Memoria Frágil y la dolorosa desaparición de Martín Basualdo y Héctor Gómez

Martín Basualdo y Héctor Gómez

Martín Basualdo y Héctor Gómez desaparecieron el 16 de junio de 1994. Agentes policiales fueron los sospechosos. Nunca se supo qué pasó.

De ANÁLISIS

Era mediado de 1994 y en Paraná se desarrollaba buena parte de la Convención Nacional Constituyente. Pero pasaban otras cosas también en la capital entrerriana.

Ese 16 de junio, Isabel Basualdo rompió en llanto cuando supo que a su hijo Martín lo había levantado la Policía de Entre Ríos junto a su amigo, Héctor Gómez. Los dos veían con algunos enfrentamientos verbales con personal policial y los tenían marcados para la venganza. Creados en el barrio La Floresta de Paraná, a pasos del club Sportivo Urquiza, donde lo único que se practica es fútbol y Martín integró las divisiones inferiores, la mayoría de la gente lo calificó como un buen muchacho. Con los típicos problemas de un joven con necesidades económicas, que desde muy chico tuvo que ganarse el peso para ayudar a su familia, de igual manera se las arregló para completar los estudios primarios en la Escuela Bazán y Bustos y luego en la Escuela Hogar. Comenzó la secundaria pero no pudo terminar el primer año. Trabajó como lava copas en algunos bares de la ciudad y posteriormente emprendió un viaje hacia Buenos Aires para retornar al poco tiempo. Había trabajado como sereno en un depósito y se gastaba la plata en teléfono. No pasaban más de dos días sin llamarla a su madre para contarle cómo estaba.

Entre fines de 1993 y principios de 1994, Martín Basualdo había sido detenido cinco veces por personal de la Comisaría Quinta de Paraná, ubicada en el populoso barrio de San Agustín y con domicilio en proximidades a su domicilio, donde la gran mayoría de los habitantes son de clase baja. Delito de robo simple, daño, resistencia a la autoridad y amenazas reiteradas, habían motivado la inmediata presencia de Isabel Basualdo para retirarlo de la celda policial previa autorización de los jueces de turno. En la última detención, Martín había sido salvajemente golpeado por algunos oficiales y no dudó en denunciarlo ante la Justicia.

Ese día de junio, Isabel acomodó su lacio y quebradizo pelo negro, se puso una campera de lana marrón y salió raudamente con destino a la Comisaría Quinta. En la puerta la estaba esperando Oscar Néstor Gómez, padre del joven Héctor Ramón Gómez, con quien Martín había pasado buena parte de esa mañana. Héctor tampoco volvió a su casa y las versiones iniciales indicaban que los dos habían sido levantados por un auto sin patente, perteneciente a la institución policial.

Don Gómez, suboficial retirado de la Policía le contó a Isabel que ambos habían ido hasta el IOSPER para buscar leche para la beba de Héctor Gómez, y luego saldrían a pedir trabajo. Diez días antes, la concubina de Héctor Gómez, Nélida González, había dado a luz a una pequeña y el IOSPER los había autorizado a retirar leche en polvo.

Apenas habían pasado las 20 cuando Isabel y Oscar llegaron a la dependencia policial. Los atendió el oficial Mario Daniel Fischer y les negó la presencia de sus hijos en la Comisaría Quinta de la zona. Tanto la mujer como Oscar Gómez tuvieron que agachar la cabeza y precisar cómo habían salido vestidos desde sus respectivos domicilios esa mañana.

Una mujer de barrio

“Hubo gente que dijo que ellos subieron a un auto, que los vieron subir no sé si por su propia voluntad porque era un auto, aparentemente de Investigaciones. Ellos tenían pensado ir a ver un trabajo, en un lavadero de autos en Salta y Victoria o Nogoyá. Yo pienso que justamente ahí en ese año, estaba Investigaciones, en Salta y Victoria. Como ellos no volvieron ese día a la casa, le dije a mi esposo que fuéramos a la casa de Gómez. Él nos dijo que no habían vuelto pero que no nos preocupáramos. Martín andaba, pero de noche siempre volvía a casa. Nos movilizamos. Fuimos a la Comisaría a preguntar. Ellos nos contestaron que eran jóvenes, que andaban de novio, no nos tomaron la denuncia. Seguimos insistiendo, fuimos a Tribunales, nos mandaron de vuelta a la Comisaría para denunciar. Siempre estiraron el tiempo. Nosotros decíamos que ellos los alzaron porque ya habían tenido problemas, pero nunca pensamos que iba a pasar esta situación tan fea. Fuimos a la Departamental y ahí nos tomaron la denuncia. Fuimos acompañados con el doctor José Iparraguirre. Yo no entendía nada. Una, cuando es una mujer de barrio y de pronto se ve en la calle buscando su hijo y un montón de situaciones, escribían cosas que uno no decía. Ya acompañados por un abogado fue otra la situación. Nos tomaron la denuncia. Ahí empezó toda una búsqueda”, recordó Isabel Vergara de Basualdo. 

