Jorge Riani
Esta guardado bajo siete llaves y no son pocos los funcionarios y legisladores que lo han negado. Se trata de un proyecto de retiros voluntarios o de jubilación anticipada. Pese al hermetismo con que se aborda el asunto, algunas fuentes confiables confirmaron a ANALISIS que el Poder Ejecutivo encomendó un trabajo para evaluar el impacto que tendría una ley de tales características. Unos fueron más lejos y dijeron que el proyecto ya está elaborado. La iniciativa tendría por finalidad reordenar el universo laboral luego de las más de 1.300 incorporaciones que la actual gestión realizó en la esfera estatal durante los últimos meses. Una vez acordado el aporte de la Nación para amortiguar el déficit previsional entrerriano, el gobierno trataría de corregir los números de personal provocando una jubilación en masa. No hay precisiones todavía de cantidades, pero en la Caja de Jubilaciones no ven con simpatía la medida.
Como un género que no alcanza para cubrirlo todo, el Estado suele recurrir a recetas correctivas que implican un desajuste por otro lado. Esa podría ser la evaluación del proyecto de jubilación anticipada que se encuentra ideando el oficialismo, para un amplio sector de trabajadores que dependen del Poder Ejecutivo, y que tienen como fin disimular las grandes cantidades de incorporaciones que se produjeron en la esfera estatal en los últimos meses.
Pero la solución traería aparejado una situación que forzaría aún más el sistema previsional entrerriano que ya tiene un déficit de 150 millones de pesos. Ese es otro asunto, dirán los defensores de la iniciativa.
Hasta el momento, el proyecto se encuentra guardado y envuelto en un total hermetismo, y sería motivo de debates recién bien entrado el año legislativo 2007, si es que prospera.
El fantasma del monitoreo
Hace ya un año y un mes el gobierno provincial recibía la más ruidosa manifestación en su contra: estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) marchaban para repudiar la temprana adhesión de la provincia de Entre Ríos al denominado Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Decían los opositores que la provincia perdía autonomía y ya nada se podría resolver sin pedir permiso al gobierno nacional. El pasado martes, el gobernador Jorge Busti anunciaba que se reuniría con el ministro de Educación, Daniel Filmus, para que le revele las pautas que dará la cartera educativa nacional, “con vistas al debate salarial que establecerá el año próximo el gobierno provincial”. De paso, descartó el mandatario que se pida una ayuda financiera a la Nación para afrontar una nueva oferta salarial.
En palabras simples, Busti fue a preguntar a la Casa Rosada o sus adyacencias si puede dar el aumento que tanto reclaman los docentes. Se cumple de este modo el presagio gremial sobre lo que traería el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal: ajuste, tendencia al congelamiento de salarios y monitoreo nacional de los números entrerrianos.
Una fuente bien informada sobre los vaivenes del gobierno provincial y sus consecuencias, le dijo a ANALISIS que “Busti no puede dar el aumento que quieren los docentes aún cuando lo haga con recursos propios, porque eso se entendería como que Entre Ríos no necesita de auxilios financieros y se achicarían los fondos, que en este año casi alcanzan los 2.000 millones de pesos, lo que hace un 10 por ciento más de lo previsto”.
Eso es obra y gracia del Régimen de Responsabilidad Fiscal, al que se opusieron los gremialistas de colectivos estatales, menos -obviamente- la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que no rompe su tradición de pronunciarse en favor de gobiernos, por sobre sus representados.
Pero aún así, con Régimen Responsabilidad Fiscal imperante, el gobierno ha pasado a planta permanente una significativa cantidad de personal. En la paralizante frialdad de los números eso no es más que aumento del universo de trabajadores en la esfera pública. Así se ve desde los organismos nacionales de monitoreo, al margen de las situaciones fundamentadas y entendibles que se dan en algunos casos.
De puertas adentro de la provincia no es tarea fácil dar con el número de incorporaciones exacto que hubo en estos últimos meses. Una fuente ligada al gobierno le dijo a este semanario que hay que hablar de “más de 1.300 empleados que fueron blanqueados o que ingresaron al Estado, solamente en el último tiempo”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
