Antonio Tardelli
La idea de que no hay hechos sino interpretaciones, tomada de un complejo corpus filosófico y aplicada a los asuntos corrientes de modo cada vez más habitual, se ajusta acabadamente a un incidente decisivo del expediente de corrupción más escandaloso de las últimas décadas: el desfalco de los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos. Es que, al momento de intervenir en un conflicto de competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) avisó que no puede dirimir el diferendo mientras la Cámara Nacional Electoral no resuelva una apelación formulada contra la decisión del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien oportunamente reclamó el expediente para sí. La gran pregunta es qué quiso decir la Corte cuando dijo lo que dijo.
Adoptada el 23 de agosto, la determinación de la CSJN generó interpretaciones encontradas. Para algunos, al resolver cómo lo hizo, dejó en claro que no estaba debidamente planteado el conflicto de competencia suscitado entre el magistrado federal y la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que reivindica su potestad sobre el expediente. Y si el conflicto de competencia no es tal, afirman, la Justicia de Entre Ríos está en condiciones de avanzar en el caso convocando incluso a una audiencia de remisión a juicio oral. Pero hay una segunda interpretación: es la que sostiene que el conflicto de competencia está en marcha, que los plazos procesales permanecen suspendidos y que por tanto las actuaciones que investigan el desvío de (a valores actualizados) 54 millones de dólares recién podrá reactivarse cuando la Corte Suprema se expida definitivamente sobre quién es el encargado de investigar.
Los diferentes actores hacen interpretaciones a medida. La magistrada Barbagelata está convencida de que, de mediar algunas acciones, podría ya mismo adoptar ciertas resoluciones. En la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en su momento declaró expresamente que los plazos estaban suspendidos, piensan distinto: sus integrantes creen que la causa debe seguir paralizada hasta tanto se pronuncie la Cámara Nacional Electoral. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que actúa como actor civil, coincide con ese temperamento. La postura del Ministerio Público Fiscal, en tanto, no es terminante y en todo caso parece definida por razones estratégicas: sienten los fiscales que el transcurso del tiempo les juega a favor y que un moderado retraso no afectará a la investigación.
Pero sería ingenuo suponer que el contexto no gravita en cada una de estos posicionamientos. A nadie escapa que, tras la polémica destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, desplazada luego de haber investigado la ignominia de los contratos truchos, el jury promovido contra otro de los acusadores, el fiscal Ignacio Aramberry, termina operando como una sensible amenaza. Aramberry fue denunciado por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo –el mismo que impugnó a la fiscal anticorrupción–, quien consideró que el funcionario debió investigar presuntas relaciones del esposo de Goyeneche, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, con la banda de los contratos. Pese a ser muy forzada, y a expresar descaradamente el fastidio hacia los investigadores de un amplio sector de la clase dirigente, la denuncia generó un lamentable efecto disuasorio. Quienes pretenden demorar la investigación –y si pudieran, neutralizarla definitivamente– vienen obteniendo parciales pero significativos éxitos.
(La nota completa en la edición 1134 de la revista ANALISIS del jueves 15 de septiembre de 2022)
