El caso de la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y el testimonio de otros dos presos del pabellón de narcos de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú acerca del presunto plan para asesinar a funcionarios por parte de Leonardo Airaldi, precipitó la discusión acerca de una problemática que se arrastra desde hace muchos años en Entre Ríos así como en muchas provincias del país: el alojamiento en establecimientos provinciales de presos por narcotráfico con poder económico suficiente para continuar sus empresas criminales y comprar voluntades, quienes dependen del Poder Judicial de la Nación y deben tener otro tipo de alojamiento a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un relevamiento acerca de cuáles serían los internos alojados en las ocho unidades penales entrerrianas que podrían ser encuadradas en el perfil criminológico denominado de “alto riesgo”. Uno de ellos era, justamente, Airaldi, quien fue trasladado al penal federal de Ezeiza días después de la denuncia mencionada y del allanamiento al pabellón Módulo E donde estaba alojado, donde encontraron celulares y anotaciones. Pero estaba en una lista de otros presos que, desde hace bastante tiempo, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos considera que deben ser trasladados.
Cuando se conoció el supuesto objetivo del productor agropecuario de Diamante de mandar a matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, justo había un cupo disponible en el pabellón de alto riesgo de Ezeiza. O bien la gravedad institucional de la situación planteada ameritó la decisión del traslado sin dilación alguna.
En la provincia se está planeando desde el año pasado abrir un Módulo de presos peligrosos en la cárcel de Gualeguaychú, que es la que cuenta con más espacio para ampliaciones. Pero no es solo una cuestión edilicia, sino de personal penitenciario capacitado y equipos que puedan tener un abordaje específico, sin resentir la atención de las demás unidades penales de la provincia.
Esto viene siendo un reclamo de las autoridades de la Justicia provincial, como los Juzgados de Ejecución de Penas de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y del Ministerio Público Fiscal, hacia la Justicia Federal. Suele haber cortocircuitos a raíz de los pedidos de traslados para visitas familiares a otras provincias o a profesionales de salud particulares, por ejemplo, e incluso hubo advertencias de sanciones si no se cumplían estos oficios. Aunque esto desde hace un tiempo se cortó.
La situación se viene tornando insostenible y la problemática desborda con episodios como el investigado por el Juzgado Federal de Gualeguaychú sobre el presunto plan criminal, hasta el homicidio de un interno ocurrido recientemente en la Unidad Penal 1 de Paraná por problemáticas de convivencia y conducción de un pabellón.
De un total de alrededor de 3.000 internos, en Entre Ríos hay 334 presos que dependen de la Justicia Federal: 108 están procesados y 226 ya fueron penados.
Este miércoles se iba a realizar una reunión entre autoridades políticas y judiciales para empezar a hablar de esta situación, encontrar soluciones y gestionar ante la Nación el traslado de más presos federales. Pero por una cuestión de agenda de Roncaglia con el gobernador Rogelio Frigerio, se postergó para la semana próxima, según se informó a Cuestión de Fondo. En la Justicia provincial se viene planteando la posibilidad de que esos internos sean trasladados al penal federal más cercano que es el de Coronda, inaugurado en diciembre de 2024.
Uno de los puntos para comenzar a analizar es definir los criterios para incorporar a un interno en el denominado perfil de alto riesgo. Es probable que se tome como modelo la resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la Ley que suscribió la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Allí se menciona que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha formulado el ‘Manual de Gestión de Internos de Alto Riesgo’, concebido para la adecuada gestión e intervención de aquellos internos que representan un riesgo para la seguridad”.
Se trata de características que reúnen los presos federales por narcotráfico. El riesgo no se mide por lo violento o lo sanguinario del delito que cometieron, sino por los recursos que tienen para obtener ciertos privilegios y seguir delinquiendo.
En el anexo, se refiere que el concepto de alto riesgo “hace alusión a la participación de las personas privadas de la libertad en organizaciones criminales, a las posibilidades fácticas que tienen de fugarse, ya sea por sus propios medios o con ayuda de terceros; de ejercer violencia hacia la comunidad o de daño a la misma en caso de fugarse; de dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la sociedad; de intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, y de entorpecer investigaciones judiciales en curso”.
Se trata de personas “para quienes, en términos de protección pública, resulta necesario implementar estrategias institucionales que eviten que continúen participando en las actividades de estructuras delictivas (organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas) desde el contexto penitenciario”.
Entonces, con medidas para separarlos del resto de la población penitenciaria, se busca evitar que:
a) Obtengan privilegios o beneficios indebidos dentro del establecimiento penitenciario.
b) Accedan al control de los espacios que tiene a cargo la administración penitenciaria.
c) Ingresen objetos prohibidos y/o restringidos que les permitan seguir cometiendo delitos.
d) Administren información que les permita vulnerar la seguridad, continuar cometiendo delitos desde la prisión o fugarse.
e) Mantengan un contacto ilegal con el mundo exterior.
f) Mantengan un contacto incorrecto con los visitantes: familiares, defensa técnica y otras personas.
g) Mantengan un contacto fuera de lo reglamentariamente establecido con el personal penitenciario o civil que trabajen o tomen contacto con el establecimiento penitenciario.
Los internos de potencial alto perfil en Entre Ríos
Cuestión de Fondo consultó tanto en el Gobierno como en la Justicia provincial y en la Justicia Federal quiénes podrían ser considerados internos de perfil de alto riesgo. Los nombres que surgieron son todos presos federales.
