El abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi, explicó detalles sobre la causa judicial que sustancia la Justicia Federal por los incendios en islas del Delta y la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigr el posible lavado de activos en la construcción de 19 terraplenes en la zona del Delta de Victoria.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Maggi confirmó que “en el Delta no preocupa no solamente la cuestión del fuego sino también la construcción de terraplenes que vuelve al humedal como si fuera una zona pampeana y eso genera una degradación ambiental en términos de los ecosistemas de los humedales”.

En ese contexto, mencionó que “hubo una intervención de la UIF en el marco de la causa penal que, por lo que sabemos, investiga exclusivamente la cuestión de los incendios, y el tema terraplenes es abordado en el fuero civil, a cargo de Daniel Alonso en el Juzgado Federal de Paraná, que está llevando adelante una acción donde se reclama el daño causado por los terraplenes y la recomposición de ese ambiente”.

Sobre este punto, indicó que “para muchos especialistas el tema de los terraplenes es una preocupación aun mayor que la de del fuego” y agregó que “en la zona de Victoria se detectaron 19, pero son muchos más que abarcan otros Departamentos de Entre Ríos y la extensión que tienen es muy grande y eso genera un impacto en una zona muy amplia del humedal”.

Explicitó que “se construyen con la idea de volver similar a la Pampa a la zona de islas para poder sembrar soja, hacer ganadería y tener un manejo durante todo el año evitando las épocas de crecida. Esto es una modificación del sistema, que se denomina antrópica –es decir, hecha por el ser humano- que no contempla el funcionamiento del ecosistema sino que lo modifica, y eso es un daño ambiental, un daño en el patrimonio de toda la sociedad, y un daño en la naturaleza como sujeto de derecho”.  

Respecto del accionar de la Justicia, el abogado sostuvo que “la medida cautelar está dictada, y vigente, por el Juzgado Federal pero hay un notorio incumplimiento, porque circulando por la traza vial que une Rosario y Victoria se pueden ver las máquinas retroexcavadoras trabajando en los terraplenes”.

“Ante eso los ciudadanos nos preguntamos cómo puede ser que no se prohíba esa prohíba, no se detenga ni se secuestre la máquina, tal como ordenó el juez Alonso. Y eso es una responsabilidad de la Gendarmería, la policía de Entre Ríos y la Prefectura que tienen una orden concreta de evitar todo movimiento de suelo, y por eso surge la preocupación y la inquietud de la sociedad”, planteó.

De todos modos, mencionó que “en torno a eso se presentó el reclamo en el Juzgado Federal a cargo de Alonso, y se está a la espera de que se movilice porque hasta hace pocos días el juez no hacía lugar a las notificaciones electrónicas, que agilizaría todo, pero en los últimos días cambio de temperamento y entendió la necesidad de notificar vía correo electrónico”.  

Por otra parte, sostuvo que la intervención de la UIF “es una cuestión muy novedosa dentro de los delitos ambientales”. “En el último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se decidió trabajar sobre los delitos ambientales y al recibir esas recomendaciones el Estado argentino decidió intervenir en esta causa porque indudablemente estamos en presencia de un delito ambiental que genera beneficios económicos en quienes los ejecutan y al integrarlos al sistema financiero se produce lo que se denomina el lavado de activos, y por eso la UIF pidió el ingreso en esta causa penal”, explicó.

En cuanto a la causa judicial por los incendios, Maggi reiteró que “el juez Alonso tiene la parte civil de la investigación y el control de la parte penal” y consideró que “acá la actividad instructora y el Ministerio Público Fiscal debería tener un trabajo de mayor calidad”. Apuntó que “se identificó a muchas personas como supuestos responsables pero vemos que algunos están fallecidos, otros son personas discapacitadas y otros hace muchos años que ni siquiera van a la isla, con lo cual habría que hacer un enfoque más detallado, una investigación más puntual y además entendemos que debe incorporarse la cuestión de los terraplenes en la causa penal”.

“Todas estas son falencias que notamos en la actividad del Ministerio Público Fiscal y lo estamos tratando de modificar. Estamos pensando en una serie de medidas que vamos a pedir y una serie de actuaciones por fuera del expediente para dale algo más sólido al trabajo que se está llevando adelante, en el sentido de la identificación de los responsables en términos penales”, sentenció. Al respecto, dijo que “es necesario que en la causa penal sean llevados a juicio los verdaderos responsables”.

En otro orden de temas, se refirió al proyecto que buscar imponer un Régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles de dominio público en islas y humedales, y sostuvo que “Entre Ríos tiene un protagonismo mucho mayor porque territorialmente es la que ocupa la mayor porción y también ahí desde hace años se verifican situaciones, al menos sospechosas, con tierras fiscales”.

Ejemplificó que “se han dado situaciones de tierras fiscales que en un principio fueron arrendadas y con el transcurso del tiempo fueron vendidas a precios que se presumen irrisorios y hoy se han transformado, de una manera un tanto cuestionable, en titulares de esas tierras”.

Por otra parte, dijo no tener “ninguna información concreta” sobre el proyecto para la instalación de granjas para la cría masiva de cerdos “pero no es difícil suponerlo por lo que han expuesto las autoridades respecto de estos megaproyectos que tienen una fuerte oposición de la sociedad por el riesgo ambiental que generan”.

“Según las explicaciones que ha dado la Cancillería están destinados a radicarse en zonas de producción de granos, con abundancia de agua y vías de comunicación, y esta zona cumple esos tres requisitos por lo cual podría pensarse que en algún lugar se podrían llegar a instalar”, concluyó.