Ricardo Gómez, hermano de Héctor, recordó el  recorrido de los jóvenes antes de que desaparezcan. “La última persona que los vio fue en calle Salta, cuando bajaron del colectivo. Nunca más se supo de ellos”. “Desde el momento que desaparecieron pensamos que era desaparición forzosa de personas, empezamos a buscar y buscar”.

Reclamo mediático y social 

Después de casi 15 días, el 5 de julio de 1994, el juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy empezó a pedir explicaciones a la Policía. Lo hizo a raíz delos duros cuestionamientos que comenzó a realizar por diversos medios periodísticos, el abogado de las familias de los jóvenes, José Iparraguirre, a su vez asesor de la Liga por los Derechos del Hombre seccional Paraná. “No tengo dudas de que en la desaparición tuvo que ver personal policial. Es más, creo que están fondeados”, dijo sin titubear el letrado paranaense. Los dichos conmocionaron al Poder Judicial y a la cúpula del Gobierno provincial encabezado por el entonces Mario Moine, pero no sirvió mucho.

“Desde un primer momento sabíamos por nuestra experiencia que en el marco jurídico no íbamos a tener mucha posibilidad de avance y después una línea de movilizaciones, reclamos, exigencia de justicia y buscar la mayor cantidad de apoyo de la sociedad civil y política. Lo hicimos con mucha soledad pero acompañamiento de una buena parte del periodismo que fue muy importante para nosotros. Incluso hubo un ataque muy fuerte hacia mi persona como abogado. Toloy me inició una causa en el Colegio de Abogados para que me saquen la matrícula de abogado, cosa que no prosperó. Hubo una situación de entrar a Tribunales y que nadie te salude, no es una situación fácil para nadie menos para un abogado que recién empieza”, recordó el letrado. 

“Los desapareció la Policía. Martín había hecho denuncias por apremios ilegales pero también Héctor por la intervención de personal de la Comisaría Quinta y en particular de un funcionario, Claudio Mendieta que revestía en la Comisaría y era un golpeador consuetudinario. Nosotros obtuvimos informaciones de gente que después no quiso declarar o en la Justicia se desdijo”, manifestó Iparraguirre.

 

Intervenía el juez”

El ex jefe departamental de Policía de Paraná, Atilio Gutiérrez, contó que se le dio intervención al juez y todo lo que hizo la Policía fue “por indicación del juez”. “Cualquier diligencia que realizamos después que las actuaciones fueron elevadas, fue por indicaciones de él”, dijo. Agregó sobre la repercusión social que hubo. “Nuestra preocupación fue saber qué había ocurrido. Pero la investigación la hacía el juez y no tuve resultado de las actuaciones”. 

Hubo tres marchas del silencio inspiradas en la modalidad catamarqueña por el crimen de María Soledad Morales (sucedió en febrero de 1990), que llegaron hasta la Casa de Gobierno y sede de Tribunales. Pero no existieron concurrencias masivas. El miedo a la represalia resultó determinante. Lo cierto es que le sirvió a las autoridades políticas y judiciales para no darle demasiada importancia al caso.

En el IOSPER apareció el cupón que indicaba que Héctor Gómez retiró la leche. A pocas cuadras estaba el lavadero de autos donde los jóvenes iban a pedir trabajo. A no más de 50 metros de ahí estaba la sede policial de Investigaciones. Uno de los trabajadores del lavadero confirmó la presencia de los jóvenes a eso de las 11 de la mañana. Pero nunca quiso declarar en la Justicia por miedo a represalias. Después no volvió al trabajo y no había modo de ubicarlo. Según la información que tenían, los jóvenes fueron levantados por calle Salta, a pocas cuadras del Parque Urquiza, en horas del mediodía. En la reconstrucción de datos que hicieron familiares, quedó prácticamente determinada la intervención policial del hecho.

