Mediante una nota firmada ayer y publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente, del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”, en referencia a lo que refiere como “robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

La instrucción es complementaria al otorgamiento, también dispuesto por el ministro, de un “aporte no reembolsable” de siete millones de pesos a los comerciantes que fueron “víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

El miércoles pasado, mientras todavía se encontraba en Washington, donde ese mismo día el directorio del FMI aprobó el envío de USD 7.500 millones para la Argentina, Massa reaccionó a lo que sucedía en la Argentina y dijo a la prensa que cubría sus gestiones: “en el ministerio de Economía tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se les hagan un aporte no reembolsable. Es decir, un apoyo económico de la Secretaría de Industria de hasta siete millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”, publicó el portal de Infobae.

 “Creemos que la gente de trabajo víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”, comentó el ministro. Y agregó: “Hay dos planos para mirar. Uno es el de los delincuentes y la causa u origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simples delincuentes o delincuentes instigados. Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo, el comerciante y el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días y fue víctima de un delito”.

Y en virtud de ello hizo otro anuncio: “Le pedimos a la Secretaría de Legal y Técnica del ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra en una comisaría. Vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales para ver si aplican el código penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada”, indicó.

Ayuda a comercios víctimas de saqueos

Economía ya dio a conocer los pasos que deben seguir los comerciantes que fueron víctimas de saqueos para recibir los finalmente llamados “Aportes No Reembolsables (ANR) por hasta $7 millones, para “quienes hayan sido víctimas de los actos de violencia ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén”.

Aunque el presupuesto originalmente asignado a los aportes es de $700 millones, desde Economía aclararon que el monto total se puede ampliar si la demanda supera el tope.

Para acceder a esta compensación de daños los damnificados por los saqueos deben cumplir ciertas condiciones y seguir una serie de pesos. Por ejemplo, los comercios con más de 50 empleados deberán cumplir con el acuerdo de Precios Justos. Los pequeños, por el contrario, tendrán acceso automático.

Para hacerlo deben ingresar la solicitud por Trámites a Distancia (TAD), incluyendo allí la denuncia penal, la certificación contable del daño y constancia de CBU certificada y –adicionalmente, aunque esto es optativo- “cualquier otra documentación probatoria, como sumario judicial, fotos y videos.

Según informó el gobierno, los organismos que evaluarán y aprobarán los “Aportes No Reembolsables” serán los ministerios de Economía -a través de las Subsecretarías PYME, de Industria y de Comercio Interior-, el de Trabajo y el de Seguridad, que deberá informar sobre las zonas donde se registraron saqueos.

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Grupos de WhatsApp y agitación por redes sociales, detrás de los robos organizados

Desde el martes pasado se analiza la organización previa de los hechos registrados principalmente en el conurbano bonaerense. Los resultados de los primeros días de investigación permitieron determinar que en muchos casos hubo personas con antecedentes penales involucradas en los ataques a supermercados y otros comercios.

Convocatorias a través de grupos de WhatsApp y agitación a través de redes sociales fueron los denominadores comunes de los robos organizados a comercios y supermercados ocurridos en distintos puntos del país y principalmente en la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, según señalaron fuentes oficiales y judiciales.

Los resultados de los primeros días de investigación permitieron determinar, además, que en muchos casos hubo personas con antecedentes penales involucradas en los hechos delictivos, algo que quedó plasmado en los distintos expedientes judiciales y que provocó que los investigadores vuelvan a preguntarse quiénes pueden estar detrás de los hechos.

En Moreno, provincia de Buenos Aires, se produjo una situación particular: en una vivienda allanada en una causa por supuesto tráfico de estupefacientes se encontraron elementos robados de un supermercado chino y hasta un changuito de ese comercio, informaron fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias Télam.

Hasta ahora, los robos organizados tramitan ante la justicia local y fueron provisoriamente encuadrados como “robo en banda en poblado” que tienen penas de hasta 10 años de prisión, aunque la justicia federal porteña tiene un expediente abierto en el que se intenta determinar si el dirigente Raúl Castells participó de la organización, según él mismo dijera públicamente.

“Las investigaciones recién empiezan y por ahora se investiga cada caso en su jurisdicción, aunque pueda haber comunicación entre los investigadores. No se descarta ninguna hipótesis”; respondió una fuente judicial cuando se le consultó si se observaba una organización común detrás los disantos hechos con características similares ocurrido esta semana.

