Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fue detenido en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.
La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.
Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos esta mañana. De ese grupo, 9 son mujeres.
En el medio del operativo de la Policía Federal (PFA), los uniformados arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos, durante la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la respuesta policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.
En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a los efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido.
Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.
Desde la organización ambientalista, se señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.
“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.
El proyecto oficialista argumenta que la reforma permitirá atraer inversiones significativas, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.
Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.
Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.
La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.
La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.
Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.
“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.
