En abril de 2017 el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, llegó a Paraná para firmar un convenio con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a fin de implementar el sistema de tobilleras electrónicas.

Se trata de un sistema dirigido a personas privadas de la libertad pero que acceden al arresto domiciliario. Se utiliza cada vez más para sostener las prisiones preventivas, cuando el acusado de un delito espera el desarrollo de la investigación y del posterior juicio sin estar en la cárcel, pero privado de libertad en su domicilio. También se usa para los casos en que las condenas no están firmes.

El control de las tobilleras está a cargo del Servicio Penitenciario y el jefe del Centro de Monitoreo es Carlos Salomón, quien brindó al programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), un detalle del trabajo que se realiza.

“En la actualidad estamos trabajando con todos los Juzgados de Garantías y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tanto de Paraná como de Gualeguaychú. Estos Juzgados oficial al Centro de Monitoreo Electrónico la factibilidad o posibilidad para instalar las tobilleras a un determinado interno o una persona procesada con prisión preventiva en un domicilio específico”, explicó Salomón.

“Luego nosotros inspeccionamos dicho domicilio y analizamos las condiciones técnicas como la existencia de energía eléctrica, que el dispositivo tenga señal correcta para informar (la georeferencia) y otros datos que son necesarios como los números telefónicos de los referentes, las dimensiones de la propiedad que permite saber si el dispositivo funcionará correctamente. Una vez que está todo instalado y damos el informe positivo al Juzgado, se ordena la instalación del dispositivo a la persona que corresponda”, reseñó las etapas de su puesta en funcionamiento.

“Nosotros hacemos la verificación y la instalación. Y para ello tenemos diversas modalidades. La primera es el dispositivo de arresto domicilio solamente, que controla a personas que tienen una medida judicial (arresto domiciliario) y por lo tanto no puede salir de la casa y eso es un rango que se establece y que no puede violar”, explicó.

“Como una segunda modalidad tenemos el arresto domiciliario que se le suma un dispositivo GPS que son para las personas que tienen esa medida o salidas laborales. Esto es, está controlado dentro de su vivienda; y cuando tiene permiso para salir a trabajar podemos controlarlo en ese trayecto”, describió.

“Y la tercer modalidad es solamente el GPS, que son para personas que pueden deambular; es decir, no tienen arresto domiciliario pero tienen prohibiciones de dirigirse a algún lugar específico”, indicó.

Con respecto a los controles, Salomón sostuvo que son las 24 horas, los 365 días del año.

“El dispositivo envía a nuestro Centro una señal electrónica, que va informando novedades. Y cada tres horas nos envía una supervisión que consiste en verificar que la persona siempre se mantuvo dentro del rango establecido, que tanto la tobillera como el dispositivo está funcionando de manera correcta”, expresó.

Salomón informó que “en la actualidad estamos con 77 dispositivos colocados de distintas causas, incluso en otras provincias; siempre dependientes de la parte judicial de Entre Ríos. Tenemos personas que son monitoreadas en Capital Federal, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, cuya causa es provincial y se ha pedido el control de ese monitoreo”, ejemplificó.

Salomón aclaró que cuando desde la Justicia se ordena una prisión domiciliaria, pero sin un monitoreo electrónico, ese control es responsabilidad de la Policía.

También fue consultado si una persona puede romper la tobillera o el GPS, y Salomón reconoció: “La única manera que no se pueda romper es si la tobillera fuera completamente de hierro. Lo que hay que tener en claro es que, si se rompe la tobillera, es porque se quiso romperla. Tanto el sistema de mallado que posee es sofisticado y si alguien intenta abrirla, de inmediato se informa la novedad y no puede volver a colocarla en su lugar original”.

Además, Salomón aclaró que, en caso de un corte de energía eléctrica, los dispositivos tienen un resguardo de baterías. Nosotros podemos estar hasta cinco días funcionando sin energía eléctrica”.

Abreviados y condicionales

Pero hay también otras medidas alternativas a la prisión en una Unidad Penal. El sistema acusatorio en la Justicia Penal de Entre Ríos permite desde hace poco más de tres años la resolución de hechos delictivos sin pasar por un juicio oral: los juicios abreviados y la probation.

Los juicios abreviados son los procesos en los que la Fiscalía y el acusado acuerdan una pena sin llegar a la instancia de debate oral. Implica reconocer el delito.

La probation o suspensión del juicio a prueba, implica cumplir ciertas reglas de conducta mientras el proceso queda en suspenso. No implica admitir el delito.

Para ello se creó en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, un organismo especial: la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMA) que está encargada del control de dichas determinaciones judiciales.

Actualmente, 4.237 personas son controladas por la OMA: 2.602 probados y 1.635 condenados. De ellas, 420 son controladas en el interior de la provincia por los jueces de Paz.

