La Cámara de Casación Penal de Paraná resolvió declarar mal concedidos los recursos presentados por los abogados defensores de los imputados en la causa de los contratos truchos legislativos, por lo cual el expediente regresa al Juzgado de Garantías para continuarse la audiencia de remisión a juicio del caso del mayor desfalco a la administración pública que se haya registrado en la provincia.
Los recursos de Casación, que habían sido concedidos previamente por la vocal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, se dirigían contra una resolución de esta misma jueza donde los defensores de los numerosos imputados buscaban la revisión de decisiones tomadas por la jueza Marina Bargabelatta: pidieron “exclusiones probatorias, nulidad del requerimiento de remisión a juicio, nulidad de acusación, pedidos de subsanación de defectos de la acusación; amén de pedidos de sobreseimiento instados en consecuencia”, dice la resolución a la que accedió ANÁLISIS.
Las defensas sostenían que estos rechazos lesionaban o restringían derechos fundamentales, por vicios que configuraban "vulneración de garantías constitucionales y convencionales de los imputados, tales como la defensa en juicio y debido proceso".
La Cámara de Casación, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, concluyó que no se verificaba la existencia de un gravamen irreparable que justificara la revisión de estos planteos por esta instancia judicial.
El Tribunal consideró que las cuestiones planteadas son "incidencias propias de la etapa intermedia", cuya finalidad es el control del mérito de la acusación y depurar los elementos de convicción antes del juicio. Se sostuvo que cualquier perjuicio alegado aún puede ser reparado en la instancia del debate.
Además, los camaristas destacaron que el sistema recursivo permite el cumplimiento del doble conforme, una garantía que busca disminuir las posibilidades de error, señalando que la decisión ya había sido confirmada en dos momentos previos: la jueza de Garantías y la vocal de Apelación. El Tribunal recordó que los procesos acusatorios modernos exigen que la discusión sobre la admisibilidad de la prueba se plantee a más tardar en la audiencia de remisión a juicio, con el objetivo de lograr "la preparación de un juicio limpio y ágil".
Finalmente, la Cámara resolvió que "no advirtiéndose la existencia de elementos con tal entidad que ameriten el adelantamiento de la jurisdicción casatoria a una resolución no definitiva", corresponde "declarar mal concedidos los recursos de casación".
Ahora, luego de numerosas dilaciones por recursos presentados por los abogados defensores en esta instancia de remisión a juicio, que comenzó en abril y se auguraba su conclusión en septiembre, retornará al Juzgado de Garantías para continuar con las audiencias y resolver si el caso llegará finalmente a juicio oral.
Detalles de la investigación y una instancia truncada
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
