Los nueve acusados fueron detenidos tras los allanamientos realizados el 17 de mayo por la Policía Federal Argentina.
Un joven empresario paranaense que en poco tiempo constituyó dos empresas con importantes ganancias, está preso y procesado en una causa federal por contrabando de metales y lavado de activos, en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Se trata de Franco Sebastián Ludi, de 26 años, allegado a un intendente de una localidad del interior de la provincia, dueño de Recicladora del Paraná, la chatarrería ubicada en calle Maya clausurada por la Provincia y la Municipalidad el año pasado. Quedó involucrado en una trama de millonarias ganancias ilícitas por la exportación de cobre hacia Bolivia junto a otras personas, y específicamente le imputan a él haber realizado maniobras para el cobro y las inversiones de esas fortunas.
La causa judicial que instruye el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza Arroyo Salgado, es un desprendimiento de otro expediente a partir de la declaración como imputado colaborador o arrepentido de un hombre que tenía una cueva de cambio de divisas. Dijo que tenía ciertos clientes que llamaba “chatarreros”. Lo pusieron en contacto con Jorge Arce, una persona de nacionalidad boliviana, quien tendría una casa de cambio en Santa Cruz de la Sierra, del Estado Plurinacional de Bolivia.
La casa de cambio recibía los fondos de la operatoria y emitía las órdenes para que se pagase a los chatarreros en la oficina de otra persona acusada de tener una cueva de cambio de dinero de grandes lavadores.
La maniobra comprendería el transporte del material hacia Bolivia, mediante maniobras de contrabando, el cual era comercializado a un sujeto de nacionalidad boliviana que lo exportaba a empresas radicadas en el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos, y una vez recibido el pago, transferiría los fondos correspondientes a la organización de chatarreros, a cuentas bancarias abiertas en diversas entidades financieras radicadas en Hong Kong y China, que habrían sido operadas por orientales imputados en aquella investigación.
Una vez acreditados los fondos en estas cuentas, los chatarreros pasaban a buscar los dólares o pesos a la oficina en la Ciudad de Buenos Aires.
Además de las casas de cambio que se les pedía la liquidez del dinero, contaban con “empresas pesificadoras”, personas jurídicas establecidas y registradas bajo actividades legales, en funcionamiento, con capacidad para declarar cierto monto. Entonces, realizaban facturaciones, cheques, transferencias, liquidaciones de forma legal blanqueando el dinero que se necesitaba, mediante cuentas bancarias registradas.
También tenían cuentas propias de las que hacían un uso cuidadoso a la hora de depositar o transferir dinero, para no generar reportes o fiscalizaciones de los organismos correspondientes.
El Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico (DOCLAyFN) de la Policía Federal Argentina realizó las tareas de investigación, pudo determinar que los sospechosos se encontraban relacionados con empresas abocadas a actividades vinculadas con el comercio de metales y chatarra. Allí aparecen múltiples sociedades y las personas relacionadas, y surge así Franco Ludi, entre los involucrados.
Los otros son: Cristian Daniel Álvarez, Juan Carlos Russillo, Cristian Víctor González, Jorge David Vargas, Leandro Di Nunzio,Claudio Gabriel Umaño, María Rosa Stella y Huaying Chen Zhu.
En las indagatorias, se les atribuyó a todos los acusados “el haber conformado una asociación criminal, al menos desde el año 2021 a la actualidad, destinada a acreditar con habitualidad diversas operaciones económicas y financieras, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de contrabando y evasiones impositivas”.
La mayoría de los acusados declararon y negaron las imputaciones. Franco Ludi presentó un descargo en el que adhirió a muchas consideraciones esbozadas por los demás en torno a la industria metalúrgica, la actividad que realizan y los vínculos, a la vez que brindó aclaraciones con relación a la procedencia del dinero con el que adquirió bienes que ingresaron a su patrimonio.
Relató que en el año 2021 fundó la empresa “Gestiones F&N SAS” y luego, en 2023, “Recicladora Paraná SRL” cuyos objetos sociales comprenden “la comercialización, importación, exportación, compra-venta, distribución, almacenamiento, reciclaje y, en general, el comercio de toda clase de chatarra, así como el transporte nacional de cargas generales por vía terrestre, utilizando medios propios o de terceros”. Sobre este punto, manifestó que ambas sociedades se encuentran debidamente inscriptas ante la ARCA, registrando impuestos activos como IVA, ganancias y aportes a la seguridad social.
A su vez, aclaró que su asociación con Juan Carlos Russillo (socio gerente de INDUCORP SRL) comenzó en enero de este año cuando decidió reestructurar su negocio y continuar desarrollando la actividad bajo la empresa INDUCORP SRL.
Respecto de la procedencia del dinero con la que compró bienes que según la Fiscalía no puede justificar, dice que fueron adquiridos antes de su sociedad con Rusillo, es decir a través de Gestiones F&N y de Recicladora del Paraná.
