Ninguno de ellos supera los 45 años y prácticamente se criaron en democracia. No tienen vicios partidarios ni relaciones con el poder político, como ha venido sucediendo con un alto porcentaje de los magistrados entrerrianos que ascendieron en los últimos años. Son los cuatro postulantes para jueces de Instrucción de Paraná, que ganaron los concursos y, si el Senado no se opone, antes de fin de año tendrán que quedar definitivamente en sus cargos. Mientras tanto, varios de los rivales, que ocupan cargos de jueces o fiscales provisorios, obtuvieron bajos puntajes y seguirán en esos lugares, cuando deberían ser automáticamente removidos por autoridades del Superior Tribunal de Justicia. Casos parecidos se producirán en otros lugares de la provincia. Son parte de la “nueva justicia”.
D. E.
La injerencia política de las décadas de 1980 y 1990 fue determinante para varias cuestiones en la historia judicial de Entre Ríos. Aquí hubo fiscales y jueces siempre predispuestos al llamado desde los despachos de la Casa Gris, para no avanzar sobre tal o cual tema urticante, máxime si involucraba a algún hombre relacionado con la clase política. Muchos de ellos nunca ascendieron y hasta se jubilaron en el cargo para el que habían sido “premiados”, precisamente porque una posibilidad de ascenso siempre tuvo resistencia dentro y fuera del Poder Judicial. No obstante, los casos más urticantes siempre se produjeron en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ya sea en los gobiernos de Sergio Montiel, de Mario Moine o de Jorge Busti, en particular en sus dos primeras administraciones.
En Paraná, de ocho juzgados, únicamente cuatro están ocupados por sus titulares: Ricardo Bonazzola, Héctor Vilarrodona (quien está como camarista provisorio), Ricardo González y Jorge Barbagelata. No obstante, éste último se jubilará el próximo mes. De todos ellos, Vilarrodona es el más antiguo y respetado, aunque nunca tuvo el reconocimiento de sus superiores, para proponerlo en un ascenso. “Sucede que el Chiqui tuvo causas complejas, que afectaron varios intereses políticos y eso no se lo perdonaron en el poder”, comentó una fuente. De hecho, fue el juez que, entre otros temas, llevó adelante la instrucción por el crimen del escribano Rubén Calero (ex funcionario de tercera línea del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, vinculado a otros personajes nefastos, que habían encontrado el negocio en el lavado de dinero con fondos del Estado), como así también quien procesó al ex cajero bustista, Oscar Horacio Mori, por el desfalco cometido en el manejo de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en 1997, junto a la ex concejal de Paraná Liliana Morard (PJ). Barbagelata tuvo otro perfil, quizás más cercano al del jubilado Héctor Toloy, en cuanto a ser complacientes con el poder de turno, mirar para otro lado en causas complejas o archivar aquellas en las que había graves hechos de corrupción, sin necesidad de dar explicación alguna.
De esos cuatro lugares que quedan, dos de ellos están siendo liderados por personas que lograron el puntaje suficiente en el concurso para ser juez de Instrucción de la capital entrerriana y seguramente tendrán continuidad, si el Senado no formula objeción alguna. Se trata de Alejandro Grippo y Elisa Zilli. El primero es abogado penalista desde siempre; cumplió funciones en la Asesoría Legal de la Policía de Entre Ríos y en Fiscalía de Estado, en la última gestión montielista. De hecho, su rol fue clave para avanzar contra viento y marea en la causa contra el ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, cuyos millones de dólares a nombre de sus familiares directos en el Uruguay fueran revelados por ANALISIS, tras lo cual se inició el expediente que terminó con su condena por enriquecimiento ilícito. Zilli, en tanto, ganó el concurso de agente fiscal, pero desde principios de 2007 está como jueza provisoria. A ellos se sumarán Marina Barbagelata y Elvio Garzón.
La primera fue una de las abogadas que trabajó codo a codo con ex detenidos políticos de la última dictadura, para reorganizar las causas por violaciones a los derechos humanos en la provincia, en su rol de asesora del Registro Único de la Verdad y se formó en el estudio liderado por el penalista Julio Federik, a poco de recibirse. Garzón es también agente fiscal provisorio actualmente. Cada uno de ellos cuenta con antecedentes suficientes:
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