Se supo que el fiscal Eduardo Ruhl requirió la imputación de Ricardo Alberto Alcain y del bioquímico Daniel Langhi, a quienes encontró responsable del delito de peculado de trabajo o servicios, previsto y reprimido en el artículo 261 del Código Procesal.

Esta causa está directamente relacionada con el arranque del escándalo que se descubrió en 2006 en el hospital San Roque de Paraná, luego de que una mujer sufriera por la irresponsabilidad de varias personas, se le transfundió sangre con HIV.

En el comienzo de la investigación se desdoblaron los hechos delictivos que se denunciaron en el juzgado de Zilli. Por un lado la grave situación de la mujer que terminó con el juicio y la condena de Alcain por parte de la Sala I de la Cámara del Crimen.

Una vez finalizada esta etapa, se profundizó la investigación de la otra parte de la denuncia: el traslado de sangre del Estado al sector privado, donde aparentemente se la comercializaba.

Ruhl reclamó varias medidas tales como el secuestro de material y documental del hospital San Roque, del Sanatorio Río, de la Asociación de Sanatorios y Clínicas (Acler), IOSPER, OSPA Vial, Cirme y Consalud. A estas entidades se les exigió la remisión de los originales de las facturas emitidas entre enero de 2004 y abril de 2007 inclusive.

Con esta serie de elementos y otros testimonios llegó a la conclusión de que tanto Langhi como Alcain eran, en esa instancia de la investigación, responsables.

El fiscal explicó en el requerimiento de instrucción que Alcain y Langhi, en su carácter de jefe de Hemoterapia y encargado coordinador de sala del hospital San Roque respectivamente, valiéndose de los cargos públicos que desempeñaban, emplearon en provecho propio los servicios de Hemoterapia del hospital público, (tales como insumos, equipamiento, mano de obra y otros recursos técnicos y humanos), al disponer desde 2004 a 2007 de unidades de sangre allí extraídas y analizadas, derivándolas a los servicios de medicina transfucional privados, los que también se encontraban a sus respectivos cargo y función, que operan en el Sanatorio Río, Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar e Instituto Privado de Pediatría, todos de la ciudad de Paraná.

En la investigación se establecieron estas sospechas luego de confrontar las respectivas planillas de salida de unidades del Hospital San Roque y las constancias extraídas de los libros de transfusiones de sangre de las instituciones privadas referidas, donde se gestionaron y percibieron honorarios por el servicio de transfusión efectuado, ocasionándole el consecuente perjuicio patrimonial al Estado provincial, dado que no procedieron a restituir, de manera proporcional, al hospital público las unidades de sangre y componentes recibidas.

A criterio de la acusación fiscal, tampoco abonaron al nosocomio público gastos de extracción de sangre, análisis de serología, envasamiento y preparación de las unidades de sangre.

Se estima que este “tráfico” de sangre donada en el hospital San Roque se la llevaba con total conocimiento al sector privado, donde los mismos médicos estaban al frente de las unidades de hemoterapia, donde cobraban entre los honorarios la transfusión de la sangre a los pacientes.

Según establece el Código Procesal Penal en el artículo 261, se dispondrán penas efectivas de dos a 10 años de prisión a todos aquellos que produjeran el delito de Peculado de trabajo o servicios, como así también la inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público.

Hoy, Alcain se encuentra con tareas comunitarias y prisión condicional, para lo cual ya se puso a disposición de la nueva causa iniciada.

La jueza Zilli demostró en esta causa ser muy respetuosa de la situación de los acusados. Para ello es que prefirió separar en el tiempo la formulación de la imputación con la resolución del juicio a Alcain.

Tras notificarse de los fundamentos, la magistrada le pidió a los dos profesionales que designen sus abogados defensores, lo que determinó la nominación de Candelario Pérez y Marcelo Baridón.

Ahora se espera que se fije la fecha para la citación a prestar declaración indagatoria, lo que podría llegar a ocurrir una vez que finalice la feria judicial, allá por febrero de 2012.

Fuentes judiciales explicaron a Uno que la documentación surgida en el primer juicio, como el testimonio de varios testigos que dejaron entrever las situaciones irregulares con el movimiento de la sangre, podrían llegar a ser incorporadas en este expediente.

El expediente en cuestión se inició por el entonces fiscal Elvio Garzón, que impulsó la investigación.