A ambas empresas, Ludi las constituyó junto a otro empresario paranaense como socio: Luciano Nicolás Rivollier, de 37 años. Ambos tuvieron un inconveniente con la Justicia Federal en la provincia de Corrientes el año pasado: el 3 de abril, Gendarmería detuvo la marcha de un camión propiedad de Gestiones F&N en Paso de los Libres, que provenía de Eldorado (misiones) con destino a Paraná. No se correspondía lo que declaraban los remitos (vidrio) con 68 neumáticos de origen extranjero sin el aval aduanero. Imputaron a los choferes por el presunto contrabando, pero no a los dueños del camión Ford Cargo 1729-37.
En el caso de la empresa de chatarrería, aparecen además otros dos socios: un misionero y un correntino. Recicladora Paraná tenía su depósito de residuos en el Acceso Norte, a metros de avenida Gobernador Maya de Paraná. En septiembre del año pasado fue allanado por la Policía junto a personal de Control Urbano municipal y se clausuró por orden del juez de Faltas N°1 Emilio Siede. Se comprobaron graves irregularidades, básicamente no estaba habilitado el lugar para funcionar como chatarrería, y además se encontraron allí objetos robados. El año pasado hubo un pico de robo de bronce y cobre (particularmente del cableado del alumbrado público) que tenía como destino los lugares de reducción de estos metales.
Moviendo fortunas
En lo que respecta a Ludi de la extensa resolución del procesamiento de Arroyo Salgado, se refiere que “se han encontrado imágenes enviadas entre Ludi y el abonado agendado como ‘Mery’ perteneciente a María Rosa Stella, en el cual se advierten movimientos de grandes sumas de dinero vinculadas a la actividad metalúrgica”:
Además, en el teléfono de Ludi se han encontrado múltiples conversaciones que “dan cuenta del rol que le cabría a Huaying Chen Zhu en la dinámica criminal, consistente en la canalización de los fondos obtenidos de manera ilícita, mediante el establecimiento de una estructura financiera informal”.
Se cita como ejemplo un mensaje reenviado por Huaying Chen Zhu a Ludi, en el cual un interlocutor le refiere en portugués que la cifra de 94.727 es para Franco:
También se incorporaron fragmentos de comunicaciones que dan cuenta de la actividad de intercambio de divisas efectuado por Chen Zhu:
Y además realizaban operaciones mediante el uso de criptoactivos: un sujeto de nombre “Pablo” le envió 117.352,299 USDT a Elisa, para que momentos luego Ludi le refiera que pasaría un cadete a buscar el equivalente en “dólares cash”.
En otra conversación entre Ludi y Elisa, el joven paranaense le pregunta “ya compraste?” y ella responde enviando una captura de pantalla de una conversación grupal en WhatsApp en la cual ella envió al menos cuatro audios, a lo que le contestaron “cerrado 100k al +0,15” y “pásame wallet”, en la cual ella responde enviándole una billetera.
Finalmente, la jueza cita la conclusión del fiscal: “a raíz del análisis del material probatorio colectado se logró concluir que Vargas era quien proveía los USDT y que Ludi entregaba dinero en efectivo, lo que revela un esquema de financiamiento: Vargas canalizaba fondos del contrabando a través de Franco Ludi, quien los convertía o distribuía en la plaza argentina con Huaying Chen Zhu”.
Ludi fue allanado en la lujosa propiedad donde vivía en el barrio privado San Lucas, de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, donde ninguna vivienda cuesta menos de 250.000 dólares. Su novia es una chica que es hija del intendente de una localidad del interior de Entre Ríos, y en sus redes sociales no ocultan la vida de viajes por todo el mundo, sean destinos paradisíacos o del otro lado del globo terráqueo.
Hoy, el joven de 26 años, se encuentra detenido en el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA. Lo defienden en esta causa los abogados Juan Bautista Morello y Matías Alejandro Latino.
Situación fiscal y financiera sospechosa
Según se desprende del expediente, Ludi es monotributista categoría B, lo que le permite facturar actualmente hasta $13.175.201 en forma anual.
Sin embargo, sus acreditaciones bancarias anuales superaron ampliamente este límite en períodos investigados. Por ejemplo, en 2024 sus acreditaciones bancarias ascendieron a $30.945.861,94. En noviembre de 2024, compró títulos públicos por un valor de $19.908.244 pesos argentinos.
Cuenta con bienes registrables y adquisiciones, imputadas como lavado de activos: es titular o co-titular, o sus empresas vinculadas adquirieron los siguientes bienes: una moto Kawasaki, una camioneta RAM 1500 5.7 V8 Laramie 4x4, adquirida el 27 de mayo de 2025 por $30.000.000, un camión Iveco 120E15 (50% a su nombre).
A través de su firma Gestiones F&N S.A.S. compró: un semirremolque por $42.525.429, un acoplado Randon por $5.200.000, un camión Scania y un Mercedes Benz Axor 2035.
La Unidad Contable Forense concluyó que Ludi “no justifica la adquisición y el mantenimiento de estos bienes y los títulos públicos, “ya que sus ingresos declarados como monotributista fueron ampliamente superados por sus acreditaciones bancarias”.
Por ello, además del procesamiento la jueza Arroyo Salgado le trabó embargo 5 mil millones de pesos.
