La participación estaba limitada a hijos de empleados del organismo en todas sus dependencias -incluidas las que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario-, excluyendo a cualquiera que no cumpliera ese requisito.

La cita era el 19 de mayo de 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), cuando  un interesado decidió presentarse a concursar y recibió evasivas como respuesta. ¿El motivo? No ajustarse a la insólita exigencia de que su padre o su madre fueran empleados de ATER.

El frustrado aspirante no se quedó de brazos cruzados y se dirigió al Inadi, e hizo saber el episodio: plateó haberse sentido discriminado por la condición impuesta para participar del concurso, por lo cual un lustro después se le dio la razón.

Se trata de Daniel Maximiliano Gómez, licenciado en Ciencia Política y docente universitario, cuyo interés por la transparencia institucional y la participación ciudadana en su momento lo llevaron a postularse -con solo 25 años de edad- a la Defensoría del Pueblo de Paraná.

-Siendo un concurso cerrado, ¿cómo te enteraste de la convocatoria y qué te movilizó a participar, sabiendo que desde el vamos estabas excluido?

-Me anoticié por los medios del requisito de esta convocatoria, a partir de un pedido de informes y una queja pública que había formulado el entonces senador Raymundo Kisser. Lo que hice fue acercarme a cotejar que esto fuera así, el día y la hora de la convocatoria, donde me encontré con otras personas que estaban buscando el sitio: habían cambiado de lugar, sin demasiado aviso, queriendo evitar cualquier tipo de exposición, viendo que el tema había tomado estado público. Logro averiguar hacia qué lugar se había derivado la convocatoria y me encuentro con un panorama bastante bizarro, donde quienes daban la bienvenida y gestionaban toda la cuestión eran los propios empleados de ATER, es decir los propios padres y las propias madres de los concursantes. Una movida que contaba con el visto bueno de los gremios, lo cual refleja un rol bastante triste al prestarse a convalidar este tipo de prácticas espurias. Como no pude ingresar por no ser hijo de uno de ellos, nunca supe si se trataba de una charla o un examen. Lo que me importaba con denunciarlo ante el Inadi era exponer la situación, ejerciendo una suerte de protesta ciudadana, entendiendo que se trataba de un acto discriminatorio ejercido desde el propio Estado.

-Con este dictamen favorable en la mano, ¿hay posibilidades o tenés intenciones de judicializar esta situación, yendo más allá?

-De momento no, porque se trata de una situación que data de bastante tiempo y hay una serie de plazos administrativos que entiendo ya están cumplidos. También es cierto que la intervención del Inadi no tiene poder de policía ni sancionatorio para poder condenar a otra oficina gubernamental, una persona o una entidad privada. Simplemente, se expide determinando si hubo o no una práctica discriminatoria como sucedió en este caso, pero lo que me interesa es exponer públicamente esta situación y también hacer un llamado al organismo en particular para que acelere sus tiempos y una persona no deba esperar cinco años por un dictamen. En su momento, cuando asumió Victoria Donda al frente del Inadi, le envié un mensaje por redes sociales reclamándole por mi denuncia que, por entonces, tenía más de dos años de presentada. Creo que esto también ayudaría a que los funcionarios tuvieran otros criterios y otros cuidados a la hora de tomar decisiones: si soy funcionario y veo que puedo pagar un costo en términos institucionales o personales, seguramente me voy a cuidar mucho más a la hora de convalidar un concurso de este tipo o actos discriminatorios por cualquier otro motivo. De cualquiera manera, celebro el contenido del dictamen del Inadi por lo contundente y porque no deja lugar a dudas que se trató de una práctica discriminatoria por nacimiento, vedando la posibilidad de que cualquier persona interesada participe en instancias de selección de personal.

-Más allá del dictamen, del cual fuiste notificado en los últimos días, ¿tuviste suerte con Donda cuando intentaste contactarla?

-Fue por Twitter y me respondió, diciendo que hacía pocos días había asumido en el cargo y que a la brevedad se iba a poner al día: se ve que tan breve no fue la cosa. Lo hice públicamente, entendiendo que exponer este tipo de cuestiones, significa un aprendizaje ciudadano.

A partir de aportes documentales ofrecidos como elementos probatorios por parte del denunciante, el Inadi analizó la “particularidad” del llamado a concurso y emitió un dictamen el pasado 9 de junio.

