El procurador de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Conte Grand, pidió hoy que se abra un juicio político contra los dos camaristas que habían anulado la causa contra Julio “Chocolate” Rigau y permitieron su liberación. Se trata de Juan Alberto Benavidez y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

“La decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”, dice la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, que ahora deberá sortear a los miembros del jurado.

Y agrega: “La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplántandoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”.

Benavidez y Villordo habían anulado la causa argumentando que la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además dijeron que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura, publicó Infobae.

En cambio, el juez Fernando Mateos dijo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

La semana pasada, la Cámara de Casación revocó ese fallo escandaloso y reabrió formalmente la causa contra Rigau. En esa resolución, los jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis Mancini, hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal general de La Plata y por Poder Ciudadano y cuestionaron en duros términos a sus colegas de la Sala III.

“La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza Budiño, al que adhirió su colega Mancini.

Con la causa en marcha, y a la espera que se realice el peritaje del teléfono de Rigau, ahora el Procurador bonaerense pidió que se abra un jury. “La resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”, sostuvo Conte Grand.

En la presentación, el Procurador ofreció prueba y solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso.

Benavides y Villordo ya habían sido denunciados penalmente por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico. Esa causa quedó a cargo del fiscal Juan Manucci, de la UFI 6 de La Plata.

En tanto, en la causa principal, la fiscal Betina Lacki tenía previsto retomar hoy las declaraciones de los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía Rigau cuando fue detenido. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Casi todos dijeron que lo conocían a Rigau, y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta.

El viernes está previsto que se haga una copia del celular de “Chocolate”, pero los abogados del puntero desplegaron una batería de recursos en las últimas horas para intentar frenar nuevamente la pericia. La decisión está en manos del juez Guillermo Atencio, que ya hizo lugar a una suspensión el 11 de octubre.