La disputa que está dando el Arzobispado de Paraná con una congregación de monjas por la venta de parte del edificio donde funcionó el Asilo San Antonio, aviva la polémica sobre las propiedades de la curia en la capital entrerriana y la provincia. En este informe, ANÁLISIS traza el mapa de bienes de la Iglesia: casas, terrenos, campos y vehículos. ¿Cuál es el dominio real de una institución que atraviesa los tiempos y conserva un inmenso poder terrenal?

Natalia Buiatti

Una mujer flaca y alta, de pelo canoso, se mueve lento entre los fieles. Con su mano derecha sostiene una bolsa discreta, de boca ancha y fondo largo. Adultos y niños la esperan con dinero en las manos. La mujer acerca el saco con suavidad a cada uno y, casi susurrando, dice siempre las mismas palabras: “una colaboración por favor”. Desde el interior del cestillo suenan algunas monedas. Es domingo de tardecita. La nave está repleta de personas que se acercaron a participar de la misa. Creyentes y feligreses que profesan la religión católica.

La imagen se repite en cada parroquia e iglesia, en cada localidad, en todas las provincias y el país. Es una secuencia que adquiere dimensiones globales. Una práctica cultural que se mantiene desde la antigüedad. Aunque actualmente, casi no tiene peso en la economía eclesial y es meramente simbólica.

En Argentina y Entre Ríos, el culto católico no se sostiene con limosnas y donaciones de particulares o negocios propios, sino con suculentos aportes de los estados. Los tesoros públicos financian directa e indirectamente a la religión. Pese a que constitucionalmente se garantiza a los individuos la libertad de culto -es decir que no se obliga a profesar la fe católica para ser un ciudadano argentino-, el artículo segundo de la carta magna nacional precisa que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Esto implica exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, jardines maternales, mantenimiento de templos, comedores y actividades comunitarias. Asimismo, cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados. Se suman también asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico.

Al menos dos informes periodísticos del sitio Chequeado, publicados en junio de 2016 y julio de 2018, precisaron que las transferencias de dinero del Estado nacional al culto católico están reguladas a partir de las siguientes normas: “El Decreto ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80 por ciento del salario de un juez nacional de primera instancia. El Decreto ley 22.162, por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas, y el Decreto ley 22.950 que dispone una retribución a seminaristas”. En efecto, faltan dos regulaciones más: el Decreto ley 21.540; y el Decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

Todas estas disposiciones datan de la última dictadura cívico-militar.

Según el mismo sitio periodístico, en el Presupuesto nacional de 2016 se previó sostener a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas. Para ello el Gobierno argentino destinó 134 millones de pesos. En 2018 el Presupuesto nacional previó 177 millones de pesos para ayudar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. Se mostró de ese modo que, pese a que los fondos nacionales destinados al culto católico crecen año a año, si se considera la inflación -sobre todo la de los últimos años-, hay una caída en términos reales.

(La nota completa en la edición 1133 de la revista ANALISIS del jueves 18 de agosto de 2022)