Ya no es solo Madrid, sino toda España la que queda en cuarentena para frenar al coronavirus. El Gobierno español limitará al máximo el movimiento de los ciudadanos. Todo el país queda formalmente cerrado con la aprobación del decreto del estado de alarma, que entra en vigor hoy mismo. Un gigantesco aislamiento en sus casas de más de 47 millones de personas, que solo podrán salir a la calle en soledad, según el presidente, Pedro Sánchez, para trabajar y comprar comida, medicamentos o artículos básicos. El Gobierno evita así paralizar completamente la producción, que se mantendrá activa según el decreto. Los ciudadanos podrán desplazarse entre ciudades en coche o en avión para trabajar.

Para tomar esta decisión, el Consejo de Ministros necesitó siete horas. Fue uno de los más largos de la historia, en medio de un intenso debate entre dos sectores del Gobierno, sobre todo por las medidas económicas, que enfrentan al grupo liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño con otro encabezado por Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, aunque en este asunto no se sigue estrictamente la disciplina de partido y hay alianzas cruzadas, publicó el diario español El País.

Y para explicarlo, el presidente necesitó más de tres horas de preparación, ya que la reunión terminó a las 18 y él compareció pasadas las 21, más de siete horas después de lo previsto, un retraso que desató todo tipo de especulaciones durante una jornada especialmente tensa, que concluyó con una noticia que afecta directamente al presidente: su esposa, Begoña Gómez, ha dado positivo en el test del coronavirus, aunque él de momento ha dado negativo.

Cadena nacional

En un discurso en tono épico, con llamadas a la humildad y a la confianza, Sánchez reclamó la unidad de todas las comunidades y de todos los ciudadanos para vencer al virus. “Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para combatir la curva del contagio. Es importante no equivocarnos de enemigo, es el virus, y todos debemos combatirlo unidos”, aseguró. “Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener consecuencias”, admitió, pensando sobre todo en el descomunal parón económico. El presidente dejó muy claro que todo el país se tiene que poner al servicio de la lucha contra el virus, incluido todo el sector privado y el Ejército. Y también todos los cuerpos policiales autonómicos. “Todos los cuerpos de policía quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas, el Ejército ya está preparado para ello”, aseguró.

Sánchez pidió disculpas por haber tardado tanto en comparecer y negó las discrepancias internas con Unidas Podemos, resaltó el diario español El País.

El presidente aseguró que en las siete horas el Consejo de Ministros se dedicó a evaluar con detalle el decreto de alarma y sus consecuencias, y se justificó en que era una situación muy especial. Las medidas económicas quedan, explicó, para el próximo consejo. Sánchez trató de disipar la sensación de que la coalición ha quedado tocada después de este cruce. “Hemos tenido un debate sosegado, intenso”, esquivó Sánchez.

Sánchez, partidario de retrasar las elecciones

El presidente casi dio por hecho que se retrasarán las elecciones gallegas y vascas, aunque deja que esa decisión la tomen el lehendakari y el presidente de Galicia.

Sánchez trató de dar esperanzas a los ciudadanos con la idea de que ahora es el momento más difícil pero más adelante se logrará aplanar la curva de los contagios hasta lograr que haya más curados que nuevos infectados. “Cortemos la cadena de transmisión del pánico, paremos los bulos, actuemos con responsabilidad”, insistió en un día lleno de especulaciones ante el retraso de su comparecencia. “La emergencia va a pasar, volveremos a los parques, a las terrazas, y nos dispondremos a la recuperación económica y a la normalidad. Pero hasta entonces vayamos todos a una”, insistió para frenar la ola de críticas que está recibiendo el Ejecutivo y tratar de rebajar el enfrentamiento político.

El presidente detalló los puntos centrales del decreto de alarma, en el que quedan muy claras las limitaciones de movimientos: los ciudadanos “únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”, publicó el diario español El País.

Esto es, básicamente nadie puede moverse salvo para ir al trabajo, volver a casa o buscar alimentos y medicinas. En el borrador del decreto había un artículo que obligaba a las empresas a establecer el teletrabajo para todos siempre que sea posible, pero esta exigencia desapareció del texto final. “Todos podremos ir a trabajar, a comprar el pan, medicamentos, o sacar al perro, pero no podremos ir a la playa ni a esquiar. Hay que quedarse en casa”, insistió el presidente.

