Trabajadores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) fueron recibidos este lunes por el Consejo Departamental Paraná del PJ “para analizar el horizonte de continuidad de la obra social y la situación ante el proyecto oficialista de disolución que aprobó el Senado”. 

Los trabajadores denunciaron “las presiones que la intervención del organismo ejerce sobre aquellos activistas gremiales que participan de la defensa de la obra social, amenazando con sanciones que ponen en riesgo su estabilidad laboral en caso de persistir en sus conductas, lo cual influyó para desalentar la movilización convocada para resistir el voto a la disolución del Iosper en el Senado”, según se informó en un comunicado de prensa.

“Pese a todos estos aprietes, estamos decididos a sostener la lucha, porque la defensa del Iosper no se trata del interés de sus empleados ni de una fuente de trabajo, sino de la salud de todos los trabajadores públicos y sus familias que está siendo entregada al concepto mercantilista de la salud como negocio bajo el formato de la OSER que propone Frigerio y sus socios amigos de la medicina privada”, manifestaron los delegados de trabajadores de la obra social. 

Para ello, informaron que ya han iniciado una serie de iniciativas y reuniones tendientes a trabar la sanción del proyecto oficialista. Denunciaron a la vez que no se le han renovado los contratos laborales a más de 40 trabajadores y que “la administración de la obra social cayó en un agujero negro desde que asumió la intervención de Frigerio y todos los dispositivos informáticos como la provisión de insumos y demás decisiones fundamentales para el funcionamiento fueron mudados a agencias de CABA sobre las que no se tiene control ni transparencia alguna”.

Por su parte, el presidente del Consejo Departamental del PJ, Jorge Vázquez, reclamó una vez más “que el justicialismo entrerriano en su conjunto asuma el compromiso de ponerse del lado de los beneficiarios del Iosper, que está a punto de transformarse en una caja más para los negocios del gobierno de Frigerio y que se comprometa a los legisladores propios a evitarlo”.

También planteó que va a reclamar la desafiliación de las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) que con su abstención permitieron que el proyecto oficialista sea aprobado en el Senado, del mismo modo que cualquier otro legislador que proceda en el mismo sentido.

Participaron del encuentro también el viceintendente de la capital provincial, David Cáceres; los concejales justicialistas Sergio Elizar, Fernanda Faccelo, Susana Farías y Luisina Minni; la exministra de salud Sonia Velázquez; el ex secretario general de ATE, Edgardo Massarotti; y presidentes de unidades básicas.