Silvio Méndez
Tras el revuelo provocado al conocerse el ingreso para el tratamiento parlamentario de un nuevo proyecto de Código de Faltas para Entre Ríos, la iniciativa parece camino a solaparse en un imprevisible letargo. Incluso, los propios correligionarios de bancada del autor del texto, el diputado provincial oriundo de Hasenkamp José María Miser (UCR), tratan de despegarse de su par y menguan todo tipo de comentario sobre el tema.
En los pasillos de la casa gris explicaron que Miser “se mandó solo” e inclusive no pidió a ningún legislador que lo acompañara con la firma en su proyecto, así como tampoco revisó los antecedentes inmediatos sobre la cuestión que datan de 2004, cuando Diputados dio media sanción a una normativa similar. Es probable que por la torpeza de Miser o lo vergonzante de apoyar una ley terrorífica nadie haya salido a defenderlo.
Otros puntos de vista, en cambio, le restan importancia a su “prepotencia de trabajo”, aunque sí aportan que con esta presentación en realidad se puede dimensionar el verdadero pensamiento político del legislador por Paraná Campaña, médico de profesión que estaría ligado por sus actividades como galeno a la misma Policía.
Lo concreto es que el borrador del proyecto pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la cámara baja con fecha de tratamiento incierta. Igualmente, los ecos de la polémica que desató la propuesta de esta normativa quedaron como tufo en el aire. En rigor, uno de los hechos más insólitos es que algunos de quienes salieron a criticar la presentación de Miser centraron sus argumentos sobre la base de que la regla con media sanción de 2004 era ampliamente superadora de la antigua Ley de Contravenciones de la Policía Nº 3.815 que se pretende reemplazar y, por su puesto, a años luz de la retrógrada ingresada por el legislador radical y actual vicepresidente segundo del cuerpo.
En este sentido, cabe recordar que el anterior proyecto, que se ha indicado contó con amplio consenso en los bloques, si bien fijaba competencia para valorar las pruebas sobre las acciones penadas bajo la órbita de los jueces de Paz, de hecho otorgaba el poder de intervenir de oficio a las fuerzas de seguridad para imputar y detener a los acusados.
Entre distintas faltas, aquella idea se pensaba sancionará la “intranquilidad pública”, el “riesgo por espantar animales” y el “hipnotismo peligroso”. De todos modos, se reconoce que la nueva reglamentación que se pretende avanza aún más como engendro, ya que restablece castigos despenalizados como la prostitución y fija sanción a: “travestismo”, “perturbación de reuniones”, “inasistencia injustificada” a espectáculos públicos, “desorden en las filas”, “explotación de la credulidad pública”, “ofensa al pudor”, “arrojamiento de cosas que produzcan molestias”, “colocación peligrosa de cosas”, “indicaciones falsas” y “tenencias injustificadas de llaves o ganzúas”, entre otras perlitas.
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