La ONU tendrá que trabajar e intentar cumplir su mandato en 2026 con un presupuesto básico un 15% menor al que había proyectado para este año y que tampoco conseguirá financiar en su totalidad, todo lo cual le obligará a una reducción de al menos el 18% de su plantilla activa y de ciertas actividades en el terreno.
Esta situación es producto de una acumulación de déficits por el impago de las cotizaciones obligatorias de los Estados miembros, de las cuales una buena parte corresponden a las que debe Estados Unidos, que ha llegado a la financiación de alrededor del 20% del total de los fondos requeridos.
Desde la llegada del presidente Donald Trump, el pasado enero, las malas noticias que llegan a la ONU desde Washington no cesan y revelan la voluntad de su gobierno de desvincularse todo lo que sea posible de esta organización, de la que el mandatario ha dicho recientemente que tiene “un gran potencial”.
“Terminamos 2024 con 760 millones de dólares en atrasos, de los cuales 709 millones siguen pendientes de pago desde ese año. Tampoco hemos recibido 877 millones de dólares de las cuotas correspondientes a 2025, por lo que los atrasos ascienden ahora a 1.586 millones de dólares”, informó el secretario general de la ONU, António Guterres, al Comité de Presupuestos de la Asamblea General.
El presupuesto en cuestión corresponde únicamente a la Secretaría de la organización, del cual se financian actividades centrales en los ámbitos humanitario, de asuntos sociales, desarme o las denominadas “misiones políticas especiales”, como la que cumplen las oficinas de asesoría directa al secretario general (por ejemplo, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio) o paneles de expertos creados por encargo del Consejo de Seguridad.
El presupuesto básico no incluye las operaciones de las diversas agencias especializadas de la ONU, como las dedicadas a la protección de los derechos humanos, los refugiados, los migrantes, la salud pública global o las necesidades humanitarias, que se financian mayoritariamente mediante contribuciones voluntarias de los Estados.
Al presentar estas cifras, Guterres reconoció que “el objetivo no es un ajuste temporal, sino la modernización y una reducción de los costes de la Secretaría”, en medio de una liquidez sumamente frágil y que se mantendrá así incluso si la Asamblea General aprueba el presupuesto tal como se ha planteado.
En cuanto a personal, señaló que se trabaja sobre la base de que la plantilla quedará en 11.594 puestos, tras una reducción de 2.681 empleos, equivalentes al 18,8% de lo que estaba aprobado este año.
Estos puestos de trabajo no incluyen los de sus organismos especializados, que ya se han reducido en miles a lo largo de este año.
“El hecho es que ya hemos establecido programas de separación voluntaria que están teniendo bastante éxito y contaremos con un mecanismo que permitirá a aquellos cuyos puestos sean suprimidos tener las condiciones para competir de manera positiva por los puestos que están vacantes”, según explicó el jefe de la ONU.
Asimismo y frente a la preocupación expresada en particular por países en desarrollo, Guterres señaló que la situación se manejará de forma en que no se afecte “el equilibrio de la distribución geográfica”, que implica que todos los Estados miembros de la ONU deben estar adecuadamente representados en su plantilla.
Las reducciones que se proponen reflejan las difíciles decisiones adoptadas en todas las entidades para racionalizar las estructuras, eliminar duplicaciones y dar prioridad a los recursos que producen mayores efectos", explicó.
(con información de EFE)
