“Ya recuperé la libertad, ahora voy a recuperar las empresas”, sentenció Cristóbal López cuando salió de la cárcel. Con ese plan en la cabeza, el empresario K comenzó una contraofensiva contra la AFIP a la que acaba de denunciar como responsable de la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de su propiedad que durante el último gobierno de Cristina Kirchner no pagó ante el fisco el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La contrademanda de López reproduce la de muchos otros acusados por corrupción en las últimas décadas.

La justicia determinó que la deuda ascendía a 8.000 millones de pesos y hoy el empresario es juzgado en un juicio oral. Sin embargo, la defensa de López y Fabián De Sousa, su socio, sostienen que a 2015 no debían prácticamente nada. En consecuencia, ante el juez comercial que lleva la quiebra de la firma, demandaron a la AFIP y le reclaman una indemnización de 2.000 millones de pesos.

Oil Combustibles tuvo hasta su quiebra, una empresa controlante, Inversora M&S. Esta firma en la que trabajó Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), fue la que utilizó Cristóbal López para pagarle 1.727.500 dólares a Cristina Kirchner en concepto de alquiler de un dúplex en Puerto Madero desde 2012 hasta mediados de 2017 cuando fue desalojado.

El 2 de octubre ante el juez comercial Javier Cosentino los abogados del empresario K presentaron una demanda contra la AFIP en nombre de Inversora M&S en su rol de controlante de Oil. En ese escrito plantearon que no es el organismo el principal acreedor de la petrolera, como indica el proceso de quiebra y la causa en el fuero penal que se encuentra actualmente en pleno desarrollo de su juicio oral.

Sostiene la defensa de López y de De Sousa que Oil Combustibles le adeuda $ 1.791.000 a Inversora M&S porque fue el fisco el responsable de llevar a la quiebra a la principal compañía del Grupo Indalo.

A raíz de este argumento, realizaron una demanda por daños y perjuicios contra el organismo estatal, por considerarlo responsable de la quiebra. Fuentes oficiales ante la consulta de Clarín, indicaron que el objetivo de esta presentación es “excluir a la AFIP de la posibilidad de recuperar su crédito del producido de la liquidación de la empresa”.

Los dueños del Grupo Indalo sostienen en la presentación judicial que son víctimas de una persecución política encabezada por el presidente Mauricio Macri, y que está determinación para ellos, afectó gravemente a Oil que era el principal activo del Grupo Indalo, un conglomerado que durante los doce años de kirchnerismo creció hasta adquirir 170 compañías.

En función de estos argumentos, y de los manifestados por Fabián De Sousa en una denuncia penal radicada en el juzgado de María Servini, se reclamó el pago de $ 2.000 millones a favor de los empresarios K en concepto de daños y perjuicios. En aquella denuncia, el socio de López manifestó que la AFIP empujó a Oil a la quiebra. El organismo sostuvo en varias presentaciones que la firma presentó su concurso de acreedores en marzo de 2016, “por lo cual la cesación de pago es previa a esa presentación y cuando la nueva gestión reclamó el pago de deuda, se presentaron en concurso”, explicaron.

Esto viene aparejado a un recurso que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que el organismo que dirige Leandro Cuccioli, sostiene que la empresa nunca entró en cesación de pagos -condición para presentar el concurso-, sino que tenía recursos “aquellos con los que no cumplió con sus compromisos fiscales, dinero público con el que expandieron su grupo empresarial”.

Entre los planteos en los que se fundó la demanda, los dueños del Grupo Indalo plantearon que el presidente Mauricio Macri es “jefe de una asociación ilícita y pergeñaron una maniobra a través de la AFIP para quedarse” con el holding. También hablan de que están interesados en cambiar “la línea editorial” de los medios de comunicación que poseen. Señalaron que se “embistió contra la principal empresa del Grupo”, que es la petrolera que por años no pagó el ITC, un impuesto que se les cobra a cada persona que cargaba combustible en las estaciones de servicio de Oil.

Los demás argumentos se desprenden de esta acusación y fueron trasladados a la demanda civil que expusieron ante el juez Cosentino responsable de llevar adelante la quiebra de Oil Combustibles. En este expediente se procedió a la venta de los activos de la petrolera, que quedaron en manos de YPF. Esa operación significará un desembolso de $ 2.000 millones y es parte del dinero que recibirá la AFIP por ser el principal acreedor. Esa cifra es la que la defensa de López y De Sousa buscan cobrar como parte de la demanda por daños y perjuicios interpuesta.

A raíz de este reclamo, el juez comercial frenó el remate de una flota de 16 vehículos como parte de la quiebra y de los activos que buscan recuperarse. Este dinero volvería al Estado, a la cuenta específica del impuesto evadido por López y Fabián De Sousa, en este caso en concepto del ITC.

Previo a este reclamo, la AFIP ya inició una demanda civil por daños y perjuicios contra los empresarios K como principal acreedor, al considerar que la maniobra encabezada por ellos generó un “grave daño al Estado” privándolo de “fondos millonarios”. Por ello, exigieron que hagan frente con sus bienes a dicho perjuicio.

Juicio por defraudación

Cristóbal López y Fabián De Sousa sostienen que ellos son las víctimas de la maniobra. Sin embargo, enfrentan junto a Ricardo Echegaray un juicio por haber defraudado al Estado. La acusación formal contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP sostiene que llevaron adelante una “maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos".

Se ordenó una pericia en el marco del juicio que lleva el TOF 3 donde en la página 45 del informe se detalla que al 10 de diciembre de 2015 “la deuda por el ITC de Oil ascendía a 6.240.663.823 pesos. Esta cifra no contempla los intereses.

Esa deuda está contabilizada desde 2011, mientras que el juicio se centra en el lapso mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados (punto 12 de la pericia) en función de esa cifra impaga ascienden a poco más de 6.000 millones, según el anexo del informe.

Por eso, la AFIP reclamará a través de la demanda civil que es parte del juicio, más de 10.000 millones de pesos al empresario K, en concepto del ITC impago. Ante esta cifra, la defensa de López y De Sousa sostiene -tal como publicó el diario Ámbito Financiero, que integra el Grupo Indalo de López- que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos. Esta cifra corresponde a los dos planes de facilidades de pago otorgados por el Artículo 32, una potestad del Administrador del fisco. Sin embargo, “no incluye los demás planes que son objetos de la investigación”, explicaron fuentes judiciales.