De ANALISIS DIGITAL

El piquete como metodología de reclamo surge cuando los desocupados que generó la década del '90 resolvieron cortar calles y rutas para pedir trabajo, viéndose imposibilitados de llevar adelante otro tipo de medidas de fuerza por no poseer empleo. Los piquetes fueron dándose con mayor cotidianidad a medida que se materializaban aún más las consecuencias del neoliberalismo aplicado en las etapas posteriores a la dictadura.

El 2001 significó una explosión del pueblo contra los dirigentes responsables de haber sumergido al país en un proceso de destrucción, pero las consecuencias del modelo profundizado durante la presidencia de Carlos Saúl Menem y el Partido Justicialista, siguieron causando su efecto y miles de argentinos estaban desempleados sin posibilidad de planificar siquiera su presente.

Maxi y Darío, como tantos otros, eran militantes populares que a través del piquete reclamaban por sus derechos más elementales. Con su espíritu solidario, de pares, caminaban las calles junto a tantos otros exigiéndole a los dirigentes políticos que lleven adelante políticas de Estado para apalear la situación de los desocupados.

Eduardo Duhalde, quién ejercía la presidencia sin mandato popular, tenía como secretario General de la presidencia a un dirigente oriundo de Quilmes y que desde 2003 ocupa altos cargos del kirchnerismo: Aníbal Fernández. Fue el actual jefe de Gabinete quien en una conferencia de prensa se encargó de instalar la idea de una disputa entre piqueteros, en el marco de asambleas que Fernández buscó estigmatizar.

El rol encubridor que jugó Aníbal Fernández y específicamente el diario Clarín, fueron puntos claves que buscaron evitar deslindar responsabilidades a los verdaderos autores del crimen: la Policía de la provincia de Buenos Aires. Si bien la Justicia condenó al comisario a cargo del operativo Alfredo Fanciotti y al cabo Alejandro Acosta a cadena perpetua, aún se está a la espera de las condenas contra los responsables políticos de la masacre.

El padre de Darío

En enero de este 2014, Alberto Santillán -padre de Darío- brindó un testimonio al sitio de periodismo militante La Izquierda Diario donde expresó sus pareceres ante el actual accionar político de los funcionarios responsables del asesinato de su hijo: "A Aníbal Fernández le cabe la misma responsabilidad que al resto de los funcionarios de aquel gobierno. Es uno de los tantos personajes sueltos que son culpables de las muertes de Darío y Maxi y siguen enquistados en el poder", lamentó Alberto.

En ese sentido, agregó: "Yo estuve reunido con Néstor Kirchner, que se comprometió a investigar y no lo hizo. Así que en ese sentido este gobierno ha sido cómplice del asesino Duhalde".

La causa de los responsables políticos

De la masacre hay dos tipos de acusaciones distintas. Una de homicidio agravado que derivó en la condena de los oficiales de la bonaerense y otra, la que investiga a los responsables políticos, bajo la acusación de homicidio simple. La causa fue desarchivada durante el 2014 como triunfo de la resistencia de familiares y amigos de las víctimas, pero aún no ha tenido avances y corre riesgos de prescribir por no ser considerado un delito de lesa humanidad.

"La acusación que tuvieron Fanchioti y Acosta (los policías condenados por apretar los gatillos) no es la misma que hay para Ruckauf, Duhalde y compañía. En el caso de los policías es 'homicidio agravado por alevosía', lo que permitió que los condenaran a perpetua. En cambio la carátula contra los políticos es 'homicidio simple'. Y también está el tiempo que corre y puede terminar haciendo que la causa prescriba", explicó Santillán.

En ese sentido, el padre de Darío agregó: "Nosotros estamos tratando de que, primero, cambie la carátula. Y en segundo lugar que quede determinado como un delito de lesa humanidad, porque el mismo Estado que supuestamente te tiene que proteger es el que te mata. Esta causa no tiene que prescribir y por eso seguimos luchando".