Por más de cuatro horas, las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado recibieron a funcionarios y especialistas que expusieron sobre la iniciativa de etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

Senadores del oficialismo y la oposición trabajan en un dictamen único, al que se arribó luego de conversaciones con el Poder Ejecutivo y el análisis de una docena de propuestas que se habían presentado en ese sentido.

El titular de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, informó al final del encuentro que la próxima semana -tras reunión de asesores el lunes- se convocaría al plenario para avanzar con la firma del despacho.

De acuerdo al borrador del texto, al que accedió Parlamentario, se propone el etiquetado en la cara principal de los productos compuestos por azúcares, grasas saturadas y sodio; se establecen modificaciones al Código Alimentario; y se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas que concentren azúcares, grasas y sal y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes.

Además, en la iniciativa se contemplan los hábitos saludables en los ámbitos escolares y se estipulan una serie de sanciones para las empresas alimenticias que incumplan la ley, las cuales van desde apercibimientos hasta clausuras; entre otros puntos.

En primer lugar, en la reunión de este miércoles, expusieron funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Salud, Ginés González García, quien sostuvo que “la pandemia más silenciosa, y menos estridente, pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el sobrepeso y la obesidad”.

El titular de la cartera de Salud destacó el trabajo conjunto y expresó que “el consenso nunca es fácil porque los intereses son diversos, porque tenemos que adecuar además nuestras normas a lo que se refiere al Mercosur, porque nuestra industria alimentaria es muy poderosa y también la queremos proteger, con lo cual en esa búsqueda de consenso hemos trabajado intensamente”.

Más tarde fue el turno del exministro de Salud, Adolfo Rubenstein, quien dijo que más allá de haber tenido la intención, “lamentablemente” no se pudo avanzar en una ley como ésta durante la gestión anterior.

El radical recordó que según encuestas del Ministerio de Salud, “entre 2005 y 2018 hubo un 75% de aumento de la obesidad” en el país, mientras que los datos de 2018 indican que “el 65% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad” y en niños, niñas y adolescentes es el 40%.

“Es un problema que constituye la principal amenaza a la salud pública de nuestro país”, afirmó. “Me siento muy contento de que hay un proyecto consensuado”, agregó Rubinstein y consideró “oportuno que Argentina tome un camino, que más allá de que este alineado a las políticas del Mercosur, desarrolle una política independiente y soberana en este sentido”.

Desde el sector empresario, Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), valoró el ámbito de diálogo con el Ejecutivo y aseguró que se comparten “los fines y propósitos”.

No obstante, discrepó “con la idea de que el modelo chileno es el modelo deseable; Chile no es productor de alimentos procesados”. También mencionó que “la plataforma Mercosur es central y estratégica, y mucho más después de la pandemia”.

“No nos oponemos al etiquetado frontal siempre y cuando no tenga la finalidad de la demonización”, advirtió y opinó que la ley debería ponerse en marcha una vez pasada la pandemia.

A su turno, el senador chileno Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado en su país, reflexionó que “las personas cada vez están comiendo más, no alimentos, sino status, marcas”. De profesión médico, el legislador indicó que las enfermedades por la obesidad “son transmisibles” por medio de “la publicidad”, y a las futuras generaciones a través de los genes.

Los productos cargados de azúcar, grasa y sal “hemos definido que no son alimentos, no los queremos llamar alimentos”, aseveró y relató que “los resultados en Chile han sido muy exitosos” ya que “el 20% de la industria ha reformulado sus productos”.

Por la Organización Panamericana de la Salud, Sebastián Laspiur enfatizó que “es urgente y es imperioso hacerlo, sobre todo en contextos de pandemia donde el problema de la mal nutrición seguramente se vea agravado”. “En Argentina están muriendo 140 mil personas al año por problemas derivados de la mala alimentación, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”, precisó.

Laspiur apuntó que “lo que hace a un etiquetado efectivo es que sea sencillo, simple, comprendido por todos, por niños, y que alerte a la población de los ingredientes críticos: azúcar, grasa y sal”, además de recomendar que sea de forma octogonal.

Andrea Graciano, representante de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, señaló que “solamente el 26% de la población lee la información nutricional, y de ellos solo el 13% comprende las etiquetas”. “Es urgente avanzar en un etiquetado frontal de advertencias”, manifestó y observó que esto “sería un acto de gobierno que permita proteger el bien común y, sin lugar a dudas, quienes resulten mayores beneficiarios sean la población más vulnerable y vulnerada”.

Otro expositor desde el sector empresario fue Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, quien apoyó la iniciativa y el hecho de “brindar información adecuada al consumidor”, pero alertó que “esa debida información debe ser sin estigmatizar o demonizar alimentos naturales, necesarios en la medida adecuada, que no son rechazados por autoridad competente alguna”. “Necesitamos considerar salud y producción”, indicó.

En tanto, Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF Argentina, subrayó que “los niños y niñas son bombardeados y formateados en sus preferencias gustativas, de elección de sustancias de consumo alimenticio, y que son preferencias que van a continuar a lo largo de su vida. Tenemos que detener esta fábrica de consumidores”.

“Un etiquetado claro de advertencia está evidenciado que impacta en los niños y sus familias”, dijo el médico pediatra, que también afirmó que está comprobado “que la industria tiene la capacidad de reconfigurarse para ser más saludable”. Sobre el proyecto, pidió que “la ley no deje huecos que después obstaculicen su implementación”.

También expusieron Luciana Castronuovo, directora de área de la Fundación Interamericana del Corazón; Lorena Rodríguez, académica de la Universidad de Chile y miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe; Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos; María Quintana, del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Conahue; e Ignacio Porras, de la Agrupación Argentina de Nutrición y Alimentos Reales; entre otros.