El Ministerio Público Fiscal resolvió abrir una investigación y secuestró documentación en oficinas del palacio municipal, para verificar los hechos denunciados a fines de mayo de 2019 por un vecino de Concordia.

La presentación inicial, firmada por Néstor Galarza, entró a los tribunales más precisamente el 29 de mayo e incluyó un explícito pedido de que se investigue una presunta irregularidad en el uso dado a algo más de 4 millones de pesos. Para respaldar su denuncia, aportó un archivo de audio, que se hizo público en las redes sociales, en el que se escucha al propio presidente municipal admitiendo la maniobra. También adjuntó copias de varios decretos en los que, según su parecer, quedaría plasmada la "malversación".

Por ese entonces, en plena campaña electoral, la Coordinación del Ministerio Público Fiscal no consideró apropiado brindar información, con el argumento de que la denuncia aún no había sido evaluada y restaba determinar si se le daría curso y se abriría una investigación formal o si sería desechada de plano.

Pero el viernes último por la mañana, el Fiscal Fabio Zabaleta confirmó a El Entre Ríos que "se decretó la apertura de la causa". No sólo eso. También reveló que fue necesario ampliar la investigación debido a que el denunciante aportó nuevos elementos, consignó El Entre Ríos.

El texto presentado por Néstor Galarza en tribunales se basa en los considerandos del decreto 1.207/2018 para aseverar que " el modo en el que los responsables de la Municipalidad de Concordia hacían facturar a los monotributistas para que se efectivice el pago era bajo el concepto o rubro de “ASESORES”, figura o función que en la realidad de los hechos es falsa por cuanto las labores desarrolladas eran de personal de seguridad y/o custodia".

Más adelante, sostiene que "el ardid y/o engaño se visualiza en la maniobra de hacer figurar una función (“asesor”) cuando en la realidad de los hechos la función fue, y es, otra totalmente diferente por cuanto los facturantes cumplen la labor de vigiladores o lo que se ha dado en llamar integrantes de la 'Guardia Urbana'".

El denunciante insiste al considerar que "no tiene razón de ser que sean 25 personas los 'asesores' del municipio en materia de seguridad. Algo no cierra en absoluto y es básicamente por el mismísimo peso de la burda maniobra delictiva enmascarada en facturación falsa", concluye.

El audio que dio origen a la denuncia

En la primera presentación en tribunales, el denunciante adjuntó un archivo de audio que había sido compartido en grupos de WhatsApp.

En él se escucha al Presidente Municipal de Concordia afirmando: “lo importante es que yo estoy destinando plata que no está en el presupuesto… es decir… en sí lo que yo estoy haciendo es malversación de fondos porque plata que tenemos para enripiado, para limpieza, para cuestiones que tengan que ver con competencia municipal estamos destinando nosotros en lo que es la contratación de las personas que están en la dirección de seguridad que también es irregular porque son monotributistas”.

La reacción del intendente una vez que el audio se viralizó fue asociar la difusión a una "campaña sucia". Desde su cuenta en Facebook, admitió ser el autor de esas declaraciones y posteó esta explicación: "Quieren sacar de contexto declaraciones mías en reportajes públicos, con respecto al fondo de la soja que nos sacó el gobierno nacional y al uso de recursos municipales para temas que nos hacemos cargo sin que nos corresponda".

4.219.000 pesos

En su presentación inicial, el denunciante aseguró que los "cuantiosos pagos", que hasta ese momento ascendían a la suma de $ 4.219.000, se ejecutaron invocando una "inexistente" situación de "urgencia o emergencia". Para ello -agregó- se apeló a la Ordenanza 34.698, artículo 12 'D', de aplicación excepcional, que básicamente menciona que se podrán realizar contrataciones directas en casos de urgencia o emergencia. "En la realidad de los hechos -agregó Galarza- la excepción fue convertida en la regla por años", "dejándose de destinar el dinero de los contribuyentes a lo que debía destinarse, tal como el mismísimo intendente Cresto reconoce en el audio y se refleja en la documental".

"La sola extensión temporal de la maniobra -señala el texto de la denuncia- permite hablar de que ha sido desarrollada de una manera sistemática, voluntaria, bajo conocimiento y orden del máximo responsable del gobierno local, lo que menciono al efecto de que se tenga presente el incuestionable conocimiento y la dolosidad en la ejecución de los hechos".

El denunciante argumentó que de los decretos adjuntos se desprende que "los pagos de modo irregular no sólo se efectuaron antes de la creación de la Guardia Urbana por Ordenanza 36.569, de fecha 23 de agosto de 2018, sino que luego de su creación también, lo que realza la irregularidad".

La primera lista de los decretos que documentaron la denuncia en sus comienzos incluyó al 729/18, 960/18, 1.027/18, 1.153/18, 168/19, 169/19, 306/19, 308/19, 404/19 y 405/19, todos ellos publicados en diferentes ediciones del Boletín Oficial.

Mientras que en la reciente ampliación de la denuncia se incluyeron otros dos decretos de pago con idéntica modalidad a los denunciados en el inicio, uno de ellos por $145 mil y otro por $920 mil, agregó.