Causa Varisco/Celis: “Se despejaron dudas sobre el manejo de las finanzas”, dijo Fouces

Emilio Fouces (Foto: ANALISIS)

En la audiencia del lunes "se despejaron dudas que tenía el Tribunal de cómo es el manejo contable de las finanzas municipales, sobre todo en el tema de liquidaciones de haberes”, explicó Fouces que defiende a Pablo Hernández en la causa narcomunicipio. (Foto: ANALISIS)

El abogado Emilio Fouces, defensor del concejal Pablo Hernández en la casa narcomunicipio, dio detalles del desarrollo del juicio. También explicó los motivos por los cuales se pidió la postergación del juicio por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Fouces señaló que “lo interesante de la audiencia y los testimonios del lunes fue que se despejaron dudas que tenía el Tribunal de cómo es el manejo contable de las finanzas municipales, sobre todo en el tema de liquidaciones de haberes”.

“El informe de la Oficina Antilavado de Activos de la Policía Federal había sembrado algunas dudas y el tesorero municipal fue bastante claro en despejarlas, y eso es lo que más rescato de la audiencia”, refirió.

Especificó que en su informe, las peritos contables de la Policía “habían hablado de maniobras llamativas, en ningún momento argumentaron que habían detectado algún procedimiento ilícito sino cosas que a ellas les llamaban la atención cómo se habían hecho; y el contador Correa que es subtesorero de la Municipalidad desde el año 99 –es decir que es empleado de carrera- explicó que hace 40 o 50 años que se venía haciendo igual el procedimiento de liquidación de haberes”.

“Lo que llamó la atención a los peritos es que el propio municipio deposita un cheque del municipio en su cuenta, y eso es para cumplir con habilitar fondos que no van directo a la mano de los empleados, no integran el concepto del haber neto sino el bruto que es todo lo que es aporte, contribuciones a los sindicatos, descuentos por préstamos”, especificó.

Apuntó que “no se le preguntó” a los peritos si habían realizado auditorias parecidas en otros municipios del país. “Ellos hablaron de su experiencia en todo el país porque son la única unidad que tiene la Policía a nivel nacional es decir que intervienen en cualquier causa de cualquier Juzgado Federal del país. Sí se le preguntó a Correa si habían tenido alguna observación del organismo de contralor que es el Tribunal de Cuentas y dijo que nunca recibieron ninguna observación”, señaló.

Aunque aclaró que “no es algo que atañe directamente” a su defendido, mencionó que en el informe también “se cuestionaron dos contratos de publicidad, uno que se le adjudicaría a la madre de la señor Bordeira y a otro señor a quien aparentemente no pudieron localizar el domicilio”. Asimismo, “se cuestionó el costo de lo pagado por unos baños químicos”.

Consultado por la continuidad del debate, sostuvo que “hoy hay testigos que trabajaban con Hernández en el municipio, y creo que quedan también dos o tres testigos del área contable del municipio que serán interesantes para evaluar este informe de la División Antilavado de la Policía Federal”.

Causa Urribarri  

Respecto del pedido para aplazar el inicio del primer juicio por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, su exminsitro de Cultura, Pedro Báez, y entre otros, su cuñado Juan Pablo Aguilera, Fouces explicó que “las postergaciones pedidas hasta el momento en la causa fueron por problemas de salud mío y de otro colega, y ahora esto está tan justificado como el tema de la salud”.

Al respecto, explicó que “no es una cuestión solamente de disponibilidad de tiempo, no es tenr las horas necesarias sino brindar o ejercer la defensa material real”. “Tanto la de narcomunicipio como la corrupción, son dos causas que más allá de la importancia por las personas que están siendo juzgadas –porque se da la casualidad que sería la primera causa contra un intendente de Paraná y la primera contra un exgobernador de Entre Ríos- la complejidad de las causas es muy grande”, afirmó.

“No es solo una cuestión de tiempo material sino también de lucidez, de preparación, de brindar el derecho de defensa que le asiste a las personas, más allá de las incomodidades que le pueden ocasionar a los abogados”, reiteró.

“Acá el problema es que la fecha de la causa que lleva el Juzgado provincial se fija el 22 de octubre para el 20 de noviembre, y viendo la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que era público y notorio de esta causa federal, que somos cinco abogados que coincidimos en ambas, no tuvieron el criterio de la importancia que tiene y de que esta situación se iba a plantear”, analizó.

Asimismo, consideró que “esperando un mes y medio más, no le causa ningún perjuicio a esta segunda causa porque no hay ninguna persona detenida, mientras que en la causa del Tribunal Federal hay 32 personas detenidas desde hace dos años”.

Del mismo modo, apuntó que en el marco de la causa narcomunicipio “se planteó al Juzgado Federal que se pongan uno o dos días más, e incluso el fiscal Ignacio Candioti coincidió pero también tienen un problema los jueces y fiscales del Tribunal Federal y por eso se pusieron solo dos días, porque están con causas en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.

“Lo que se planteó es que si no se podían agregar días es que se agreguen horas para acelerar. Creo que se va a agregar un día o agregar que por lo menos pasen 10 testigos por día porque todavía faltan un montón de testigos todavía”, aseveró.

Y sostuvo que su defendido, Pablo Hernández, “está queriendo que llegue lo más pronto posible la sentencia porque va a tener que pasar otra Navidad y fin de año con prisión preventiva” y mencionó que “en este caso el problema está del otro lado, de los jueces y fiscales, y nosotros no nos escandalizamos porque los problemas de agenda son reales y uno tiene que tratar de hacer su trabajo responsablemente y brindar la mejor defensa que se le pueda brindar a un cliente porque las penas de las que hablamos son importantísimas”.

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