Intervención policial

Según el libro oficial del registro de movimiento de los automóviles camuflados que usaban en la repartición, que no tienen patente ni identificación visible, a las 7.07 de la mañana del 16 de junio, partió el coche numerado con el 0738, un Ford Falcon azul oscuro. A su mando iba un chofer que no se pudo determinar, un agente y el oficial Claudio Mendieta, conocido en sus filas por sus dotes de ex boxeador barrial. Este había cumplido funciones en la Comisaría Quinta pero tras la denuncia de Martín Basualdo por apremios ilegales fue trasladado a Investigaciones. Las versiones indicaban que los jóvenes habrían sido llevados a la sede policial de calle Victoria y luego trasladados a una casa Quinta que se había alquilado en 1993, ubicada en el kilómetro 12 y medio de la Ruta 18. Tales circunstancias nunca se investigaron en profundidad ni se pudo comprobar. El lugar de referencia sí existe, aunque en la actualidad dejó de ser guarida policial. Se encuentra a unos 18 kilómetros de Paraná, en una zona lo suficientemente inhóspita y con caminos de tierra, por el cual, cada uno de los integrantes de la División Investigaciones abonaba un determinado porcentaje de sueldo para cubrir alquiler y mantenimiento. Quien hizo la operación inmobiliaria fue el comisario Cayetano Alonso, ex titular de Investigaciones y luego nombrado en un cargo de segunda línea en la plana mayor de la Policía que conducía el comisaría Humberto Kuttel, que le sirvió como cobertura al verse seriamente comprometido con el episodio de los jóvenes paranaenses.

Al predio de esparcimiento, donde únicamente podían observarse colchones desplegados en el piso, algunas mesas y sillas, lo que incluso fuera reflejado en esos días por el diario Hora Cero, el primer medio que denunció la desaparición de Gómez y Basualdo era habitual el traslado de prostitutas o jóvenes para  maltratarlos con feroces golpizas o mantener relaciones sexuales a cambio de no registrarlas con infracciones a la ley.

El Ford Falcon de la repartición policial tenía registrado ese día, en el libro de guardias, una salida a la quinta de referencia, aproximadamente a las 14. El objetivo era concurrir a un asado de camaradería, según constaba en la repartición. El ocupante era el oficial Mendieta, un año después, el oficial fue denunciado por otro caso de apremios ilegales contra un panadero que también se desempeñaba como cadete del bloque radical de diputados de Entre Ríos. Ese hombre, a raíz de la feroz golpiza, estuvo internado 15 días y quedó con secuelas psíquicas.

Cuando se denunció públicamente la desaparición de Basualdo y Gómez, el Ford Falcon fue retirado de circulación por un tiempo y luego apareció en un garaje policial, donde estaba siendo pintado de otro color. Lo mismo sucedió con una camioneta que también habría participado del secuestro. En medio de diez días, pasó de blanca a roja. Claro que para ello, hubo que fraguar los libros. Para ambos casos se habría dejado constancia que ingresaron al taller de reparaciones antes del 16 de junio del 94 en que se produjeron las desapariciones. 

El hospital, los libros y las presiones

La ex fiscal subrogante María del Pilar Mestres, que por un tiempo reemplazó a la titular del cargo de ese momento, Leonor Pañeda, fue la que más se preocupó por saber qué pasó. Entro otras medidas, la ex defensora de Pobres y Menores de Paraná fue quien impulsó investigación en el Hospital San Martín, ordenó secuestro de libros de guardias de investigaciones, solicitó números informes y requirió comparecencia de policías. Casualmente, a los pocos días que se conoció públicamente que en el nosocomio podrían haber ocurrido irregularidades con respecto al caso, el ex encargado de la Morgue del Hospital, Julio Romero Martínez, denunció situaciones de persecución supuestamente de personal policial relacionada a la desaparición de los jóvenes. Incluso dio detalles que coincidían con os vehículos que disponían para los operativos por lo general personal de Investigaciones, dependientes de la Jefatura Departamental de Paraná. Algunos de ellos, habrían sido utilizados en el hecho de la desaparición de Gómez y Basualdo.

La fiscal Mestres pidió además una investigación al perito calígrafo del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rodolfo Orzuza, sobre el libro de novedades en la División de Investigaciones, donde a simple vista surgían desprolijidades. Los resultados se recibieron el 19 de mayo de 1995 y fueron contundentes porque demostraron la forma en que habían sido fraguados los documentos. Dos suboficiales terminaron con sus vidas como consecuencia del caso Gómez y Basualdo. Uno de ellos quedó sospechado de participar en la desaparición, tras ser incorporado al libro de guardias en una vil maniobra de sus superiores y eso le determinó caer en una profunda depresión. Un agente que había estado de guardia el 16 de junio, no soportó la presión de sus compañeros ni de su conciencia y también se quitó la vida. Nunca fue citado a declarar por la Justicia. Era una de las personas que sabía perfectamente cómo se había hecho desaparecer a los jóvenes Gómez y Basualdo. 

