El fiscal Claudio Navas Rial cree que hay pruebas para investigar al expresidente y sus funcionarios.
El fiscal Claudio Navas Rial impulsó hoy la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).
También, al exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde. El fiscal incluyó además en su requerimiento al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García. Así lo informó a La Nación una fuente que interviene en el caso.
El escrito que presentó hoy Navas Rial es un requerimiento de instrucción, en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia. El fiscal no incluyó, en cambio, otras medidas que había solicitado el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un entrecruzamiento.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
La presentación de Navas Rial será analizada ahora por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que la tiene a su cargo. En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado.
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protesta contra el gobierno de facto.
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