El texto fue remitido hoy al Ministerio de Economía para ser luego puesto a disposición del Gobernador. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien aclaró que el proyecto sólo fue trabajado con “organismos oficiales”, no así con sectores u organizaciones independientes ecologistas o rurales, afines al tema.  Adelantó que en él se propone un “sistema mixto” de medidas; informó que las distancias de aspersión se fijarán por grado de toxicidad de cada producto y adelantó que se impulsará el reempadronamiento de las máquinas aplicadoras

El decreto que viene elaborando desde hace meses la Fiscalía de Estado referido a la regulación de fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales, entra en su fase final.

Este jueves el texto que contiene “más de 1000 fojas” fue remitido al Ministerio de Economía y desde allí será puesto en manos del Gobernador que es quien tendrá la palabra final respecto a esta reglamentación que, como se sabe, intentará ponerle fin a la disputa judicial sobre los fitosanitarios en la provincia reemplazando el fallo que fijó distancias excluyentes para las aspersiones tanto aéreas como terrestres en la provincia cerca de establecimientos escolares, a raíz de una demanda promovida por el Foro Ecologista y Agmer.

Según adelantó el fiscal Rodríguez Signes, se fueron introduciendo cambios en este borrador hasta llegar hoy a un “sistema mixto” de regulación y control. Afuera quedó la fijación de distancias de fumigación basada en tipos de cultivo o tipos de establecimientos en cercanías a los lotes, como se había mencionado semanas atrás.

En el borrador que en las próximas horas evaluará Gustavo Bordet “se dispone un sistema de medidas que pasan por establecer una unidad centinela en cada escuela que velará por que se cumplan los requisitos de aplicación que establece el manual de buenas prácticas y unas guías que puso en vigencia el Ministerio de Salud de la Nación” y además se establece “la obligación de acá a un tiempo de que cada aplicación se haga con un sistema de georeferencia que vaya proporcionando datos online en tiempo real”.

Este último “le ofrece a la autoridad de aplicación una herramienta de control muy eficiente que permite ejercer un control extenso”, señaló el funcionario.

“Habrá distancias de aplicación que estarán debidamente fundadas en pruebas científicas y dependiendo de la toxicidad de cada producto” expresó después evitando explayarse sobre un tema que  - dijo -  genera polémica y debate. “Dependerá de la toxicidad del producto más que del cultivo”, asentó.

Otra medida propuesta en el decreto es la de la registración y reempadronamiento de máquinas aplicadoras de fitosanitarios, acción que será “obligatoria” “porque detectamos que se usan muchas maquinas que no están registradas y hacer esto garantizaría que estén en condiciones”.

Además, se incorporarán como medidas la “capacitación” del personal afectado a estas prácticas, puntualizó Rodríguez Signes sin dejar de señalar que se establecerán “convenios con el INTA y la universidad para establecer mecanismos de investigación permanente” sobre estos productos.

“Hay una máxima preocupación por el control de las aplicaciones”, enfatizó el Fiscal de Estado en declaraciones a esta Agencia y precisó que su función es la de “suministrarle al Gobernador un proyecto de decreto lo suficientemente fundado” para responder a la demanda judicial respecto al tema.

Ante la pregunta de APF, precisó que para la elaboración de este decreto “no se tomó contacto con ningún sector (rural o ecologista) u organización que no sea oficial, provincial, nacional o local”. Por el contrario, “se requirió la intervención de las áreas gubernamentales de Salud, Ambiente, Producción, Agricultura de la Nación, INTA, Conicet y universidades nacionales”, manifestó finalmente.