“Lo que pedimos es que se detenga el proceso licitatorio hasta tanto el juez resuelva el amparo. Ese es el objeto de la medida cautelar. Y el objeto del amparo es que se hagan las evaluaciones y la participación ciudadana”, explicó Enderle.
La abogada de Fundación Cauce, Valeria Enderle, brindó detalles de la medida cautelar de no innovar para suspender el proceso de concesión de la Hidrovía ante el riesgo que puede implicar para el ambiente.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Enderle confirmó que este lunes 9 de febrero “presentamos esta medida cautelar en el marco de un amparo que iniciaron en su momento algunas organizaciones de la Fundación Cauce en diciembre del año pasado, y nos pareció oportuno presentar esta medida porque, como todavía no está resuelto este amparo, el Estado de Nacional sigue con este proceso de construcción de la licitación, y hasta tanto no esté resuelto, nos parece que no es viable ni legal que se continúe con este proceso. Por esas razones le pedimos al juez que lo frene”.
Al respecto, agregó que “ahora vamos a tener una audiencia de testigos. Lamentablemente el Estado Nacional, y muchas veces también los Estados provinciales, actúan a espaldas de la ley y los tiempos de la justicia no siempre son los tiempos que necesitan las comunidades y los ecosistemas para ser realmente protegidos”.
Sobre los impactos que se advierten y que llevan las organizaciones a presentar la medida cautelar, explicitó que “los impactos de la Hidrovía ya existen, porque la Hidrovía se viene desarrollando hace más de 25 años. La realidad es que, con ciertas obras que propone el Estado Nacional y que obviamente las empresas necesitan, entre comillas, profundizarían impactos en las costas, en la biodiversidad, en la fauna ictícola, en las comunidades, en la pesca artesanal, por la contaminación de las aguas, por los residuos que generan los buques, por las especies invasoras que van a atraer los buques, que obviamente van a ser de mayor calado y van a ingresar hasta otras zonas del río que no estaban ingresando”.
Ante ello, planteó que “lo que nosotros pedimos es que se hagan las evaluaciones de impacto ambiental, acumulativo y estratégico que se necesitan, y una real participación ciudadana. Acá tampoco se ha hecho la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, que es un convenio internacional que está firmado por Argentina. Entonces, desde todo punto de vista, en este momento, el proceso de licitación es ilegal e inconstitucional, y eso es lo que estamos pretendiendo que el juez resuelva. Pero hasta tanto esto no esté resuelto, necesitamos frenar el proceso de licitación, que es lo que le pedimos en este momento al juez”.
La abogada indicó que el amparo inicial “está en el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe” y la nueva cautelar también se presentó en ese mismo Juzgado.
“Lo que le pedimos al juez es que resuelva cuanto antes, porque el cierre de este proceso licitatorio se da el 27 de febrero, y estamos esperando que antes de esa fecha el juez defina esta medida cautelar”, reiteró.
En cuanto a la audiencia de este martes, comentó que “se presentarán testigos que presentó Estado nacional; algunos son funcionarios que tienen que ver con todo este proceso licitatorio”.
“Lo que han indicado en el informe, cuando contestaron el amparo, es que se han hecho estudios, que obviamente no son las evaluaciones que tienen que hacer por ley y que nosotros estamos pretendiendo que el juez les ordene hacer. Son estudios aislados, con cierto tiempo de antigüedad, que, dados los últimos acontecimientos climáticos, de sequías extremas y de bajantes extremas de los ríos que hemos tenido, claramente no los contemplan. Entonces, estamos pidiendo que se evalúe como se tiene que evaluar, y si los estudios indican que realmente esas obras se pueden hacer, que se hagan con los cuidados que se tienen que hacer; pero no sin previamente haber evaluado o estudiado los ecosistemas”, refirió la letrada.
Al respecto, aclaró que “no siempre todos estos fenómenos climáticos o ambientales están vinculados directamente a lo que se hace en la Hidrovía, pero la realidad es que no podemos dejar de tenerlos en cuenta para analizar si una obra es viable o si una obra se puede realizar. Indefectiblemente de que la Hidrovía tiene que ver con muchas situaciones que se están viviendo hoy, como ha sido por ejemplo la falta de agua en la ciudad de Victoria donde la Hidrovía tiene directa incidencia, pero la realidad es que hay otras situaciones, como por ejemplo la bajante extraordinaria de los ríos, que no tiene que ver estrictamente con la Hidrovía. Pero obviamente obras como mayor dragado van a impactar mucho más en el ecosistema del río Paraná, si hay una bajante extrema como la que hemos vivido”.
Por último, reiteró que “lo que nosotros pedimos es que se detenga el proceso licitatorio hasta tanto el juez resuelva el amparo. Ese es el objeto de la medida cautelar. Y el objeto del amparo es que se hagan las evaluaciones y la participación ciudadana”.
