Por Juan Cruz Butvilofsky
Especial para ANALISIS
Lo que parecía ser claro se enrareció por la intervención del Poder Ejecutivo. La exdiputada María Emma Bargagna, en una de sus últimas intervenciones como legisladora provincial, reflotó un proyecto que proponía la prohibición del fracking en Entre Ríos. La iniciativa, luego de la decisión de una treintena de municipios que se expidieron en el mismo sentido, recobró importancia y consiguió el dictamen favorable de la Comisión de Tierras que preside Gabriela Lena.
La Cámara de Diputados se preparaba para prohibir el fracking en la provincia con la presencia de los ambientalistas en las gradas de la sede legislativa ubicada en la Casa de Gobierno. Sin embargo, un proyecto del Partido Justicialista –que cuenta con mayoría- ingresó por la ventana y frenó toda la discusión. La iniciativa dilatoria del Frente para la Victoria era contradictoria: por un lado realizaba duras críticas a la práctica no convencional en los fundamentos, pero a la hora del articulado resolutivo dejaba la puerta abierta a un informe científico privado que comprobara que el fracking no contamina. El proyecto era más bien una moratoria más que una prohibición. Esto alertó a los ambientalistas presentes, quienes se hicieron sentir y todo volvió a la Comisión de Tierras.
Para los asambleístas, los dos proyectos son incompletos: el de Bargagna por extemporáneo y el del Poder Ejecutivo por contradictorio y complaciente con la industria. Para los integrantes de la Asamblea Ciudadana, éste es un momento clave para sentar un precedente que vaya más a la vanguardia de la problemática: liberar a la provincia de cualquier tipo de exploración y/o explotación, sea convencional o no convencional (fracking). ¿El motivo? La protección de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta: el Acuífero Guaraní.
(Más información en la edición gráfica número 1039 de ANALISIS del jueves 12 de mayo de 2016)
