El Gobierno no envió fondos previsionales a 13 provincias. La deuda supera por lejos la partida asignada para el año entrante. Reclamos en la Corte y promesas.

El reclamo por las cajas de jubilaciones provinciales aparece como uno de los temas políticos y financieros más complejos de resolver para la discusión por el Presupuesto que Javier Milei abrió con su discurso del domingo en el Congreso. Enfrente, 13 gobernadores presionan por las transferencias que la gestión libertaria ni siquiera devengó desde que asumió la gestión.

Aunque Guillermo Francos y Luis Toto Caputo intentaron convencer a los mandatarios provinciales de que el pedido de ajuste de 60 mil millones de dólares al que el Presidente hizo referencia en la cadena nacional del domingo fue sólo “una forma de decir”, los gobernadores ven a la vaca de lejos y empiezan a llorar.

En marzo, el DNU 280/2024 estableció suspender la vigencia de los artículos del Presupuesto 2023 que disponían el modo en que la ANSES debía liquidar los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales. Allí comenzó un conflicto que, en la vorágine libertaria, se fue diluyendo en medio de otras negociaciones. Los estados provinciales debieron afrontar ese costo con recursos propios.

Tras la privatización del sistema que llevó adelante el menemismo, la Nación primero absorbió los sistemas de 11 provincias y luego acordó el financiamiento de los déficit de las cajas previsionales del resto de las juridicciones. Desde entonces, el tema es central en cada uno de los presupuestos que se debaten en el Congreso y en los acuerdos fiscales que los diferentes gobiernos fueron firmando con las provincias. Esta vez no será la excepción, aunque todo parece haber cambiado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Los especialistas entienden que, a diferencia de lo que pasaba en otras gestiones, cuando se impulsaban armonizaciones de diferente tipo, todo hace suponer que el Estado nacional va a querer avanzar en la eliminación de las leyes que establecen el financiamiento de las cajas provinciales, publicó este martes Letra P.

En lo que va de la gestión mileísta, la cuenta ya fue de suma cero. El proyecto que modificó la ley de movilidad contenía un artículo que preveía la cancelación de las deudas, pero el Presidente la vetó.

Qué contempla el Presupuesto 2025

El artículo 59 del proyecto de Presupuesto de Milei pone a disposición 254.421 millones de pesos de la ANSES para derivar a las cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus regímenes al Estado Nacional. Son 13: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Entre ellas, sólo podrán requerir el pago “aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior”.

El debate en torno a las deudas que la Nación sostiene con las cajas provinciales es un tema que aparece en cada una de las campañas electorales, las negociaciones y los tironeos entre los gobernadores y el poder central. Hace un par de semanas el tema volvió a ponerse en agenda cuando el jefe de Gabinete aseguró que la “ANSES no mantiene deuda alguna con las provincias”.

“Sin deudas reconocidas, se descuenta que lo presupuestado para el ejercicio 2025 no contempla responder ninguno de esos reclamos”, dice a Letra P Alejandro Pegoraro, que dirige la consultora Politikon, cuyo último informe advierte que “bajo el supuesto de que comenzarían a realizarse estos envíos, hoy frenados, la suma del crédito presupuestario detallado no cubre lo que las provincias demandan como deuda, abriendo la puerta así a la continuidad de reclamos por vía administrativa o incluso judicial a tal efecto”.

Sólo para ilustrar la situación, vale advertir que Buenos Aires y Santa Fe reclaman deudas por encima de los 700 mil millones de pesos, Córdoba por encima de los $450 mil millones y Entre Ríos por encima de los $150 mil millones.

La negociación con los gobernadores

“Si Francos dice eso es porque no está informado, alcanza con ir y mirar la demanda que está en la Corte”, contestó Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, cuando Francos desconoció las deudas en su paso por el Congreso.

Luego de la reunión de este lunes, el chubutense Ignacio Torres dijo que el clima había cambiado y que “hay una intención del Gobierno de querer reconocer lo que le debe a la provincia”. “Es importante, pero hay que ejecutarlo, ya está hecha la auditoría correspondiente y se puede compensar deuda. Hay distintos mecanismos y nosotros estamos dispuestos a colaborar”, dijo abriendo la oportunidad para avanzar en acuerdos que vayan en la dirección que reclaman también la mayoría de sus pares a lo largo del país.

Allí es donde aparece el nudo gordiano del problema, que obliga a dejar a un costado la prédica anticasta que Milei desempolva en público, pero deja a un costado en las reuniones sin tribunas. El Gobierno deberá buscar la manera de dilatar cualquier tipo de acción que, en la Justicia, obligue a la Nación a desembolsar una suma de dinero que no contempla. Con los antecedentes inmediatos como el de los radicales violetas, todo el mundo mira a los gobernadores aliados, entre los cuales hay varios que sostienen reclamos ante la Corte que podrían complicar el año electoral.

Exagerando o no, el propio Milei dijo el domingo que no creía en las políticas contracíclicas y que su primer Presupuesto blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál fuera el escenario económico. A su pesar, las viejas reglas de la política podrían evitarle el riesgo de tener que comprobarlo.