Hidrógeno “verde”, riesgos y licencia social
La instalación de una planta para producir el llamado “hidrógeno verde” frente a las costas entrerrianas en la región de Colón amenaza convertirse en un nuevo conflicto binacional. Las autoridades provinciales fueron al Uruguay a pedir la relocalización. El modo en que reaccionen las comunidades y sus representantes mostrará si quedaron aprendizajes del conflicto por las pasteras en Gualeguaychú. ¿Y qué pasa con la licencia social, supuestamente garantizada por tratados firmados tanto por la Argentina como el Uruguay?
Por Américo Schvartzman
Hace dos décadas, la instalación de una planta para producir pasta de celulosa frente a Gualeguaychú se convirtió en un problema que terminó con dos países hermanos enfrentándose en la Corte Internacional de La Haya. El origen fue que de un lado del río descubrieron que la planta traía beneficios solo para la otra orilla y en cambio todos los perjuicios eran para la orilla propia.
Es cierto que no se cumplieron las peores profecías de quienes promovieron lo que, aún hoy, muchos llaman “la gesta de Gualeguaychú”: no se verificó que “Botnia mata” (como todavía se puede leer en el cruce de acceso a la ciudad entrerriana, aunque la empresa ahora es UPM Fray Bentos), no nacieron bebes con malformaciones a causa de la planta, ni el río aparece más contaminado de lo que ya registraban los informes previos, ni las propiedades pasaron a valer la décima parte, ni desapareció el turismo. Pero ¿hubiera pasado todo eso si proliferaban más plantas, como se aspiraba originalmente del otro lado?
No hay modo de saberlo. La historia rumbeó para otro lado y hoy UPM funciona sin que a nadie la interese demasiado. Para algunos, el único saldo positivo del conflicto fue el aumento de la conciencia ambiental en la región. Otros marcan, con amargura, que esa nueva conciencia no impidió que Gualeguaychú votara en masa a un Presidente que abjura de la protección ambiental (y que llegó a proponer privatizar los ríos para que, al ser un negocio, deje de “valer cero” y entonces “se termina la contaminación”).
En estos días la región binacional del río Uruguay vuelve a plantear un desafío. La aprobación oriental para la instalación de una planta de producción de hidrógeno “verde” (o de combustibles sintéticos, según quién describa) ya muestra diferencias entre grupos socioambientales de ambas orillas, así como autoridades de las dos márgenes. La controversia alimenta la pregunta: ¿qué aprendimos del conflicto por Botnia?
La planta de HIF Global
HIF Global (Highly Innovative Fuels Global) es una empresa de capitales mayoritariamente chilenos, con participación estadounidense, alemana y un creciente ingreso de capitales japoneses. Fue fundada en 2016 y su sede legal está en Houston, Texas, aunque opera en Chile, Estados Unidos, Australia y Europa.
Se dedica a producir “e-Fuels” o combustibles sintéticos mediante hidrógeno generado con energías renovables. Según su propia narrativa son combustibles “altamente innovadores” que permitan avanzar en la descarbonización global.
De ahí lo de “verde”: permiten reducir la dependencia actual de combustibles fósiles y son producidos, dicen, con mucho menor impacto ambiental. Por ejemplo, se prevé construir en Paysandú un parque solar y un parque eólico para producir la energía que la planta utilizará.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1167, del día 18 de diciembre de 2025)