Un caso que llamó la atención de la justicia y de la política fue el de una mujer del partido bonaerense de Lomas de Zamora que fue incorporada a un grupo de WhatsApp en el que se convocaba a saquear comercios: por temor a quedar involucrada en un hecho delictivo hizo la denuncia y eso permitió detener a los 4 supuestos instigadores en Ezeiza.

El martes último, cuando comenzaron a sucederse los intentos de robo, fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien denunció públicamente que ese “día empezó una campaña masiva por las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo, un bombardeo constante”.

Durante la semana, fuentes consultadas por esta agencia aseguraron que distintas fuerzas policiales, a través de los trabajos de inteligencia criminal, habían detectado que desde días previos se habían comenzado a organizar robos.

En este contexto, el jueves último el Gobierno nacional oficializó la creación del Comando Unificado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad y al aseguramiento de cualquier situación que amenace los derechos y garantías constitucionales en todo el territorio nacional”.

El organismo reúne a “la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, y Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

También quedará integrado por “representantes de los cuerpos policiales de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias que, en todo caso, designen las autoridades competentes. Los funcionarios designados poseerán, en el marco de sus funciones, capacidad decisoria sobre el personal y los medios afectados al operativo de seguridad”, según se aclaró en la normativa.

El viernes pasado, la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, afirmó que los detenidos por los robos organizados que se registraron esta semana en distintas ciudades integran “bandas de delincuentes, incluso con antecedentes” y aclaró que si hubo responsabilidad de algún sector político “lo va a determinar el Poder Judicial”.

“La convocatoria fue el denominador común porque se armaron a través de redes sociales o WhatsApp para cometer delitos en el país. El resultado de los allanamientos da cuenta que son bandas de delincuentes con antecedentes y que, en algunos casos, estaban siendo buscados. Por eso estamos haciendo investigaciones cruzadas”, dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Con respecto al aval o impulso de algún sector político a los robos en banda, la funcionaria aseguró que “hubo irresponsables que han querido generar este caos y difundieron y fomentaron este tipo de robos” pero advirtió que la responsabilidad política “lo va a determinar el Poder Judicial”.

En tanto, destacó el funcionamiento del comando federal de seguridad unificado tras asegurar que “se dio una buena respuesta y se han parado muchos intentos de robos” con el accionar de las fuerzas federales en conjunto con las policías locales.

Varios de los robos organizados e intentos de robos de esta semana ocurrieron en las zona oeste y noroeste del Gran Buenos Aires.

La jueza de Garantías 6 de San Martín, Elena Gabriela Persichini, confirmó que cuatro personas fueron aprehendidas acusadas de ingresar a robar a un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz, el 22 de agosto pasado.

En otro local de esa cadena en Maquinista Savio, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta, por lo que la policía detuvo a seis personas, cuatro de ellos de entre 12 y 15 años, según informó el municipio de Escobar.

En tanto, en el partido de Merlo hubo otros cuatro detenidos, uno de ellos en la localidad de Libertad, cuando intentó ingresar junto a un grupo de personas a un supermercado de la empresa Carrefour, mientras que tres jóvenes fueron apresados al intentar robar una carnicería en San Antonio de Padua.

Mientras que en Moreno se registraron al menos tres hechos delictivos en dos supermercados y en un comercio de ropa: según voceros judiciales y municipales, hubo un total de 15 personas detenidas que serán indagadas por los delitos de “robo calificado, poblado y banda”, y tres de ellos también por los delitos de “daño y uso de arma impropia”.

Uno de esos casos fue cometido el 22 de agosto en el supermercado Reconquista, de la localidad de La Reja, donde los delincuentes no solo robaron mercadería, sino que destrozaron el lugar y lo prendieron fuego. El mismo día, pero en pleno centro comercial de Moreno, un grupo de personas jóvenes, varones y mujeres, asaltó un local de ropa “Narrow”.

Hasta el jueves, unas 120 personas fueron detenidas como acusadas de cometer robos o intentos de robo en distintos supermercados y comercios del conurbano bonaerense, mientras que otras 50 fueron apresadas en allanamientos realizados por intimidaciones realizadas mediante grupos de WhatsApp, informó el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad provincial, Javier Alonso.

En el barrio Casasco de Moreno Sur se realizó una serie de allanamientos donde se recuperó mercadería robada del local “Reconquista”, además de drogas, armas y teléfonos celulares. En este caso se detectó que personas investigadas por venta de drogas guardarían relación con los robos en banda cometidos en esa zona.

En Luján siete personas, dos de ellas menores de edad, fueron aprehendidas por la policía por intentar robar en un supermercado y luego atacar camiones con mercadería que pasaban por los alrededores, lo que derivó en enfrentamientos con los efectivos.