El diputado nacional Pedro Galimberti (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) confirmó que presentará ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de suspensión y posterior remoción del juez Federal N°2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, por mal desempeño en sus funciones. Tambien analizó las implicancias del jury de enjuiciamiento contra la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Galimberti dijo haber sido “el primer dirigente que cuando se avanzó en el proceso de destitución de  Goyeneche, manifestó lo que esto implicaba en términos políticos, más allá del caso específico” y consideró que “el fallo de la Corte Suprema trajo un poco de luz respecto de las innumerables irregularidades en las que se avanzó, la manera en que se constituyó el jurado modificando leyes a través de algunas sentencias. Ha sido un proceso al que la Corte ha venido a poner racionalidad”.

Analizó que “Entre Ríos, como ocurre en muchos lugares del país, es una provincia en la cual el Poder Judicial tiene una parte importante en la administración del poder del Estado. En Entre Ríos la justicia venía con una presentación ante la sociedad que no presentaba mayores problemas, pero en el último tiempo eso empezó a cambiar como los inconvenientes sucedidos con (el ex vocal del STJ, Emilio) Castrillón, con (la vocal del STJ, Claudia) Mizawak, en su momento con algún otro integrante del Superior Tribunal de Justicia”.

“Cuenta la historia que después de las elecciones anticipadas de 2007, hubo algunos abogados y políticos que se juntaron durante varios meses en un departamento en Buenos Aires donde elaboraron una serie de estrategias. Hoy hay que comenzar a desandar ese camino y la Justicia va a necesitar algunos cambios en la provincia de Entre Ríos para mejorar, que es lo que deben hacer las instituciones en un proceso de democracia para ir afianzando y consolidando la propia institucionalidad de la República. Desde aquella época nos quedaron algunas cuestiones como la modificación del Código Procesal Penal, cuanto poder se ha concentrado en los fiscales, de qué manera en que actúa el jefe de los fiscales de la provincia”, refirió.

Y agregó que “así como creo que el proceso no es claro contra la fiscal Goyeneche, creo que la causa Contratos de la Legislatura debió ir más a fondo. De todos modos, celebro el fallo de la Corte Suprema de Justicia que viene a traer un respeto a la ley, que evita que quienes tienen el ejercicio del poder no se aparten del cumplimiento de la ley. Esto es muy importante como concepto general”.

En otro orden de cosas, Galimberti confirmó que en la mañana de este viernes presentará “un pedido de remoción del juez federal la suspensión y remoción del juez Daniel Edgardo Alonso del Juzgado Federal N°2 de Paraná, por su fallo a favor del amparo presentado por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) para evitar el nombramiento de dos legisladores en el Consejo de la Magistratura. Y además hay dos causas más que se incorporan: una es el atraso en el despacho que existe en algunas causas que por su naturaleza deberían resolverse de manera expeditiva, y por otro lado para que se investigue lo que en su momento se conoció como fórum shopping, dado que integraba una fuerza nacional de seguridad, Gendarmería, y al quedar como juez hubo un sinnúmero de amparos presentados por gendarmes formoseños en su Juzgado”.   

Labor legislativa

Por otra parte, sobre el tratamiento del proyecto de Boleta Única de papel, el legislador informó que “desde la semana próxima comenzarán las reuniones informativas”.

Al respecto, explicó que “en la última sesión se logró emplazar al presidente de la Cámara para que constituya dos de las comisiones por las cuales debe pasar el proyecto y se pusieron determinadas fechas, así que se acordó un calendario hasta el 31 de mayo, que es el día en que hay que emitir dictamen”.

Definió que la iniciativa “es una modificación a un sistema electoral que tiene sus años, que puede haber cumplido su finalidad y que creemos que será una mejora en la calidad institucional”.

De todos modos, planteó que “hay muchas opiniones al respecto, que se irán zanjando; porque algunos tienen la mirada en si beneficia o no beneficia a determinado partido político cuando en realidad la cuestión va más allá: lo que debemos mejorar es la calidad institucional y desde el punto de vista del derecho político, favorecer al ciudadano. Si estamos ante un sistema que además de ser más económico y más amigable con el ambiente, garantiza la libertad y la calidad de elección, es un sistema que va a ayudar a mejorar”.