Desviaciones

La Policía utilizó un método repulsivo cada vez que el caso se comentaba ante opinión pública e involucraba a los  uniformados en el plan de desaparición de los jóvenes. Aparecían determinados personajes consignando que los habían visto con vida circulando en determinados lugares de Paraná, Santa Fe o la frontera con Brasil y Paraguay. El ex agente de policía Pedro Valenzuela fue el más solicitado para hacer esa tarea sucia. Tanto él como su esposa se cansaron de acudir al palacio de Justicia  cuantas veces fue necesario para señalar que habían visto a los jóvenes en distintos lugares. Valenzuela había sido condenado en 1989 por la Justicia Federal de Paraná a cumplir una pena de 6 años de prisión por la tenencia de panes de trotil en su dormitorio en 1987. El ex juez federal, Aníbal María Ríos, lo detuvo en el marco de investigaciones por los atentados con explosivos producidos en Paraná entre 1985 y 1987 que nunca se aclararon pero tuvieron un objetivo determinado: intimidar a personas que habían realizado denuncias por violaciones a los Derechos Humanos. Cuando Valenzuela quedó libre pasó a ser informante de la Policía de Entre Ríos. Siempre se le pagó con fondos reservados porque a raíz de la condena le dieron la baja en la institución.

“Trataron de muchas formas para que nos peleáramos como familia. Pero no, nosotros anduvimos mucho tiempo juntos”, valoró Isabel Vergara. “Mi búsqueda es por los dos y ojalá algún día esto se sepa y digan dónde están”.

“Yo tengo la misma incertidumbre que todas las personas”, dijo Atilio Gutiérrez. “Tengo la conciencia tranquila porque hicimos todo lo que teníamos que hacer y éramos controlados por el juez. Me llama la atención pero no tengo otra cosa para decir”.

El mismo ex agente Valenzuela, ex integrante del grupo de Operaciones especiales, dependiente de la Jefatura departamental y su esposa Ana Gómez, dijeron que en la Justicia que Basualdo y Gómez habían sido asesinados por dos agentes de la Policía y que los cuerpos habían sido llevados al paraje las Piedras, en inmediaciones de la capital entrerriana y que estaban calcinados en la cabeza, dedos y pies. “Despedían un olor nauseabundo”, señaló la joven Gómez, la tarde en que decidió señalar a la fiscal Mestres dónde se encontraban los cuerpos e incluso la posición en que fueron ubicados en el pasto.  Pero sus dichos no fueron considerados válidos por el juez Héctor Toloy.

Interpelación

El caso de la desaparición de Gómez y Basualdo derivó en un pedido de interpelación al ex ministro de Gobierno y Justicia, Hermo Pesuto, y al Jefe de la Policía de la provincia Humberto Luis Kuttel. A la sesión únicamente llegó Pesuto, no así el jefe policial. Un día después de la reunión en el Senado entrerriano, tanto Kuttel como el subjefe Juan Jorge Ríos presentaron sus renuncias de modo indeclinable. Ninguno se encargó de especificar los motivos, pero las razones eran evidentes. Ambos eran conscientes que personal policial estaba involucrado en la desaparición de los jóvenes y se enfrentaban con la actitud corporativa de muchos caudillos de la institución que no estaban dispuestos a entregar los culpables a la justicia o poder político.

Pesuto, que fue de los pocos políticos del oficialismo que trató de esclarecer el tema, no pudo hacer mayores aportes al responder más de 50 preguntas de los legisladores. Algunos de ellos fueron amenazados de muerte al iniciar ciertas investigaciones particulares. Un caso concreto fue el del ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut del PJ Islas. Tanto él como su familia sufrieron varias intimidaciones cuando reveló que había podido obtener información según la cual os chicos habían sido subidos a un móvil policial en proximidades a una gomería que le hacía trabajos a coches de Investigaciones.

