contra de algún adversario— y otra muy distinta, y más elevada, rige si pretende que el periodista tergiverse o manipule datos de la realidad, falsee información y difunda fake news.

Por eso, durante la campaña presidencial de 2015, el récord (al menos el que admitieron los entrevistados para este libro) quedó para otro periodista televisivo de alcance nacional y rating elevado cuya productora cobró 400.000 pesos —unos 42.000 dólares al tipo de cambio entonces vigente— por entrevistar a un candidato.

Porque muchos políticos y empresarios comprendieron que la supuesta «opiniónpública» nacional se acota en realidad al sentir y decir de la ciudad de Buenos Aires. Y quien domina, por tanto, la agenda periodísticaporteña tiene una ventaja sustancial frente a sus competidores, en desmedro del interior del país. Asíocurrió, por ejemplo, en los años noventa, cuando la convertibilidad despedazó la economía real en las provincias, pero era defendida por la intelligentsia porteña. Y así́ ocurrió́, a la inversa, durante la gestión de Cambiemos, cuando en los medios porteños se impuso como supuesto tema de la «agenda nacional» el impacto de las subas de tarifas de servicios públicos en los argentinos cuando, en realidad, ya regían en el resto del país desde hacíaaños.

Porque existe un número incontable de periodistas probos que trabaja con dignidad, bajo presión, a contrarreloj y con devoción por este oficio maravilloso. Pero también hay otros que, como expuso la periodista Norma Morandini en el libro La mala bestia, que escribió́ tras protagonizar y vivir campañas electorales por dentro y cumplir sus mandatos como diputada y senadora nacional, «nunca faltan periodistas que, por inexperiencia o corrupción, están siempre listos para “ser operados”».

De allí́ para abajo, hay tarifas para todos los gustos. Hasta para los blogs, programas de radio y newsletters —que existen desde los tiempos del alfonsinismo— de buena llegada y autor más o menos conocido, cuya suscripciónpodía cotizarse en unos 30.000 pesos durante las elecciones presidenciales de 2015.