Los datos estadísticos muestran que el 10 por ciento de los casos tratan delitos de índole sexual; el 19,29 por ciento se debe a la problemática de la violencia de género, solo el 6 por ciento de las personas condenadas son mujeres.

Se advierte año a año un incremento sostenido de las condenas de este tipo en que debe intervenir la OMA. Los números son claros: de enero a junio de 2015 ingresaron para ser controladas 238 personas (163 probados y 75 condenados); en el mismo periodo de 2016, fueron 263 personas (170 probados y 93 condenados) y de enero a junio de 2017, fueron 336 (192 probados y 144 condenados). Entre enero y septiembre de 2018, ingresaron 451 personas para ser controladas (179 condenadas y 272 probadas).

Entre el 70 y el 75 por ciento de las personas cumple en tiempo y forma las medidas dispuestas.

Con este sistema el 90 por ciento de las causas que tienen elementos suficientes terminan con condenas condicionales a través de juicios abreviados, la suspensión del juicio a prueba o la mediación penal, y son mínimos los juicios orales y públicos que se realizan.

En el 36 por ciento de los casos de violencia de género las personas condenadas en forma condicional o probadas son menores de 30 años, y ese número trepa al 54 por ciento en casos de personas menores de 35 años. En tanto, solo el 10 por ciento de los condenados o probados por delitos de violencia de género tiene la secundaria completa, y el 17 por ciento no terminó sus estudios primarios (primaria incompleta o analfabeto).

El 52 por ciento de las personas condenadas y probadas en situación de violencia de género tiene un empleo informal –albañil, pintor-changarín- y el 20 por ciento de las personas probadas y condenadas en forma condicional en situación de violencia de género tienen un empleo público.

En cuanto al género de las personas condenadas o probadas solo el ocho por ciento son mujeres y el 92 por ciento restante son hombres.

El director de la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMA) dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rodrigo Juárez, brindó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) un informe del trabajo que se realiza en cuanto al control y seguimiento de las medidas dispuestas en juicios abreviados y probation.

“Nosotros controlamos a todas aquellas personas que no ingresan a una cárcel, es decir, no se les da una prisión efectiva. La diferencia entre una condena de ejecución condicional, planteada en un juicio oral y público o en un juicio abreviado, donde ya hay una condena firme para esa persona; y la suspensión del juicio a prueba donde no hay una condena porque se suspende el proceso penal y se le plantea una serie de pautas o reglas de conductas que debe cumplir”.

También especificó que en la actualidad cuentan con un total de 22 personas en toda la provincia, de las cuales quince trabajan en Paraná y quienes deben controlar muchísimas causas. “Realmente estos últimos cuatro años se han incrementado la cantidad de salidas alternativas. Para tener una idea: en 2018 ingresaron 4.200 causas a la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) en general; con 2.600 suspensiones de juicio a prueba y 1.635 condenas. A su vez, en aquellos lugares donde no tenemos oficiales de prueba, que son quienes controlan a las personas que he mencionado, están actuando los Juzgados de Paz. Actualmente los Juzgados de Paz están controlando 420 personas en toda la provincia. Año tras año se va incrementando los ingresos a la oficina, porque el proceso penal se ha acelerado muchísimo”, destacó.

Con respecto al control, Juárez indicó que las personas deben cumplimentar todos los meses el trámite de venir a la oficina y certificar las reglas que le fueron impuestas. Si transcurridos quince días no comparece, se lo íntima y se lo cita; “es decir, hay un control. A diferencia de la percepción social que se tiene, estamos optimizando para que ese recurso sea efectivo”, recalcó.

“También en el interior se está saliendo a las instituciones a controlar. Es un trabajo muy coordinado con las instituciones, las ONG y las entidades públicas con las que tenemos relaciones. En Paraná solo estamos trabajando con más de 120 instituciones. Es una lucha diaria seguir efectivizando el control porque no queremos que se adulteren las planillas donde constan las horas trabajadas o las capacitaciones que deben hacer. Le pondré un ejemplo: el año pasado detectamos a una persona que estaba adulterando una planilla y el titular de la ONG que era una Comisión Barrial le cobraba tres mil pesos para firmar la planilla. Por eso lidiamos permanentemente con estas situaciones”.

También informó que “en cuatro años se ha duplicado y hasta triplicado el ingreso a la cárcel. Nosotros trabajamos con una pena máxima de tres años, que es la que permite acceder a una condena condicional”.

Con respecto a las clases de delitos, Juárez indicó al programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), que son de toda clase: robos, amenazas, abusos sexuales, hurto, lesiones, violencia de género y casos de corrupción. “También tenemos ahora los que ingresan por la Ley de Narcomenudeo, que también se ha incrementado de manera notable en la provincia”.

