La situación se originó a partir de la presentación de dos vecinos que consideraron “que la antena no cumplía con la normativa en lo que atañe a instalación de antenas de telefonía celular”, expresó el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay.
Cabe recordar que en el momento de la presentación estaba a cargo de la Defensoría Marta Benedetto, quien llevó adelante un expediente por el cual se intimó a la empresa -Personal- a que cambiara de lugar la antena. Al cumplir con la exigencia “la compañía se acogió a una prórroga que significaba el pago de una multa que en otros casos similares alcanzaba una cifra cercana a los 50.000 pesos”.
“Según la ordenanza municipal de 2008 indica que las antenas de telefonía celular no pueden estar sobre la tierra, sino que deben ubicarse sobre edificios”, explicó el funcionario.
Por lo tanto, el emprendimiento privado “no cumplía con la normativa vigente” pero el fallo definitivo “se conoció recién en agosto de este año”.
“Los vecinos estaban muy preocupados por la presencia de la antena, pero sobre todo por los paneles y el perjuicio que pueden tener sobre la salud”, amplió en declaraciones a APF.