En junio de 2019, en el mismo fin de semana de las elecciones en Entre Ríos, múltiples allanamientos llevados a cabo por la Policía Federal permitieron la detención de la llamada “banda de los Francia”, una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en Concordia y la región.

El impacto inicial derivó de la detención de Gabriela Francia, contratada de la Municipalidad de Concordia, con un rol activo en la organización de eventos en el Centro de Convenciones, y de su marido, un conocido docente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El cabecilla de la banda, según había trascendido en aquel entonces y quedó confirmado por la sentencia judicial, era un empleado de la Municipalidad de Concordia, identificado como Néstor Alfredo Francia Brun, alias “Cholo”.

El sujeto, al igual que los demás miembros de la organización, fue detenido y en la Municipalidad de Concordia se procedió a iniciarle una “información sumaria”.

Tuvieron que pasar 4 años y medio para que finalmente, a sabiendas de que la Justicia Federal condenó a Francia Brun a 6 años y 6 meses de prisión, dicha “información sumaria” fuera clausurada, dando paso a un “sumario administrativo”, ordenado a través del Decreto 148/2024, firmado por el intendente Francisco Azcué.

El sumario, según precisa el decreto, deberá ser instruido por la Doctora Araceli Trentin y todo lleva a suponer que desembocará en la cesantía del empleado municipal.

Según la sentencia de la Justicia Federal, Néstor Alfredo Francia Brun fue hallado “coautor penalmente responsable del delito de Comercio de Estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con el delito de Lavado de Activos”.

En el mismo decreto que ordena el sumario administrativo, también dispone respecto del futuro de otro empleado municipal que había sido detenido como presunto integrante de la misma banda: Horacio Daniel Salina. Pero en este caso, teniendo en cuenta que la Justicia dictó para él la “falta de mérito”, la municipalidad procedió a dar de baja la investigación interna que se había iniciado en junio de 2019.

Respecto de Gabriela y su esposo Juan Pablo Solari, con mayor exposición pública por su inserción en la comunidad, en el “juicio abreviado” llevado a cabo en octubre de 2022 fueron condenados a penas menores de cumplimiento condicional. Según las pruebas reunidas, ambos “se encargaban de resguardar los valores en efectivo que se obtenían como consecuencia de las actividades ilícitas de la organización, principalmente a Néstor Francia Brun y Diego Armando Trinidad, posibilitando así que subsista su funcionamiento”.

(El Entre Ríos)