De ANÁLISIS

Defensores que pidieron una audiencia para explicar por qué entienden que el protocolo sanitario del Poder Judicial afecta el derecho de defensa en el megajuicio al exmandatario Sergio Urribarri y varios exfuncionarios de su gobierno, aún no hicieron el planteo.

La instancia prevista en principio para este jueves a las 9, comenzó antes de las 9.30 con cuestiones preliminares de las defensas. Debía asistir un ingeniero en Seguridad e Higiene para explicar tecnicismos -fue quien elaboró el protocolo sanitario-, pero no fue. Además, los abogados alegaron que desde el área de Sanidad Laboral del Poder Judicial se solicitó ayer al Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) del Ministerio de Salud una opinión que al inicio de la audiencia no había llegado.

El tribunal compuesto por José María Chemez; Carolina Castagno y Elvio Garzón pasó a un cuarto intermedio para decidir sobre los planteos preliminares. Cuando reanudaron la audiencia, se recepcionó la respuesta del Coes. De modo que ese nuevo informe será remitido al área de Sanidad Laboral del Poder Judicial, para que se pronuncie sobre un nuevo protocolo sanitario.

Por eso se pasó a otro cuarto intermedio, hasta mañana a las 10, para que los médicos de Sanidad Laboral del Poder Judicial -junto al ingeniero en Higiene y Sanidad que debía comparecer hoy pero no fue-, vuelvan a expedirse sobre los protocolos de seguridad contra la propagación del Covid en el marco de la audiencia para realizar el megajuicio a Sergio Urribarri, exfuncionarios de su gobierno en Entre Ríos, familiares y empresarios, entre otros.

Según adelantó el presidente del tribunal, mañana después de volver a escuchar a los médicos y al ingeniero, recién entonces se dará lugar a los defensores para que efectivicen los planteos por los cuales, entienden, los protocolos sanitarios afectan el derecho de defensa de los acusados.

“Es competencia del Superior Tribunal de Justicia analizar, adaptar y establecer los protocolos adecuados, de acuerdo a la infraestructura y la estrategia que pueda adaptarse para la ejecución de las actividades que correspondan. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y en relación a la duda en cuanto a la distancia interpersonal, las distancias aconsejadas son de 2 metros a 1.5 metros en dependencia de las características de infraestructura física donde se desarrolla la actividad o evento; el aforo de personas permitido y la cantidad de horas que perdure la actividad. Además debe existir una adecuada circulación que permita la ventilación cruzada siendo la recomendación que al menos existan dos aberturas que garanticen ventilación cruzada. Sin más que agregar, aprovechamos a saludar cordialmente”.

Eso contestó el Coes esta mañana. Fue leído en plena audiencia. Es la respuesta que esperaba el área de Sanidad Laboral del Poder Judicial, para volver a expedirse sobre el protocolo sanitario adecuado para realizar el megajuicio. Esa recomendación será evaluada y mañana, en la reanudación de la audiencia comenzada hoy, los profesionales tendrán que decir si es conveniente o no que se haga el juicio y en caso de responder que puede llevarse a cabo, que detallen las condiciones. En base a ese pronunciamiento del área de Sanidad Laboral, los defensores opinarán si están o no de acuerdo y pedirán que comience o no el juico. El Ministerio Público Fiscal se pronunciará al respecto y la decisión estará en manos del tribunal.

En audiencia, definen si realizan o no el megajuicio a Urribarri y exfuncionarios

“La suspensión de la suspensión”

Así definió la instancia la procuradora Adjunta del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche, que estaba acompañando a los fiscales Patricia Yedro, Juan francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. La jefa de fiscales se opuso a los planteos preliminares de los defensores que ni siquiera llegaron a desarrollar por qué consideran que el protocolo sanitario afecta el derecho de defensa. El tribunal no le dio la razón.  

Goyeneche preguntó a los médicos del área de Sanidad Laboral “qué normativa tomaron para elaborar el protocolo sanitario dispuesto”. Los médicos respondieron sin dar precisiones, dado que el profesional indicado para hacerlo -porque fue quien elaboró el protocolo-, no asistió a la audiencia.   

“La distancia interpersonal fue establecida en base a normativa de Salud de la Nación y la Provincia. Si tomamos 2 metros de distancia la capacidad máxima es de 47 personas en este espacio. El aforo reducido sobre esa capacidad queda en 33 personas”, explicaron.

La procuradora Adjunta señaló además que en Entre Ríos se están empezando a desarrollar eventos y festejos con protocolos sanitarios. Preguntó por qué exigen el uso de barbijo y máscara de plástico, cuando en el resto de los espacios sólo se exige el barbijo.

Remarcó también que no fue el área de Sanidad Laboral quien dio intervención al Coes en esta cuestión, sino los propios defensores. “Está mal la nota que mandaron los defensores al Coes porque cuando lo hicieron hablaban de los tres abogados nuevos que habían sido designados para el juicio pero después de eso, uno de ellos -la abogada Patricia Valín- no aceptó la defensa. De modo que ellos le dijeron al Coes que eran tres nuevos cuando no es así”.

“Actividad peligrosa”

Por otro lado, los defensores reclamaron primero la respuesta del Coes y después la asistencia del ingeniero que elaboró el protocolo sanitario para realizar la audiencia de juicio. No manifestaron en ningún momento por qué consideran que ese protocolo afecta el derecho de defensa.

“Me enteré que el defensor José Velázquez no concurrió hoy porque está con un cuadro de salud y tiene la sospecha de Covid. Yo estuve con Velázquez hace unos días”, dijo Miguel Cullen en la audiencia. El presidente del tribunal le recordó la declaración jurada que hizo. Después se opuso al pedido de Goyeneche para que responda el Coes por qué está habilitando eventos o festejos y para la realización de esta audiencia existen limitaciones. “Es impertinente e irrespetuoso. Nos guste o no, ellos imparten la normativa sanitaria”.

Más adelante, Raúl Barrandeguy soltó: “No se puede sentar acá asumiendo que los defensores somos unos sinvergüenzas que queremos suspender el debate -en referencia a Goyeneche-. Acá estamos todos en riesgo. Estamos en una actividad peligrosa. Esto no se puede hacer hasta que estemos en condiciones de hacerlo con toda la seguridad que no nos vamos a contagiar”.  

Después reclamó que de hacerse el debate, requieren “la instalación de un canal reservado, disponible con nuestro defendido que está a miles de kilómetros”. Y por último subrayó que según el cronograma hay una audiencia fijada el 8 de octubre y es feriado.