Dos horas después que Martín Soria juró como ministro de Justicia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió en la Casa Rosada con los titulares de dos de las entidades de jueces más importantes del país. El encuentro fue en el clima de tensión que el oficialismo y la justicia atraviesan en los últimos tiempos por las críticas al funcionamiento del Poder Judicial y las reformas propuestas que son resistidas desde la Justicia.

“El clima de tensión que no hace falta ser muy perceptivo, nosotros lo hemos puesto de manifiesto en muchos comunicados en los que hemos hablado de la vulneración a la independencia judicial. El ser escuchado por el Presidente marca un tránsito que es nuestra aspiración de que haya un diálogo, preservando cada uno su lugar, con intercambios racionales aunque no se coincida. A través de estos encuentros se puede modificar ese clima de tensión. Fue un gesto que nos reconfortó y esperamos que se pueda profundizar”, le dijo a Infobae el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza, la entidad que nuclea a los provinciales de todo el país y que la convierte en la institución más grande.

Fernández recibió ayer a Ariza y a María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires (JUFEJUS), que reúne a los jueces de todas las Cortes del país, excepto la nacional. Fue a las 18, dos horas después que Soria asumió como ministro de Justicia. El flamante funcionario no estuvo en el encuentro.

Fue la primera reunión que el Presidente tuvo con entidades de jueces desde que asumió en el gobierno. La gestora fue Battaini, jueza de la Corte de Tierra del Fuego y una de las integrantes de la comisión de juristas que convocó Fernández el año pasado para analizar el funcionamiento del Poder Judicial y que le presentó una serie de propuestas de reformas. El objetivo fue hablar de la situación de los poderes judiciales de la provincia.

El encuentro se dio en una escala de tensiones entre el oficialismo y la justicia. “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, dijo el Presidente el 1 de marzo en el Congreso. En febrero la ANSES había intimado a más de 200 jueces ya con la jubilación otorgada a renunciar, lo que fue tomado desde la justicia como una maniobra para hacerse de cargos. El año pasado se impulsaron las reformas a la justicia y al Ministerio Público Fiscal, que son resistidas. Y luego la salida de Marcela Losardo, considerada una moderada, del ministerio de Justicia y la llegada de Soria, quien públicamente ha sido crítico de la justicia e inscribe la teoría del lafware que sostiene la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde el gobierno consideran que una parte del Poder Judicial fue el instrumento para perseguir a funcionarios kirchneristas, que debe reformarse para brindar un verdadero servicio de justicia y que las resistencias son corporativas para no perder privilegios.

Esa disputa es en la justicia federal, la de los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan las causas de corrupción contra funcionarios públicos y empresarios. Ni Ariza y Battaini representan a ese sector de la justicia, sino a los Poderes Judiciales de las provincias. Distinción que no es menor en el análisis político de los gestos.

“En particular nos interesaba destacar que somos la justicia ordinaria y en la llamada reforma judicial y en otras políticas que se proponen lo que se toma en cuenta no es la justicia ordinaria. Por la justicia de las provincias pasan el 85% de las causas que se tramitan en el país”, explicó Ariza, que es juez de Cámara de Rosario.

Un tema del encuentro fue la intimación a más de 200 jueces en todo el país que hizo la ANSES. Fue a magistrados que ya tienen la jubilación otorgada para que en 30 días renuncien o se iba a archivar el trámite. “El Presidente nos dijo que no había ninguna intencionalidad para hacerse de vacantes o para que magistrados que se retiren y nosotros pusimos de resalto el estado de ansiedad y preocupación que está comunicación de la ANSES generaba”, sostuvo Ariza. La Asociación de Magistrados Nacionales y la Asociación de Fiscales iniciaron una demanda para que la circular de ANSES sea declarada inconstitucional.

Los jueces hablaron con el Presidente sobre las causas de violencia de género y sobre la situación tecnológica que atraviesan los Poderes Judiciales en las provincias. Fernández les pidió que para tratar cada tema se pongan en contacto y generen un canal de diálogo con la ministra de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y con Soria, el flamante titular de Justicia, quien hoy en su primer día en el cargo criticó al procurador interino, Eduardo Casal, sobre quien dijo que su situación “es insostenible”.

“Nos prestó mucha atención y tuvimos una consideración muy lograda del Presidente, una manera de ver con mucho respeto la labor que se realiza desde todos los Poderes Judiciales del país”, concluyó Ariza.