Entrada inmediata en vigor

Durante varios días hubo rumores de que el Gobierno cerraría Madrid. Ahora se cierra toda España, aunque la decisión llega ya con el fin de semana avanzado, cuando miles de madrileños, desoyendo las recomendaciones del Ejecutivo, se han desplazado a zonas de descanso. El borrador del decreto señalaba que todas estas limitaciones serían efectivas a partir de las 8.00 del 16 de marzo de 2020, esto es, con el fin de semana acabado, pero Sánchez señaló en su comparecencia que las restricciones son válidas a partir de hoy mismo. El decreto final lo confirma. Todos los que están fuera podrán volver a su lugar de residencia, pero el Gobierno les deja claro que no pueden volver a salir.

¿Y cómo se lo impedirán? El decreto apunta la vía. “El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial”.

El estado de alerta decretado por el Gobierno amplía las medidas restrictivas que ya está aplicando Madrid a toda España. Pedro Sánchez ha insistido en que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios, consignó el diario español El País.

“Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio”, dice el texto del decreto definitivo, publicado en el BOE a las 23:58.

Actividad religiosa

El Gobierno no cierra las iglesias, pero limita las ceremonias. “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Transporte público

Las restricciones son muy similares a las italianas. No se cierra el transporte público, pero se va a limitar su frecuencia en los que son de una ciudad a otra, para reducir el movimiento. “Los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 por ciento. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público reducirán su oferta total de operaciones en al menos, los siguientes porcentajes: Servicios ferroviarios de cercanías: 50%. Servicios ferroviarios de media distancia: 50%. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50%. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50%”, señala el borrador del decreto, medida de la que también ha hablado el presidente en su comparecencia.

Remedios y farmacias

El Gobierno controlará todo el suminstro farmacéutico: “El Ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. Podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. Podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”, señala el decreto.

Energía

El Gobierno controlará también la energía. “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

Suministros básicos

El texto aprobado por el Consejo de Ministros establece además que se garantizarán todos los suministros básicos. “Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar: El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados. Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo”, sentencia el Artículo 15°.

Gestión de crisis

El Gobierno se reorganiza también para gestionar esta crisis. Habrá cuatro Ministerios clave, que “serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad”: la titular del Ministerio de Defensa, el titular del Ministerio del Interior, el titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. y el titular del Ministerio de Sanidad. “Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los titulares anteriores, será autoridad competente delegada el titular del Ministerio de Sanidad”, señala el texto, que coloca en estos cuatro ministros y el presidente el núcleo duro de la gestión de la crisis. Los cinco representan al sector socialista del Gobierno, no hay aquí ningún miembro de Unidas Podemos, al contrario de lo que sucede ahora en todos los centros de decisión importantes del Ejecutivo.

Sanidad toma el control

Además, el Ministerio de S

anidad toma el control de todas las decisiones, aunque las competencias estén transferidas, para coordinar el ataque contra el virus. Las autonomías solo se quedan con la gestión, pero están obligadas a obedecer a Sanidad. “Todas las Autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio”, señala el texto. Incluso la sanidad privada queda bajo su mando por si fuera necesario acudir a ella. “En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los funcionarios que presten servicio en el mismo, quedando todos ellos bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Esta medida también garantizará la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el sistema nacional de salud en todo el territorio nacional. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada”, sigue el texto.

Ante las dimensiones de las medidas aprobadas y de la situación provocada por la crisis del coronavirus, la política se quedó una vez más pequeña. Pero hubo mucho debate político durante el día. La noche terminó con una imagen especialmente simbólica. Mientras Pablo Casado, líder del PP, hablaba en directo con duras críticas al Gobierno, al que acusaba de negligencia y de haber contribuido con el retraso en sus decisiones a propagar la epidemia en todo el territorio nacional, las televisiones le interrumpieron para ofrecer en directo las escenas de los ciudadanos asomados a sus balcones en Madrid y otras ciudades aplaudiendo a los sanitarios que están haciendo frente a la crisis. En Italia los ciudadanos salen a las ventanas a cantar juntos, como modo de estar unidos; en España se optó por los aplausos coordinados.

Medidas económicas postergadas

Las medidas económicas que debían acompañar al decreto de alarma han quedado pospuestas porque no hay acuerdo aún en el Gobierno. Se aprobarán el martes. En este choque, fundamental para dilucidar con cuánto dinero y de qué manera se afronta la crisis económica que acompaña a la sanitaria, están, sobre todo, la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y del otro, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero estos últimos en algunas cuestiones tienen aliados socialistas. Las primeras defienden medidas más cautas para no disparar el gasto y los segundos, un plan de choque fuerte para apoyar a los trabajadores, aunque eso suponga un coste importante.