En el marco de la Campaña No más presos en comisarías, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), presentó el ranking provincial de personas encerradas en comisarías.
El objetivo es “alertar sobre la gravedad de esta situación ilegal”, sostuvieron en un parte de prensa. “Este ranking busca mostrar la cantidad de personas privadas de su libertad, alojadas en dependencias policiales en cada provincia, en relación al total de personas encerradas por los sistemas de justicia de cada una de esas provincias”.
Desde la difusión del ranking indicaron que “cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite, desentendiéndose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio, y muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez/a”.
Agregaron que “al 31 de diciembre de 2022 (último relevamiento nacional disponible), más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas. Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías”.
El Inecip manifestó que “la publicación se enmarca en una serie de micro-investigaciones, que se proponen identificar un indicador que sea representativo de algún problema neurálgico de la justicia penal. La intención no es otra que colaborar con la identificación de problemas, como paso indispensable para su abordaje por parte de las instituciones democráticas”.
Resultados por provincia
Roberto Schunk propuso la creación de un fondo especial destinado a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones financiado a partir de una modificación del Impuesto Inmobiliario Rural donde paguen 2.860 propietarios (de 52.164) que detentan casi el 50% de las tierras, algunos de ellos ni siquiera radicados en la provincia y otros extranjeros.