“El objetivo es que toda persona que ha sido beneficiadas por una salida alternativa, sea controlada, supervisada y a su vez, se colabora con ella para que incorpore pautas de inserción social”, indicó Salomón; quien agregó: “Por eso incentivamos mucho los cursos de capacitación y las salidas laborales y de esa forma tener herramientas para que no reincida en su comportamiento delictivo”.

Cómo cumplen sus sentencias los condenados por delitos de corrupción

- Diego Aníbal Urba: es amigo del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, y quedó implicado en la causa por defraudación a la administración pública por haber contratado a empresas de familiares, amigos y allegados. En relación a la suspensión del proceso a prueba, consistía en la capacitación a estudiantes por cuatro horas quincenales por un año en la Fundación “Los Sin Techo”, Programa “Volver a estudiar” de la ciudad de Santa Fe, modalidad online, con sede en calle San Gerónimo y Santiago del Estero de dicha ciudad, Colegio Mayor Universitario.

-- Canosa Carlos y Mirta Graciela Gueller: el hermano del ex titular de Sidecreer y su suegra también quedaron implicados en la causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La probation se dispuso el 25 de agosto de 2017 por el plazo de un año y medio estableciéndose como norma de conducta: “Realización de arreglos o confección de indumentaria que derive la OMA, por dos horas semanales y por el término fijado”.

El 27 de septiembre de 2017 se sugirió que los productos textiles a confeccionar se realicen según las necesidades de las instituciones y a efectos de realizar un control más eficiente por parte de esta oficina, que dichos aportes asciendan a la suma de 1.500 pesos.

Carlos Canosa se presentó en marzo de 2018 acreditando un aporte de 18 camisetas a la “Fundación Suma de Voluntades”, lo que asciende a una suma total de 3.402 pesos.

Por su parte, la señora Gueller se presentó en marzo de 2018 acreditando un aporte de 36 prendas de algodón (remeras, buzos y jogging) al “Amparo Maternal”, lo que asciende a la suma de 7.044 pesos, imputándoselo a cuatro meses de aporte, desde el comienzo del plazo.

Ambos tuvieron varios incumplimientos por los cuales fueron reiteradamente notificados y se resolvió prorrogar la suspensión del juicio a prueba por 15 meses a Canosa y 14 meses a Gueller.

-- José Maximiliano Crettón Pereyra: al ex funcionario se lo condenó por el desvío de fondos del Senado provincial bajo la modalidad de ejecución condicional por el plazo de dos años y ocho meses, y se le impuso como regla de conducta realizar tareas no remuneradas durante ocho horas al mes, por el término de dos años. En la resolución judicial se fijó que realice dichas tareas en la “Asociación de Bomberos Voluntarios de Montecarlo”, sita en calle Chile s/n de la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.

-- Jesús José María Bustamante: El empresario publicitario resultó condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva) en un juicio abreviado en el que confesó haber sido beneficiado con contratos y pautas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los tres millones de pesos. Fue condenado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndole la realización de reglas de conducta por el plazo de tres años debiendo realizar tareas comunitarias por 96 horas anuales. Se dispuso que realice tareas comunitarias en la sede de Cáritas Arquidiocesano de Paraná, además de gestionar donaciones para la entidad.

-- José Daniel Romero: es allegado al ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, y quedó imputado en la causa por defraudación a la administración pública. Cumplió en tiempo y forma con la regla de conducta acordada oportunamente, acreditando 144 horas cumplidas en la Unidad Penal N°1 de Paraná, desde octubre de 2017 a septiembre de 2018, realizando tareas de construcción, así como aportando materiales de construcción.

-- Maximiliano Alanís: En el marco de la causa por desvío de fondos del Senado provincial, acordó una condena condicional de dos años y ocho meses de prisión por peculado. Se le impuso fijar domicilio, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas en la vía pública, inhabilitación absoluta y perpetua (arts. 5, 19 y 20 ter del Código penal) y la realización de ocho horas mensuales de trabajo comunitario por el plazo de un año. Se le asignó como institución, para la realización de los trabajos, la Escuela de Educación Integral N° 1 “Zulema Embon”, sita en ruta 12, Km 23 1/2 de “La Picada”.

-- Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada: el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y su esposa, quedaron implicados en una causa por el hallazgo en su vivienda particular de un revolver calibre 22 sin registrar, encontrada durante un procedimiento que se efectuó por otra investigación por enriquecimiento ilícito. Según el registro de la OMA, desde Casa Lázaro, casa de contención para jóvenes con problemas de adicciones, ubicada en calle Salvador Caputo 1158, donde realizan las tareas comunitarias el señor Aguilera, Juan Pablo y la señora Almada, Luciana, se informó que los mencionados asisten los jueves de 16 a 18 cumpliendo tareas de administración y diseño de una revista con motivo de los tres años de Casa Lázaro, diseñándose además una página web de la institución. Asimismo, se dispuso implementar un taller de cocina a realizarse los jueves de 18:30 a 20:30.