“Esto es todo trucho. Lo único cierto son dos boludeces y lo del kiosco y la música”, dice Emilio Aroldo Castrillón, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que carga con una denuncia y pedido de juicio político para removerlo de su cargo. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados admitió la presentación que hizo el periodista Daniel Tirso Fiorotto contra Castrillón y el magistrado fue notificado del proceso.

Fiorotto fundamenta su solicitud en una serie de hechos y situaciones atribuidas a Castrillón, en las que el juez habría incurrido en “mal desempeño”, sea por “violencia de género”, en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Castrillón habló con Entre Ríos Ahora respecto del actual contexto a partir de la decisión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de declarar admisible la presentación, y se mostró más preocupado por la causa que lo involucra a partir de los incidentes que ocurrieron el domingo 28 de marzo en La Paz, a partir del altercado con un comerciante, a quien sindica por poner la música a un volumen inapropiado y permitir que su kiosco se transformase en un bar con mesas y parroquianos.  El magistrado muestra las fotos de las secuelas en su cuerpo de la golpiza que dice haber recibido de cuatro personas y se muestra afligido por la indolencia del Ministerio Público Fiscal que no consideró debidamente su planteo.

Respecto del juicio político, asegura que no conoce a su denunciante, y afirma que nada se sostendrá en el proceso luego de que depongan los testigos y se abran las pruebas. Castrillón ya adelanta que llevará 30 testigos ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Juan Pablo Cosso (Frente Creer) y de la que se apartó este miércoles su hermano, Sergio Castrillón. Además, pide ser escuchado y que esa declaración sea presencial porque, estima, cuando se dé el plazo para que declare ya habrán pasado los días suficientes de su aislamiento por Covid-19.

“Me tienen que asegurar mi derecho a ser oído -afirma- mediante una declaración presencial. Es mi voluntad ir a declarar en forma presencial. Todos los testigos deben declarar; todas las documentales se deben producir; y después, entre las imputaciones y la defensa, decidir. También deben declarar las personas supuestamente violentadas por mí”.

Castrillón reenvía un mensaje que publicó en 2019 como estado de whastapp, cuando presidía el STJ, y sostiene que esa declaración “tiene vigencia” actualmente. Entre otras cosas, dice, “no me entregaré a las mafias o a los vendehumo ni me arrodillaré por prebendas o apoyos; no cambio favores que no corresponden por cargas ni poderes y mucho menos para que algunos que creen que no han hecho las cosas bien negocien para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos”.