El pliego para nombrar a Caamaño como directora general de la AFI fue enviado en junio de 2020 a la Cámara alta.
El Presidente Alberto Fernández prorrogó por 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dispuesta el 21 de diciembre de 2019, y ratificó al frente del organismo a Cristina Caamaño, cuya postulación fue remitida al Senado.
A través del DNU 359/21, Fernández destacó la puesta en funcionamiento de mecanismos de transparencia en el manejo de recursos e instruye a profundizar las reformas implementadas por Caamaño, cuyo pliego para ser nombrada como directora general de la AFI fue enviando el 22 de junio de 2020 a la cámara alta.
“Las modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, señaló el DNU firmado por el jefe de Estado, publicó la agencia de noticias Télam.
En los fundamentos de la normativa se destaca que durante la intervención se han “reducido las partidas confidenciales al mínimo indispensable y se ha generado un programa responsable de rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”.
Fernández también puso en relieve el proceso de puesta en funcionamiento de un mecanismo tendiente a enmarcar las actividades de los organismos de inteligencia en las prescripciones de la Ley de Protección de Datos Personales, “así como la de centralizar sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia”, subraya el decreto rubricado por el mandatario.
En ese sentido, el DNU indica que “corresponde robustecer la excepcional tarea llevada a cabo en conjunto con organismos de derechos humanos y restantes dependencias del Estado Nacional, relacionada con la protección y sistematización de archivos históricos” de la ex SIDE. Y todos los documentos “referidos al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte del Estado Argentino que se investigan en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.
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