Rápidamente y tras el anuncio del gobernador en la Asamblea Legislativa, se conformó en la Legislatura entrerriana una comisión para elaborar la postergada Ley de Agroquímicos. La instancia es precedida de un intento fallido y por profundas controversias por las distancias mínimas permitidas para la fumigación alrededor de caseríos y escuelas rurales. Pero además, el borrador de la normativa que ya se comenzó a discutirse, fue redactado entre el Ejecutivo y la Mesa de Enlace rural, dejando fuera a las entidades gremiales y ambientales. Marginadas, las ONG ecologistas pidieron participar formalmente en las discusiones, lo que armó un gran revuelo y chisporroteos entre las autoridades del Senado y las de Diputados. También, impensadamente abrió una grieta en la oposición, según pudo reconstruir ANÁLISIS. Tan es así que la segunda reunión convocada para el martes pasado fue suspendida en medio de reproches cruzados, lo que anticipa un farragoso arribo a un camino de consensos.
Silvio Méndez
El gobernador Gustavo Bordet lo admitió en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 15 de febrero pasado: La Ley de Agroquímicos es una “una deuda pendiente con todos los entrerrianos” y sancionar una nueva normativa que reemplace los decretos fue una meta que impuso en ese mismo momento. Así que ahí mismo convocó “a esta Legislatura para constituir una bicameral para tratar un proyecto de ley sobre la base de este decreto y cuyo espíritu sea el amplio consenso de todos los sectores”. Así, el mandatario dejó expresa la inquietud y el 17 de febrero, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, abordó la cuestión inminente en una agenda de trabajo con la representación de la Mesa de Enlace de entidades rurales de Entre Ríos. Fue en esta oportunidad que los titulares regionales de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Walter Feldkamp; de la Federación de Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), con el recientemente fallecido Daniel Kindebaluc; y el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Ignacio Colombatto, emitieron una declaración donde deslizaron críticas a distintas iniciativas de protección del ambiente, lo que terminó por ser una señal de cómo venía amasándose la propuesta.
A los pocos días, el 24 de febrero, el propio Bordet encabezó una reunión con la vicegobernadora Laura Stratta, el titular de Diputados, Ángel Giano y los presidentes de bloques políticos y comisiones de ambas cámaras, donde presentó formalmente el borrador de la futura ley de Agroquímicos. Bordet instó a las cámaras a trabajar la propuesta de ley delineada con las entidades rurales y planteó que sea con la “inteligencia de poder tener el diálogo y el debate suficiente”, es decir amplio en el campo teórico. El ministro de Producción, Juan José Bahillo, blanqueó un poco la situación de forma realista y contó que el borrador fue trabajado durante 2020 “con 31 instituciones de los sectores productivos, públicos, universidades y entidades del conocimiento”, aunque omitió explicar el porqué entre ellas no estaban las organizaciones ambientales y gremial docente, que justamente han dado dura batalla contra los decretos que habilitan las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales a distancias que se consideran nocivas para la vida y la salud.
Así las cosas, parecía que la Ley de Agroquímicos venía con ligereza e iba a salir rápido. En los pasillos de la Legislatura incluso con alguna confianza desmedida se decía que en mayo podría alcanzarse la “fumata blanca”. Pero las cosas comenzaron a trastabillar. Para el martes 16 de marzo se convocó a la primera “Bicameral Informativa”, donde se invitó a todos los legisladores a que de forma presencial o virtual pudieran escuchar los ejes de la normativa presentados por el Ministerio de la Producción. Ese día la idea era “hacer una bajada de línea”, graficó a ANÁLISIS un asesor por el oficialismo. En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná concurrieron un grupo de diputados y senadores, muchos de los cuales se enteraron al llegar de qué se trataba la convocatoria. Incluso la misma titular de la Cámara Alta, Laura Stratta, no estaba enterada de tal acontecimiento. De hecho encabezaron la reunión el presidente de la Comisión de Comercio, Industria y Producción de Diputados, Néstor Loggio (FG-Creer); el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet; y el director de Agricultura, Carlos Toledo, ya que se acordó que la iniciativa del Ejecutivo ingresará por la Cámara de Diputados. Y en esta misma presentación es cuando asomaron los primeros interrogantes. Porque más allá de sus pretensiones, en la Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos, lo que importan son las distancias a partir de las cuales se prohíben este tipo de prácticas.
(Más información en la edición gráfica número 1119 de la revista ANALISIS del jueves 8 de abril de 2021)
