La Justicia de Entre Ríos admitió que analizará parte de la demanda interpuesta por Sandro Jacinto Gazali, comisario inspector y exsubjete de la Departamental La Paz de Policía, contra un decreto de agosto de 2021 firmado por el gobernador Gustavo Bordet.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, en una resolución fechada el 7 de junio, admitió parcialmente el proceso promovido por el comisario contra el Estado provincial en lo que respecta a un decreto que, según el comisario, le produjo la merma del cobro de los adicionales.

Gazali es el funcionario policial que el 9 de febrero de 2019 fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura Departamental La Paz, marca Chevrolet.

Tras esa situación, el jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein, lo desplazó del cargo y le abrió un sumario administrativo. El gobernador Gustavo Bordet confirmó el relevamiento en agosto de 2021.

En paralelo a ello, la Fiscalía de La Paz avanzó con una causa por el presunto delito de peculado, con una pena en expectativa de 3 años y 6 meses en suspenso.

El comisario, por su parte, rechazó el sumario en su contra y presentó varios recursos para que sea archivado. Ante la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná promovió una demanda contra el Estado provincial “con el objeto que se declare la prescripción de la potestad sancionatoria del Estado y la caducidad y/o nulidad del sumario administrativo llevado en su contra, por vencimiento de los plazos legales, se disponga el sobreseimiento y el consecuente archivo de las actuaciones”.

También formuló la pretensión de su reintegro al cargo de subjefe Departamental La Paz; pretendió que se condene al Estado a abonarle los adicionales no percibidos desde marzo de 2019 más intereses; peticionó se le otorgue la jerarquía de comisario mayor desde el 1° de enero de 2020, fecha en la cual consideró que estaba en condiciones de ascender; y, por último, formuló pretensión indemnizatoria de daños material y moral que le fueran ocasionados, más los intereses.

En la demanda peticionó se revoque o declare la nulidad, ilegitimidad, inconstitucionalidad de una serie de decretos en los que se rechazó su reclamo en diferentes instancias administrativas

Al dictaminar al respecto, la Fiscal del fuero Contencioso Administrativo, Aranzazú Barrandeguy, concluyó que debía admitirse parcialmente el proceso.

En primer lugar, explicó que no se debía admitir el proceso contra los decretos que pretenden frenar la instrucción sumarial, ya que “no se está ante una instrucción sumarial finiquitada con resolución administrativa que causa estado”. En cambio, sí consideró que debía dictarse la “admisibilidad de la acción respecto a la impugnación del Decreto N º2439/21, fechado el 31 de agosto de 2021”.

En dicho decreto, el gobernador Gustavo Bordet rechazó un recurso de revocatoria de Gazali contra el pedido de nulidad del relevamiento en el cargo de subjefe de la Departamental de La Paz, que fue dispuesto por el jefe de Policía Maslein el 15 de febrero de 2019.

Al respecto, la fiscal entendió que en lo que respecta al decreto N° 2439 “el actor explicita la afectación a un derecho subjetivo concreto consistente en la merma de los adicionales como consecuencia del relevamiento en el cargo que revestía, habiendo impugnado la resolución que así lo dispuso como la ratificación ulterior de la máxima autoridad del ejecutivo provincial; por lo que, entiendo se encuentran satisfechos los recaudos formales establecidos en los arts. 41º, 42º y 44º; encuadrándose la acción en los arts. 1º, 2º inc. a), 4º incs. a) y b) y 17º incs. a), b) y c); y habiéndose promovido dentro del plazo del art. 19º, soy de opinión que V.E., de conformidad con lo normado por los arts. 45º y 46º a contrario sensu, todos del Decreto-ley Nº7061/83, debe declarar la admisibilidad del proceso en este apartado de la demanda”.

Al resolver, el presidente de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, Hugo Rubén Gonzalez Elías, opinó en la misma línea que la fiscal y admitió el proceso sólo en el caso del decreto que firmó Bordet, en el cual se confirmó el relevamiento de Gazali.

(Entre Ríos Ahora)