El ministro Pesuto intentó revertir la situación y estuvo muy cerca de las familias damnificadas. Pero tampoco consiguió torcerle el brazo a los líderes policiales. La fuerza de seguridad se unió aún más cuando en esos días apareció en Paraná el esqueleto del joven Marcelo “Totín” Pérez, quien tenía 20 años, que permanecía desaparecido desde marzo de 1994 y era amigo de Gómez y Basualdo. El chico también había tenido problemas con policías de la Comisaría Quinta y fue encontrado en Las Piedras dos semanas después de la denuncia de Ana Gómez, en el sentido que allí se arrojaban a los jóvenes que tenían problemas con personal de la fuerza. Cuando se realizó la autopsia se supo que el joven tenía dos orificios de bala en el cráneo, ocasionados por un arma reglamentaria. El caso también terminó en manos del juez Toloy pero nunca se avanzó en su esclarecimiento. Y fue perdiendo lugares de preponderancia en el tratamiento periodístico de los medios. Las víctimas solamente pasaron a ser recordadas en lugares de su barrio y los policías rozados por los hechos fueron trasladados a otros lugares de la provincia.

Mural y pedido de justicia

“El mural tiene su historia. No lo hicimos nosotros. Se empezaron a pintar las paredes del club por la identificación de ellos con el club. Se renueva año a año. Y fue puntualmente con lo que tiene que ver con la tribunal y la placa que hicimos nosotros, le dimos nombre a la tribuna con el nombre de ellos. Fue en 2018, siempre nos juntamos los 16 de junio para hacer visible el mural, una actividad que nos paramos en la puerta del club, chicos pintando. Esa es una forma de mantener viva la historia. Con la asamblea contra la violencia institucional, formada por organizaciones y el club, planteamos una idea que era darle nombre a la tribuna, teniendo en cuenta la participación de ellos en el club”, contó Matías Caminos, integrante del Club Sportivo Urquiza de La Floresta.

“Sólo quiero que me digan a dónde tiraron a mi hermano, a dónde lo tiraron. Que digan por qué lo hicieron. Si tienen hijos y nietos, que digan por qué lo hicieron. Que asuman la responsabilidad. Eso es lo que pido, saber a dónde llevarle una flor a mi hermano. Pedirle al señor juez que diga de quién era el cuerpo que encontraron en las excavaciones del bañado, que estaba boca abajo con un balazo en la cabeza, porque se les iba a hacer ADN”, interpeló Ricardo Gómez.

Iparraguirre refiere a la “impunidad”. “Acá fue una profunda tristeza e impunidad, es muy grave que los funcionarios policiales involucrados sigan impunes. Porque aparte no fue un hecho aislado, está claro que hubo un encubrimiento muy importante por un sector muy importante de la Policía, una parte del poder político y judicial”.

Reactivación     

Más de 20 años después de la desaparición, el caso se reactivó por la denuncia de un ciudadano ante el periodista Mauricio Antematten. “Ese testigo vino con la intención de cerrar algo que es como el dolor que llevan los familiares de víctimas. A ponerle un broche al interrogante de víctimas. Creo que lo que hice mal fue apurar la parte periodística, anticiparla y causar el miedo. Jugó a esa amnesia con la cual llegó a la Fiscalía de Juan Francisco Ramírez Montrull, diciendo que no había estado conmigo, siendo que había una grabación de por medio. Esa persona confesó algo que pensaba en su conciencia. Era una persona que servía café en la Jefatura Departamental en la década del 90. Todas las cosas que recordamos esa tarde me hizo pensar en una persona que estaba ubicada en tiempo y espacio”, narró el periodista.

“La cúpula tuvo conocimiento. No fue fácil aceptar que el Estado estuvo incurso en la desaparición forzosa de dos personas. Hubo mucha cosa oculta que después llevó adelante en el imaginario popular la creencia que funcionarios policiales se suicidaron por esta situación. La creencia que esto tuvo el disimulo de la Justicia. Nada de esto sirvió para doblegar a quienes sabían y saben. Tengo fe que algún día alguien diga ‘esto fue lo que pasó, aquí están los cuerpos’. Por Isabel que la veo después de 25 años que sigue intentado pacíficamente encontrar una respuesta”, reflexionó.   

La batalla la ganó la complicidad policial. Muchos de sus hombres que ya están jubilados conocen en detalle cómo fueron secuestrados y asesinados Gómez y Basualdo. Ni el poder político, ni la justicia, ni el reclamo de los familiares, lograron romper el pacto secreto.

“A mí ni me interesa que nadie vaya preso. Yo sólo quiero saber dónde están para que descansen en paz, dónde rezar una oración y poder llevar una flor. Así no se puede. Es un dolor muy inmenso no saber dónde están, esto de no saber, es muy triste”, expresó Isabel Vergara.

El pacto de la impunidad, ganó la pelea. Pasaron 26 años y nunca hubo respuesta. Fue más fácil apostar al olvido.  

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