La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional realizó este lunes su décima reunión virtual con la participación de tres especialistas, y avanza en el debate de cara al anteproyecto de ley que deberá proponer al Congreso antes de fin de año.

El encuentro fue presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) y a la comisión -integrada por legisladores de las dos principales fuerzas y representantes del Poder Ejecutivo- se incorporaron los senadores Roberto Mirabella (Frente de Todos) y Silvia Elías de Pérez (UCR), en calidad de autoridades de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta.

El primero en exponer fue el economista Marcelo Capello, máster en Economía de la Georgetown University, docente y titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (IERAL).

“Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que Argentina, durante varias décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, una alta volatilidad en ese crecimiento y mucha inflación”, arrancó Capello.

El economista explicó que las variables que suelen utilizarse para las fórmulas jubilatorias son la inflación, los salarios, la recaudación y algunas restricciones para mantener sustentabilidad del sistema o el poder adquisitivo.

Capello sostuvo que se debe tener en cuenta un mecanismo que “maximice la tendencia de las jubilaciones reales a largo plazo, minimice volatilidad y evite caídas muy profundas de los haberes en crisis”, consignó Parlamentario.

El especialista analizó las fórmulas de movilidad utilizadas en países de la OCDE y América Latina y concluyó que en 15 países se utiliza el IPC (inflación); en tres se utilizan salarios; en cinco una combinación entre IPC y salarios; y en tres ponen algún tipo de restricciones de sustentabilidad.

“Cuando hay crecimiento, la recaudación previsional crece más que los salarios, y los salarios crecen más que la inflación; en cambio, cuando hay una recesión, esto se da vuelta y lo que más aumenta es la inflación, más que los salarios y la recaudación”, razonó.

En ese marco, consideró que “resulta conveniente una movilidad que mejore (o no empeore) el resultado financiero sin deteriorar los haberes jubilatorios en términos reales”.

“Si la economía argentina crece a futuro, la movilidad por IPC asegurará un poder adquisitivo constante en los haberes y permitirá bajar el déficit financiero genuino del sistema”, opinó, y agregó que “si Argentina continúa con una economía muy volátil en el futuro, la movilidad por IPC minimiza la volatilidad de los haberes reales y evita caídas profundas en las grandes crisis”.

También expusieron Claudia Danani (politóloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora docente de la UBA y la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Sergio Rottenschweiler (economista, doctorando de la UCEMA, investigador y docente universitario).

Los especialistas hicieron una comparación entre las fórmulas aprobadas en las leyes 26.417 (2008) y 27.416 (2017), y evaluaron que la movilidad acumulada en 2019 hubiese sido del 34,5% con la fórmula de 2008, y del 51,1% con la posterior.

En cuanto a los aspectos comunes entre ambas fórmulas, mencionaron la utilización de índices salariales y la presencia de la inflación (primero de forma implícita, y luego explícita), y como diferencia marcaron el tope anual dispuesto en 2008, y los ajustes primero semestrales y luego trimestrales.

Para los expertos, “la utilización de la inflación puede ser negativa desde el punto de vista fiscal si existe inflación con recesión, como en el caso de 2019”, y por otra parte “el ajuste trimestral provoca que los aumentos sean en cuotas”.

Consideraron entonces que los salarios, “por cuestiones históricas, sociales y legales tienen que estar representados en la fórmula”, así como también “variables asociadas a los recursos”.

Finalmente, propusieron “constituir un tope anual para la movilidad que garantice ajuste de los haberes pero sin comprometer la sustentabilidad”, además de fijar un “tope mínimo para garantizar cierta movilidad previsional”.