De ANÁLISIS

Sin sobresaltos. La primera jornada del juicio más importante del último tiempo, porque pone de relieve los vasos comunicantes entre la actividad de un grupo dedicado al narcotráfico y la política local, se vivió en Paraná sin emociones fuertes. No hubo medios porteños apretujando espacios, ni cortes de calle como se había anunciado. Tampoco se concentraron familiares de los involucrados a las causas en las inmediaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, como sí ocurrió el año pasado cuando dictaron las prisiones preventivas de Griselda Bordeira y Pablo Hernández.

Este jueves, la cobertura mediática fue importante al mediodía, cuando estaba prevista la llegada de los imputados al edificio de calle 25 de Mayo y el consecuente comienzo de la audiencia. Pero todo ocurrió dentro de los carriles habituales.

Sergio Varisco entró al edificio poco después de las 12. Llegó acompañado por su hija Luciana y su pareja, la concejal Claudia Acevedo. Ambas mujeres estuvieron hasta el final de la jornada, es decir hasta las 17.

Adentro de la sala, unas 70 personas escucharon parte de la primera requisitoria fiscal para elevar a juicio la causa “Narcoavioneta”, el primero de los dos expedientes que refiere al comercio de marihuana por parte de un grupo comandado desde la cárcel de Federal por Daniel “Tavi” Celis. Según la hipótesis acusatoria, ese grupo dedicado al narcotráfico se sirvió de recursos “humanos, financieros y materiales” de la Municipalidad de Paraná para desarrollar su actividad. Precisamente, la investigación penal acumuló una serie de indicios que apunta a la utilización de camiones recolectores sin GPS para el traslado de droga. Gran parte del respaldo probatorio está las escuchas telefónicas, conversaciones de Whats App entre integrantes de la banda de Celis o con empleados municipales, además de dos testimonios de identidad reservada.

La lectura de ese documento fue interrumpida antes de las 15, cuando el abogado Miguel Cullen dijo que su defendido conocía toda la letra de la acusación y que no necesitaba escucharla íntegramente. A ese pedido se fueron sumando todos los defensores. Por eso la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, se tomó el trabajo de preguntar uno por uno a los imputados si conocían completamente la acusación.

Después se pasó a un cuarto intermedio. La audiencia retomó a la media hora, con la lectura del requerimiento de la segunda causa, la denominada “Narcomunicipio”. En ese legajo está imputado el intendente Varisco, la funcionaria municipal Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández.

Casualmente, los tres fueron sentados en hilera, de adelante para atrás, en el siguiente orden: Bordeira, Varisco y Hernández. Inmediatamente después se ubicó “Tavi” Celis. Es que cada uno de ellos encontró lugar lo más cerca posible de línea que formaron los abogados defensores. Esa cercanía le permitió a Varisco consultar con sus abogados cada vez que lo consideró. Incluso, el murmullo entre los imputados y los abogados generó algunos pedidos de silencio por parte de los jueces del TOF.

En el segundo expediente, la clave es probar un supuesto acuerdo entre Daniel Celis, Pablo Hernández y Griselda Bordeira como intermediarios de Varisco. Según la investigación preparatoria, ese acuerdo se dio en septiembre de 2017 y consistía en un flujo mensual de dinero (unos 50.000 pesos) en contratos para integrantes o allegados a la banda de "Tavi" Celis. Como en el primer expediente, las escuchas telefónicas constituyen una parte importante de la prueba en la causa "Narcomunicipio". Además de eso, en esta segunda investigación declaró como arrepentida en dos oportunidades Luciana Lemos, ex pareja de Celis. 

La jornada se retomará este viernes a las 9.30, para eso se comprometió a los penitenciarios que concluyan los traslados desde las unidades penales al edificio de la Cámara a las 8.45.

Por ahora, el juicio se suspendió para Eduardo Celis

Esa fue la única cuestión preliminar que se trató. El abogado defensor de Eduardo Celis, padre de Daniel “Tavi” Celis, pidió suspender su asistencia al debate por 30 días. Como argumento llevó al tribunal un informe médico que refiere al estado de salud delicado de Celis. De hecho está internado en el Hospital San Martín, atravesando un pos operatorio.