Un elemento clave fue la respuesta a un pedido de informes del Senado al Poder Ejecutivo Provincial, “en el cual se asienta la justificación oficial de la licitud del concurso” y se acredita que “efectivamente el requisito cuestionado existió”.

“La defensa que hace la Dirección de Asuntos Jurídicos (…) resulta absolutamente insustancial desde lo jurídico y se parece más a una empeñosa negación de hechos que siquiera se pueden considerar controvertidos”.

“El propio título del concurso (…) reza: ‘Concurso interno abierto de antecedentes y oposición para hijos de agentes de planta permanente ATER’”, cita el documento.

Según el Inadi, “el ‘argumento’ pretende justificar en nombre de la idoneidad y la transparencia el hecho de formar castas familiares en los organismos estatales. En un momento del informe se afirma que ‘solo se trata de un mecanismo dentro del marco legal que permita a los hijos de los empleados de ATER participar en iguales condiciones de aquellos que logran su ingreso por otros medios’; contrastar esta frase con el primer requisito del concurso (‘El postulante deberá ser hijo/a de un agente con prestación de servicios en la Planta Permanente de la Administradora…’) exime de cualquier análisis serio de lo esgrimido en el informe aludido”.

A continuación, y en base a esos argumentos, el dictamen deja planteadas una serie de preguntas: “¿O habría que entender que los/as hijos/as de los/as empleados/as del organismo no tienen las mismas posibilidades que cualquier otra persona de aportar su CV, como tantas veces se señala en el informe para señalar las chances generales de ingresar al organismo? ¿Sería por eso que estos/as hijos/as de empleados/as merecen la apertura de un concurso (que en realidad no es un concurso y fue así llamado ‘por error’) exclusivo y excluyente para ellos/as para contar con las mismas oportunidades que quienes no tienen vínculos parentales con el organismo?”.

“La ironía de las anteriores preguntas retóricas da cuenta por sí misma del peso de los argumentos vertidos en el informe analizado. Aún más, dicho dictamen solo da razón de que serán empleos precarizados en tanto no son incorporaciones a la planta sino contratos de servicios”, agrega.

En este caso, tener en cuenta hijo de quién es el postulante “resulta un criterio totalmente irrelevante desde el punto de vista funcional”, según el Inadi: “No es posible imaginar, ni tampoco hay siquiera un intento de hacerlo en el dictamen jurídico referido, cómo el ser hijo de un empleado de planta puede estar vinculado con las tareas referidas en el puesto de trabajo. Es un requisito totalmente arbitrario, sin ningún tipo de justificación funcional, que -además- deja afuera a postulantes por su familia de nacimiento”.

Cuando un procedimiento de selección de este tipo lo hace un organismo público, “la situación es aún más preocupante, en tanto el Estado tiene obligaciones de evitar la discriminación en todos los ámbitos y de promover, por el contrario, la inclusión de los grupos que históricamente han sido segregados de los empleos formales”.

El dictamen confluye en que la conducta denunciada “es encuadrable en los términos de la Ley Nº 23.592, normas concordantes y complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria”. En función de ello, recomienda a ATER “extremar la publicidad, transparencia e igualdad en los procedimientos de selección de personal para trabajar en el organismo, sin incorporar requisitos irrelevantes desde el punto de vista funcional con las tareas a desarrollar”.

ATER buscaba cubrir cargos de atención al público en Paraná, San Benito y Crespo y puestos de funciones administrativas en la dependencia de Colón y en la “Unidad Móvil de Control y Atención Itinerante del Programa de Control Fiscal”.

En la circular interna, se exigía como principal requisito que “el postulante deberá ser hijo/a de un agente con prestación de servicio en la planta permanente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos con una antigüedad no menor a un (1) año en el organismo”.

No obstante, quedaban excluidos del concurso “hijos de funcionarios, personal político, contratados, pasantes, becarios, e hijos de agentes que cuenten con otro hijo dentro del organismo, hijos de los integrantes de la Comisión de Estudio y evaluación que participen en esta instancia y para esta vacante e hijos que tengan ambos padres trabajando en ATER”.

La convocatoria vio la luz mediática de la mano del entonces senador provincial por Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos), quien advertía que el llamado a concurso violaba el artículo 36º de la Constitución provincial y solicitaba -sin éxito- su suspensión.

(El Entre Ríos)