Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones fue recusado por la defensa del exgobernador en la causa por presuntas coimas. (Foto: ANÁLISIS).
La defensa del exgobernador Sergio Urribarri trabaja en una nueva recusación. Es en el marco de la causa por presuntas coimas, que tiene como coimputado al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. La defensa del exmandatario recusó la semana pasada al juez de Garantías, Julián Vergara, que estaba a cargo del control de la audiencia de remisión a juicio en la causa.
El fundamento del pedido de apartamiento contra Vergara, según dijo el jueves pasado el abogado Miguel Ángel Cullen, es que el magistrado garantizó el libramiento de medidas cautelares en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Urribarri. “Tienen temor de parcialidad”, puntualizó Cullen en la audiencia frente a Vergara.
El juez rechazó en el momento la recusación en su contra para continuar al frente del trámite pero, de igual modo, decidió elevar los cuestionamientos al Tribunal de Juicios y Apelaciones para que evalúe el planteo del exgobernador y tome una decisión. En esa instancia, el vocal a cargo es Santiago Brugo.
La audiencia de apelación para tratar la recusación de Vergara estaba agendada para este miércoles en los tribunales locales. Sin embargo, según se informó a ANÁLISIS la defensa del exgobernador está trabajando en una nueva recusación, ahora contra Brugo. El motivo es que el vocal de Apelaciones intervino como fiscal en el inicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Luego de evaluar la presentación en su contra, Brugo deberá realizar un informe y aceptar o rechazar el reclamo del exgobernador.
Investigación
La causa que se estaba remitiendo a juicio desde el 13 de marzo en adelante, con instancias para discutir cuestiones preliminares que se dieron desde el 20 de febrero en adelante, investigó presuntas coimas o dádivas. Tiene como principales imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están, además, los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.
Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.
Según la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario. Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.
Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.
Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.
De la audiencia suspendida participan los abogados Cullen, Ignacio Díaz, Franco Azziani Cánepa, Gaspar Reca, Andrés Bacigalupo, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Candelario Pérez, y Juan Antonio Méndez.
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