-Raúl Ferreyra: “El Señor de los Cielos”
Condenado a 12 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Enviaba cargamentos de cientos de kilos de cocaína en avionetas que aterrizaban en campos de los Departamentos Colón, Uruguay y Gualeguaychú, o los “bombardeaban” con los bultos de droga. Le decomisaron vehículos e inmuebles en Salta. Trasladaba la cocaína desde Bolivia, cruzaba la frontera y llegaba a Entre Ríos para luego llevarla a Buenos Aires o Montevideo, para su contrabando final a Europa. Era socio de Delfín Castedo, “el Patrón del Norte”, sentenciado a más de 20 años de prisión. Se encuentra alojado en la UP 3 de Concordia. Viene pidiendo la prisión domiciliaria en Salta por problemas de salud: hipertensión arterial, tabaquismo y obesidad, pero se la rechazaron.
-Carlos Francisco Sutter, Gustavo Albarracín y Víctor Capria
Son los tres condenados por el tráfico de 11.000 pastillas de éxtasis. Los detuvieron en 2022 en el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera. Sutter era quien tenía los contactos y viajaba frecuentemente a Brasil para proveerse de grandes cantidades de pastillas. También tenía colaboradores, como un "pasador" que se encargaba de cruzar el cargamento a través de la frontera hacia Argentina. Albarracín aportaba la logística, como los dos autos en los que realizaron el viaje: en un Audi A4 y el Fiat Argo en el que iba Capria con la droga. Tienen penas de hasta ocho años de prisión. Están alojados en la UP 1.
-Eloi Soares Dos Santos
Es el camionero brasileño condenado por transporte de 2.000 kilos de marihuana. Fue detenido en 2021 en la ruta 12, en Gualeguaychú. Tuvo defensa oficial en el juicio, lo que podría indicar que no tenía recursos para pagar un abogado particular, sin desmerecer el trabajo de los defensores públicos. Pero creen que podría estar vinculado a alguno de las poderosas y temibles organizaciones brasileñas Primer Comando Capital o Comando Vermelho, y que sus tentáculos se expandan en las cárceles de la provincia. Está alojado en la UP 1.
-Jorge Darío Fernández Orué
Lo condenaron el año pasado a siete años y seis meses de prisión por el transporte de 1.857 kilos de marihuana, en el camión del chajariense Gastón Siandra. Era el líder de la maniobra delictiva. Según sostuvo el fiscal José Candioti en el juicio, el hombre oriundo de Paraguay pero que vivía en la provincia de Buenos Aires “no era un simple participante en el transporte de estupefacientes, sino el dueño del negocio. Indicaba qué ruta tomar, supervisaba el traslado y mantenía contacto directo con los destinatarios en Buenos Aires”. Se probó que coordinó el tráfico del cargamento valuado en más de 4.652.000 dólares. Está alojado en la UP 9.
-Rubén Vicente Herrlein
Es de Concepción del Uruguay y lo condenaron primero por organizar la venta de drogas en esta ciudad y en otras de la provincia. En 2020 había sido detenido por liderar la banda que se abastecía de cocaína en Uruguay y distribuía la droga en Concepción, así como en otras localidades cercanas, al tiempo que invertía sus ganancias en propiedades inmuebles y en vehículos, bajo la pantalla de una empresa de remises. Mientras estaba procesado y con prisión preventiva, seguía dirigiendo una banda con algunos otros integrantes y con la misma metodología. Está alojado en la UP 1.
-Hugo Nicolás Giarrizo
Condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en Concepción del Uruguay. Un comerciante muy conocido de esta ciudad, que tuvo carnicerías de la franquicia Friar y negocios en el ambiente nocturno, así como vínculos con fuerzas de seguridad. Se encuentra alojado en la UP 9, donde mantuvo una muy buena relación con Airaldi.
Se trata de internos que buscan pasar completamente desapercibidos, y los consideran “raros” dentro de la comunidad carcelaria. Tienen excelente conducta y se incorporan a actividades laborales. Pero cuentan con recursos para pagarles a otros presos para que les ingresen y escondan los celulares.
Los que ya trasladaron
Algunos personajes considerados “pesados” ya fueron expulsados de las cárceles entrerrianas, por ejemplo:
-Jorge Daniel Santos Montenegro – “La banda de los uruguayos”
Condenado por narcotráfico y lavado de activos en una causa emblemática de la costa del Uruguay. La organización delictiva traficaba cocaína a gran escala e invertía en vehículos e inmuebles como una importante mansión en un barrio privado de Colón y terrenos de varias hectáreas. El año pasado fue extraditado a Uruguay tras pagar 15 millones de pesos.
-Juan Martín Morales
Estuvo preso en la sede de la Policía Federal de Concordia, se fugó tras limar los barrotes de la celda y lo detuvieron más adelante con un cargamento de marihuana en una casa de Concordia, donde hacía más de una década estaba dedicado al negocio de la droga. Lo habían condenado en Misiones por trasladar 286 kilos de marihuana. Recibió otra condena en Entre Ríos y lo enviaron a Ezeiza.
-José Uriburu
Abogado y empresario que operaba en el Puerto de Concepción del Uruguay, luego de denunciar el pago de coimas por parte de funcionarios portuarios en 2023, fue procesado por el Juzgado Federal de esta localidad por el secuestro extorsivo del socio Gastón Tallone ocurrido en Buenos Aires, quien se considera asesinado. Vinculados a Los Monos de Rosario, buscaban sacar cargamentos de cocaína por el puerto. Lo consideraron de alto riesgo y lo enviaron a Ezeiza. Recientemente fue enviado a juicio en Capital Federal.
