La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a realizar ejecuciones y embargos a los contribuyentes que todavía no pagaron el nuevo impuesto a la riqueza.

El organismo indicó que “con el objetivo de garantizar que todos los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplan con sus obligaciones la AFIP inició más de 2500 fiscalizaciones”, algunas de ellas presenciales y otras virtuales, informó Infobae.

“Las personas que fueron notificadas a lo largo de las últimas semanas poseen patrimonios superiores a los $200 millones. La mayoría son contribuyentes que omitieron completar sus declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”, indicó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

“También existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación”, aclararon.

Al respecto, Marcó del Pont definió que para avanzar con el proceso de fiscalizaciones “el organismo habilitará la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas como la traba de embargos bancarios o la inhibición de bienes contra esos contribuyentes”.

Si bien la AFIP aclaró que “sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y MiPymes”, cuando “se trate de personas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario que no hubieran cumplido con su obligación el organismo podrá realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares”.

Hasta ahora, como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por la AFIP en todo el país, “distintos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago”.

De esta forma, “el monto total generado por el Aporte solidario y extraordinario asciende supera los $230.000 millones, unos $7mil millones más que al vencimiento” de fines del mes pasado. Esta cuenta toma en cuenta el dinero declarado, pero no percibido por completo, ya que una buena parte de los contribuyentes que aceptaron el pago lo concretarán a través de un plan de pagos.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, aclaró el organismo.

De todos modos, se informó que “la AFIP dispuso que, sin perjuicio de los procedimientos de fiscalización iniciados, aquellos contribuyentes que adeuden el pago podrán regularizar su situación a través de planes de pagos. La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2021”.

“Quienes opten por esa vía podrán cancelar el capital adeudado en hasta 3 cuotas (un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 30%). Aquellos contribuyentes que además deben pagar las multas correspondientes por no cumplir en tiempo y forma podrán allanarse a la fiscalización y regularizarlas en 3 tramos”, se agregó.

Estas medidas se darán a conocer en forma oficial a través de dos resoluciones de la AFIP que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.

Cabe destacar que, aunque la AFIP consideró que la aceptación del nuevo impuesto a la riqueza fue exitosa, muchos contribuyentes se presentaron a la justicia para pedir ser excluidos de su pago, con suerte dispar; algunos jueces les concedieron una medida cautelar -tanto por haber cambiado de domicilio fiscal al exterior antes de la sanción de la ley como por tener que liquidar parte de su patrimonio para pagar-, mientras que otros las rechazaron.

Los contribuyentes que se manifestaron en contra del pago del impuesto se dividieron entre los que presentaron las mencionadas medidas en la Justicia, aquellos que presentaron una multinota en la AFIP y quienes pagaron y luego protestarán, cuando crean que estén dadas las condiciones para tener éxito.