Karina Milei junto al gabinete libertario en el Congreso.
Durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei anunció un ambicioso paquete de “90 reformas estructurales” −diez por cada ministerio− que su Gobierno planea enviar al Congreso en tandas mensuales.
El menú incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Penal, a la legislación ambiental y educativa, al régimen electoral y al financiamiento de los partidos políticos, así como cambios en materia de inteligencia, medios de comunicación, patentes y comercio exterior. El Presidente incluso insinuó la posibilidad de abrir el debate sobre una reforma de la Constitución Nacional.
Según pudo saber el diario La Nación de fuentes legislativas y de Gobierno, buena parte de las iniciativas se gestaron en el Consejo de Mayo, el órgano consultivo creado por Milei para diseñar reformas estructurales.
El Consejo fue integrado por una mayoría de funcionarios del oficialismo y aliados: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y los legisladores Carolina Losada (UCR) y Cristian Ritondo (Pro). Completaron la nómina el presidente de la UIA, Martín Rapallini, y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, que tras el mal trago de la reforma laboral esta semana afirmó que el Consejo “no existe más”.
En su discurso, Milei reivindicó el impulso reformista de su gestión y convocó a “abrazar políticas de Estado” para construir una “nueva arquitectura institucional” basada en lo que definió como los valores de la “moral occidental”. Los anuncios, sin embargo, quedaron opacados detrás de cruces que el mandatario mantuvo con los legisladores opositores presentes.
A continuación, algunos de los cambios que el Gobierno evalúa impulsar en el Congreso.
Propiedad privada
Uno de los primeros anuncios fue la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, que el Presidente presentó como un paquete destinado a “proteger los derechos fundamentales de los argentinos”.
Entre las iniciativas analizadas figura una modificación a la Ley de Expropiaciones, que limitaría la indemnización al valor objetivo de mercado y a los daños directos, además de establecer que el pago se realice en efectivo antes de la transferencia del dominio.
También se estudian cambios procesales para agilizar los juicios de desalojo, consignó el diario La Nación.
En materia de tierras, el Gobierno propone reformar la Ley de Tierras Rurales para fijar un límite de 1000 hectáreas a la titularidad por parte de entes gubernamentales extranjeros, aunque con excepciones para inversiones consideradas de interés público.
Otro proyecto apunta a modificar la Ley de Integración Socio Urbana, vinculada a la regularización dominial de barrios del Renabap. La iniciativa propone que las cuotas no superen el 20% del ingreso familiar y habilita la libre disposición de la vivienda tras la primera adjudicación.
La “Ley Bases II”
El Presidente también anticipó una nueva ola de reformas destinada a “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” y facilitar la inversión.
La idea había sido adelantada por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante el debate del presupuesto 2026. El plan oficial consiste en avanzar con una segunda generación de reformas desregulatorias, muchas de ellas inspiradas en el espíritu de la primera Ley Bases.
A diferencia de aquella norma, el Gobierno no enviará un único megaproyecto: las iniciativas llegarán fragmentadas por temas.
El objetivo central, según explicaron fuentes del Ministerio de Desregulación, es eliminar privilegios regulatorios y barreras de acceso a los mercados para promover la competencia.
Acuerdos internacionales y patentes
Durante su exposición −que se extendió por una hora y cuarenta minutos− Milei también insistió en la necesidad de ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos, similar al firmado con la Unión Europea.
Según pudo reconstruir el diario La Nación, el proyecto el fallo de la Corte Suprema estadounidense que cuestionó el alcance de aranceles dispuestos por Donald Trump.
Desde la Cancillería sostienen que el entendimiento implicará compromisos internacionales que deben ser aprobados por el Congreso, por lo que sus distintos capítulos deberán tratarse por separado.
Uno de ellos es la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026. El objetivo es alinear el sistema argentino con estándares internacionales, una decisión que impactará especialmente en medicamentos y semillas para el agro.
Milei presentó esta iniciativa como parte de una “revolución productiva” para el sector agropecuario. Según dijo, el país podría duplicar su producción de granos hasta alcanzar 300 millones de toneladas, siempre que se garanticen derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones en semillas.
La eventual eliminación de las retenciones, añadió, dependerá de que el Gobierno logre mantener el superávit fiscal.
Ambiente
En materia ambiental, el Gobierno buscará revisar regulaciones que, según Milei, limitan el aprovechamiento de recursos naturales.
Uno de los cambios en estudio es la modificación del Régimen de Zonas Frías, con el objetivo de centralizar en el Poder Ejecutivo la definición de los beneficios tarifarios de gas.
También se analiza una reforma a la Ley de Bosques Nativos. El esquema mantendría la prohibición de desmontar áreas de alto valor de conservación (categoría roja), pero flexibilizaría el uso productivo en zonas de menor valor ambiental (categoría verde), donde bastaría con informar la actividad y presentar planes de manejo sostenible. Se trata de un guiño hacia el agro y la ganadería.
El Gobierno además evalúa actualizar la Ley de Acuicultura para promover el desarrollo de la producción en ambientes naturales y artificiales.
Por último, se estudia derogar el régimen regulatorio del gas licuado de petróleo.
Reforma política y electoral
Milei también anticipó cambios en el sistema político. Según fuentes del Gobierno, se trabaja en lo que definieron como un “paquete anticasta” que podría incluir reformas en la legislación sobre medios de comunicación y regulaciones sobre funcionarios públicos.
En materia electoral, se evalúan tres objetivos: eliminar definitivamente las PASO, suprimir el financiamiento público de los partidos políticos e implementar la Boleta Única Papel a nivel federal, destacó el diario La Nación.
Justicia
La reforma judicial será otro de los capítulos centrales. Milei, que aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y designó como sucesor a Juan Bautista Mahiques, prometió enviar proyectos para que el Poder Judicial sea “ágil, eficaz y justo”.
Entre las iniciativas mencionó una reforma del Código Penal para endurecer penas y ampliar los delitos con cumplimiento efectivo de prisión, aunque el texto definitivo todavía no se conoce. Según trascendió, el flamante ministro prevé reunirse esta semana con los jueces de la Corte Suprema de Justicia para sumarlos a este debate.
Milei también volvió a mencionar la implementación del juicio por jurados a nivel federal, una propuesta que en 2024 había obtenido apoyo casi unánime en Diputados.
La puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en tanto, no sería una prioridad para Mahiques.
Educación
En el plano educativo, Milei afirmó que el Gobierno avanzará en reformas de la educación inicial, primaria y secundaria.
El proyecto de Libertad Educativa, surgido del Consejo de Mayo, declara a la educación básica como servicio esencial y reconoce modalidades alternativas como el home schooling (educación en casa) y la educación virtual.
Entre sus principales ejes figuran un sistema de financiamiento centrado en el alumno, la creación de un Examen Nacional de Educación Secundaria y un instituto destinado a profesionalizar la carrera docente con criterios de mérito.
Inteligencia
Por último, el Gobierno planea enviar un paquete de leyes para reorganizar el sistema de inteligencia y “fortalecer” su coordinación con las fuerzas de seguridad.
Las reformas aún se encuentran en elaboración, pero la intención es convertir en ley varios cambios introducidos por el DNU 941/25, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de detener personas sin orden judicial y acceder a datos personales almacenados en organismos públicos, medidas que generaron fuertes cuestionamientos de la oposición.
